La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.

La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.

El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.

El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.

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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.

Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.

La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.

Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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El ministro de Defensa, Óscar González, informó hoy sobre los planes de contingencia que el Gobierno lleva adelante ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, especialmente para departamentos como Alto Paraguay.

“La posibilidad de que llegue El Niño es del 99% y en su peor versión”, alertó este martes en declaraciones a la 1020 AM y advirtió que el fenómeno podría impactar al país en su versión más intensa a finales de agosto.

En el corto plazo hay alta probabilidad de inundaciones pluviales y, para los primeros meses de 2027, se prevén inundaciones fluviales por el aumento del nivel del agua en Brasil.

“Advierten que a partir de los primeros meses del año 2027 podamos tener inundaciones, por causa del aumento del nivel del agua en el Brasil. Y lo que vamos a tener en los próximos meses son inundaciones por culpa de las lluvias”, puntualizó.

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El ministro de Defensa afirmó que todo el trabajo del Gobierno está enfocado en reducir al máximo el impacto del fenómeno en la población. “Todo el esfuerzo que se está haciendo es para mitigar los efectos de El Niño, es decir, que la gente sea afectada lo menos posible, porque la naturaleza no se puede controlar”, indicó González.

Asimismo, pobladores de zonas ribereñas “deben ser informados sobre el crecimiento del nivel del río en setiembre u octubre”, añadió.

Por otra parte, coordinan acciones para brindar asistencia en Alto Paraguay. “Estamos realizando todas las coordinaciones y tareas propias para prever una emergencia como esta”, expresó el ministro.

En ese sentido, el viernes pasado participaron de una reunión en Fuerte Olimpo convocada por el gobernador de Alto Paraguay. “Hablamos en forma práctica y útil, capitalizando las experiencias e inconvenientes que tuvimos en la emergencia pasada”, mencionó.

Al respecto, citó el uso de aeronaves, como aviones o helicópteros, y embarcaciones para socorrer a la gente en esa parte del país. “En términos militares, se tiene que planear partiendo de la peor hipótesis y es lo que estamos haciendo”, aseveró. También se realizará una próxima reunión con productores.

Las Fuerzas Armadas también están preparando espacios para albergar a damnificados. “El ministro de la SEN tiene la cantidad de familias que van a ser afectadas, y con esa estimación las Fuerzas Militares están preparando los locales de las FF. AA. en donde pueden ser albergadas las personas afectadas”, explicó el ministro González.

El ministro de Defensa descartó solicitar una ampliación presupuestaria para atender los efectos de El Niño. “Cada institución debe afrontar sus tareas con el presupuesto asignado”, subrayó.

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A la labor de los Super Tucano, y los radares se agrega el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado.

El comandante de la Fuerza Aérea, general Julio Ful­laondo, resaltó que la fuerte inversión y las decisiones tomadas por el gobierno de Santiago Peña en la defensa del espacio aéreo paraguayo dieron importantes resulta­dos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasna­cional.

Explicó que se trabaja sobre tres ejes, la adquisición de ele­mentos, que son la compra de los aviones Super Tucano y la utilización de los rada­res; nuevas legislaciones y la estrategia denominada “Cielo Guaraní Soberano”; y la firma de acuerdos con paí­ses de la región, como Argen­tina, Brasil y Bolivia. A esto se agrega el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado.

“La implementación de la ley 6.980, la adquisición de medios, la implementación del decreto Cielo Guaraní Soberano y la firma acuerdos bilaterales con los países de la región, mejora considerable­mente nuestra capacidad de control”, indicó el jefe mili­tar, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Fullaondo indicó que el ingreso de aeronaves ilíci­tas en el espacio aéreo para­guayo prácticamente dis­minuyó en un 100 % tras la implementación de las medi­das y los equipamientos de defensa y monitoreo. “Desde noviembre del año pasado que hemos empezado a tra­bajar con los nuevos medios que tenemos. Hemos tenido casos de detección, detec­tamos vuelos irregulares, desde noviembre del año pasado tuvimos varios casos, como es de público conoci­miento”, refirió Fullaondo.