Los abogados Daniel Lobo y Nelson López, defensores del pastor José Insfrán quien días atrás se entregó a la justicia y se decretó su prisión preventiva en la base de Operaciones de la Senad, apelaron la resolución de la jueza del Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Ahora será un tribunal de apelación quien deberá decidir si corresponde que Insfrán siga privado de su libertad o sea beneficiado con el arresto domiciliario o la libertad.
Días atrás la jueza Montanía resolvió decretar la prisión del pastor Insfrán luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia de Sajonia.
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El pastor se entregó el pasado jueves 16 de noviembre ante la Fiscalía, luego de estar prófugo desde febrero de 2022, cuando se desplegó el citado megaoperativo que desarticuló un esquema de lavado de dinero y narcotráfico denominado operativo A Ultranza Py.
Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, fue acusado por la Fiscalía por utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo pasado.
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Imputan a hombre que agredió a su esposa embarazada
Cándido Vázquez Sandoval, el hombre que habría azotado con cinto a su esposa embarazada de 7 meses, fue imputado por la agente fiscal Liliana Denice Duarte, quien solicitó su prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos. El imputado enfrenta cargos por violencia familiar y se encuentra detenido con pedido de prisión preventiva.
El violento hecho ocurrió debido a que la mujer le llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a su marido para pedirle dinero para la cena de sus hijos, a los que mandó a dormir luego de comer un poco de pan. El incidente ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la vivienda de la pareja, ubicada en el km 14 Acaray de Minga Guazú.
Ante la falta de respuesta y la necesidad de alimentar a sus hijos, la mujer les dio pan y los acostó a dormir. Siguió intentando comunicarse con su esposo hasta pasada la medianoche, pero finalmente se quedó dormida. Ya en los primeras horas del 9 de febrero, Vázquez Sandoval llegó a la casa en estado de ebriedad.
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La mujer, para evitar que despertara a los niños, le abrió la puerta y esperó a que se duchara y se acostara. Sin embargo, al ingresar a la casa, el hombre la increpó por haberlo llamado varias veces y luego la agredió físicamente con un cinto, propinándole golpes en varias partes del cuerpo.
Tras la agresión, el hombre se acostó a dormir. Por la mañana, la mujer, temiendo por su seguridad y la de sus hijos, se refugió en la casa de su padre, ubicada en el km 13,5 Acaray. Posteriormente, se dirigió al Hospital Distrital de Minga Guazú y finalmente radicó la denuncia en la sede policial.
Luego de la intervención de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, un médico forense del Ministerio Público examinó a la víctima y constató que presentaba signos de violencia física, incluyendo hematomas y escoriaciones en el abdomen, brazos y piernas, compatibles con haber sido azotada con un cinturón u objeto similar.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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Ratifican prisión de imputado por coacción sexual que estuvo prófugo durante 16 años
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, confirmó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado por coacción sexual, cuya víctima es una mujer de 86 años de edad. El hombre estuvo prófugo durante 16 años para luego ser detenido y sometido a la Justicia.
La defensa del procesado solicitó la modificación de la prisión preventiva argumentando que el imputado cuenta con arraigo social y laboral, así como se había ofrecido una fianza, pero dicho ofrecimiento fue rechazado por la jueza Carvallo.
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La magistrada mencionó en su resolución que el delito investigado es grave y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el juzgado subrayó el prolongado periodo en el que Cabrera Ávalos permaneció prófugo y el riesgo latente de fuga, especialmente ante la inminencia de la audiencia preliminar programada para el 4 de marzo de este año, en la que se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
Una vez que se desarrolle la audiencia preliminar se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público. Luego se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado.