El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas al exfiscal Hugo Volpe, imputado por cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, por recibir de coima supuestamente una lujosa lapicera del presunto narcotraficante Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
El magistrado dispuso una caución real con el depósito de G. 10 millones en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la caución personal por el mismo monto de su esposa. Asimismo, el abogado Edison Sánchez, imputado por presunto soborno agravado, tiene medidas alternativas. El mismo ofreció una fianza de G. 100 millones. Mientras que la coprocesada María Cabral cumple una pena en Brasil y no se hizo la audiencia.
Por otra parte, el juez Otazú admitió la imputación y procesó por supuesto soborno agravado al exfiscal Armando Cantero. También fijó para el 15 de noviembre 10:30 la audiencia de imposición de medidas.
Imputación
De acuerdo a la imputación, el 29 de junio de 2019, el abogado Edison Francisco Sánchez Benítez intercambió mensajes a través de la aplicación Whatsapp con su colega y amiga María Alciris Cabral Jara, domiciliada en Brasil, y en esa oportunidad el citado profesional, quien residía en la ciudad de Pedro Juan Caballero, le ofreció sus servicios para verificar la situación procesal de su pareja Sergio de Arruda Quintiliano Neto.
Está investigado por hechos relacionados al crimen organizado ante la Unidad Especializada N° 1 Contra el Crimen Organizado y N° 7 Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico de Asunción, a cargo del exfiscal fiscal Hugo Carlos Volpe.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Exdirector de la Policía Municipal de Tránsito Juan Villalba volvió a prisión
El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.
“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.
En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.
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Acusación
Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.
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¿Por qué no todos acceden a un crédito para la vivienda?
Alba Delvalle (alba.delvalle@nacionmedia.com)
El acceso a la vivienda es una problemática que afecta a cientos de paraguayos, más allá de la serie de alternativas existentes tanto en programas estatales, desarrollos privados y financiamientos, por más flexibles que sean.
Según el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Raúl Constantino, las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.
“Una de las problemáticas más enfrentadas por las desarrolladoras es la informalidad de la economía de las familias. Si bien muchos de los programas para la vivienda se diseñan con importantes beneficios como la facilidad para el acceso a financiamiento y tasa de interés, el problema es que los interesados no cumplen con las exigencias financieras”, expresó a La Nación/Nación Media.
Requisitos burocráticos
Consultado si los requisitos financieros son muy extensos o burocráticos, lo cual también es un hecho, Constantino destacó que con la creación del programa Che Róga Porã se sortea eso y habilita incluso a personas o familias con ingresos de un salario mínimo. Pero, los postulantes no están cumpliendo porque en su mayoría no tienen capacidad de pago.
Explicó que esto se da porque las personas están sobreendeudadas o, en su mayoría, forman parte del sector informal, como jornaleros, comerciantes esporádicos o realizadores de oficios. “Uno de los motivos por lo que las personas no están accediendo a los créditos es el ingreso, o por que los productos actuales con los plazos vigentes no calzan para muchos”, agregó.
A lo que sumó que las personas tampoco quieren vivir muy lejos de Asunción, por un problema de transporte y prefieren estar cerca del trabajo, ya que en caso contrario pierden unas 5 horas del día en el tránsito. La otra realidad puesta sobre la mesa es el alto nivel de endeudamiento de los ciudadanos, por lo que no cumplen los parámetros de requisitos de liquidez, explicado además por el costo de vida elevado y una sobreoferta del consumo.
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Che Róga Porã, ¿es una solución?
Para el titular de la Capadei, el programa Che Róga Porã es una alternativa válida, una política de acción social muy grande, que incluso apunta aumentar el techo a G. 500 millones de financiación. Aunque es fundamental que se trabaje en la formalización de la economía para hacer posible que las personas cumplan con los requisitos de acceso al crédito, sostuvo. Unas 6 firmas del gremio están con proyectos activos en el programa.
“Creemos que Che Róga Porã es un proyecto habitacional clave del Gobierno, porque tiene un componente social muy importante. Es una política muy buena, sabemos que hay algunos inconvenientes respecto a algunos ciudadanos que no cumplen con los requisitos, pero esto no solo se da en este sector, sino también para las viviendas más caras porque tenemos problemas de formalización de la economía”, subrayó.
Constantino explicó que si bien gran parte de la ciudadanía trabaja de alguna forma, muchos no tienen cómo demostrarlo, con lo que el programa Che Róga Porã, al ser más que accesible, demostró que la formalización de la economía paraguaya es fundamental. En este punto, remarcó que debe haber mayor conciencia ciudadana, para lo cual también es preciso la educación financiera.
