“Los documentos son contundentes, esto no se trata de una cuestión partidaria“, manifestó este viernes el titular del Congreso Nacional, Basilio ”Bachi" Núñez, al referirse al requerimiento de intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“Si queremos mejorar en la transparencia, no debe importar que sea un colorado o un liberal. Miguel Prieto debe responder a las faltas administrativas por las cuales está denunciado“, comentó a los medios de comunicación.

Prieto, acompañado de su entorno político, acudió este viernes de manera desafiante hasta la sede del Poder Legislativo, para alegar que no renunciará al cargo de intendente y que es víctima de una persecución política orquestada desde el oficialismo colorado mediante la instrumentalización de la Contraloría General de la República (CGR).

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Durante su descargo atacó a Núñez, quien es uno de los parlamentarios que de manera constante se hace eco de las denuncias de corrupción realizadas por los ciudadanos esteños que salpican al líder del movimiento “Yo Creo”. En su discurso, calificó al titular del Congreso de “charlatán”.

“Lo que Miguel Prieto tiene que responder es por qué en la pandemia fue y compró víveres en el kiosco Tía Chela, dónde fue a parar los G. 3 mil millones”, dijo Núñez.

El senador siguió sosteniendo que “Prieto tiene que responder sobre la compra de tapabocas de oro, sobre las transferencias a las organizaciones sin fines de lucro que después no rindieron cuentas".

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, defendió la legitimidad constitucional de su entidad, ante el discurso esgrimido desde la oposición en auxilio del intendente Miguel Prieto que alega que supuestamente se extralimitó en sus funciones al requerir la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.

“Interpretar que la Contraloría no puede pedir la intervención es forzar una interpretación contraria a la Constitución Nacional“, sostuvo Benítez, este viernes, en una entrevista con la 1080 AM, reiterando la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales esteños.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral. Ahora amenazan al controlar con un juicio político, alegando que la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10) derogó la Ley 317/94 que sustenta la potestad de la Contraloría para su solicitud realizada al Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior.

“La Constitución Nacional regula las intervenciones de los municipios y faculta que se haga en tres ocasiones diferentes: la Junta, la desintegración de la Junta y por la Contraloría”, justificó Benítez, en base al artículo 165 de la Carta Magna.

“Está la regulación del artículo constitucional que dice expresamente que sí se puede hacer el pedido. Después de eso salió la Ley Orgánica Municipal, que transcribe el artículo constitucional, y eso ya le habilita a la Contraloría. La legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda”, puntualizó.

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Los opositores también señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

“Cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto puede haber una suerte de colisión entre la Junta y el intendente para que, justamente, nunca se pida (la intervención). Y si es de público conocimiento, y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido?“, comentó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación ante la Fiscalía General contra el fiscal Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes lo investigan por la presunta compra fraudulenta de víveres en pandemia. Ante la acción promovida por el jefe comunal, los agentes del Ministerio Público se verían imposibilitados de participar en la primera audiencia del caso.

“Esto, como viene como aconteciendo desde bastante tiempo, es la presentación de actos dilatorios, siempre frenando la audiencia preliminar o tendiente a eso. Esta vez se recurrió a la recusación contra los tres fiscales y se acortan los plazos en cuanto a la resolución de esta recusación, que no se ajusta a la verdad”, expuso Corbeta.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal señaló que esta acción encabezada por Prieto se da días antes de la audiencia preliminar, fijada para la próxima semana, por lo que probablemente, los tres agentes se verían imposibilitados a participar de la misma.

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“En primer lugar resuelve nuestro superior jerárquico inmediato que es la Fiscalía Adjunta, posteriormente eso se notifica a las partes y esta tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el fiscal general y es él quien resuelve. Lo más seguro que esta situación produzca que los tres fiscales que conocemos a cabalidad la causa, no podamos participar de la audiencia preliminar y somos los que más conocemos los hechos”, lamentó.

El argumento vertido por la defensa