Déficit habitacional
En cuanto al déficit habitacional, Constantino indicó que siempre se habla de un valor histórico de un millón de viviendas, aunque hizo hincapié que en Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo. Respecto al primero, se refiere a las familias que tienen sanitarios fuera de la casa, cocina en el mismo lugar que la sala o el dormitorio, o quienes duermen todos juntos en una habitación. La estimación es de unas 700.000 a 800.000 viviendas carentes de calidad.
En tanto que el déficit de cantidad se calcula unas 200.000 viviendas a nivel país, que multiplicado por un promedio de 4 personas por hogar (estarían viviendo en alquiler), se traduce a 800.000 personas. Este segmento es el que encontró en los últimos años solución habitacional en un alquiler, que es lo que permitió equilibrar la oferta y la demanda.
Créditos hipotecarios al 100 %
Ante todo este escenario de complejidades para acceder a la vivienda, el referente del sector de desarrolladores inmobiliarios planteó que se debe apuntar a una política pública nacional de fomento real, sobre lo cual ya conversaron con las autoridades de la necesidad que se promulguen créditos hipotecarios sobre el 100 %, con alguna figura como Fondo de Garantía de la Vivienda. Esto se viene planteando hace años, pero no avanza.
A la consulta si es posible esbozar la figura de un crédito hipotecario del 100 %, el titular del gremio aseguró que es factible, tal y como es implementado en otros países, además de la existencia de los seguros y las garantías. Al tiempo de ratificar que el producto u oferta existe, pero el quid de la cuestión es el crédito, que no está pudiendo congeniar con las posibilidades de las personas.
Para un crédito hipotecario, la persona debe demostrar entre un 30 a 40 % de su ingreso para el pago de sus deudas, y un 60 % para los demás gastos comunes. “Acá se ve que el nivel de endeudamiento de nuestra gente es muy alto, con un costo de vida caro y un bombardeo del consumo, con lo que su capacidad de ahorro llega a cero”, subrayó.
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Infraestructura vital
Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento, dando cuenta de que las zonas o terrenos despoblados para comenzar construcciones que gocen de estos servicios básicos son muy escasos finalmente. Esto implica que muchas de las desarrolladoras deben hacerlo con grandes inversiones.
En este sentido, el titular de la Capadei destacó las mejoras que se realizaron en la calidad de las viviendas sociales encaradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ya que se evidencian muy buenos productos, aunque la mayor problemática detectada por el gremio es la imposibilidad de los interesados en cumplir los requisitos para acceder a los financiamientos, reiteró.
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Datos clave
- Las principales causas por las que no todas las personas acceden a un crédito para la vivienda es la falta de formalidad de la economía y la capacidad de pago debido al alto nivel de endeudamiento.
- En Paraguay existe un gran déficit cualitativo más que cuantitativo en cuanto a viviendas. En los últimos años, se encontró una solución habitacional en un alquiler, que permitió equilibrar la oferta y la demanda.
- Otro aspecto fundamental por mejorar para lograr mayor desarrollo es la infraestructura urbana necesaria, en la que el país está atrasado en lo vial, en transporte, en saneamiento.
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Autorizan viaje al extranjero de Giuzzio, acusado por tener vínculos con supuesto narco
El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Karina Cáceres y Yolanda Morel de Ramírez, esposa del ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, otorgó el permiso desde el 3 al 6 de setiembre al acusado por cohecho pasivo por presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico Arnaldo Giuzzio para que pueda viajar a Miami, EE.UU.
De acuerdo a la información que se maneja, el acusado Giuzzio va a Miami, Florida a realizar entrevistas sobre hechos relacionados al contrabando. Para tal efecto se agregó los tickets aéreos así como el sitio donde se hospedará el procesado. Ante el presente pedido, los fiscales del caso Diego Arzamendia y Verónica Valdez se allanaron al pedido realizado por la defensa de Giuzzio.
Asimismo, el colegiado que tiene a su cargo juzgar a Giuzzio los días 21, 22 y 23 de octubre dispuso la obligación de que el acusado se presenté ante la secretaria el primer día hábil siguiente a su regreso como prueba de cumplimiento de la orden impuesta por el tribunal de sentencia. También se mantuvo la caución real de G. 1.000 millones, valor del inmueble ubicado en San Lorenzo.
Es de mencionar que Arnaldo Giuzzio había sido imputado por la Fiscalía por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.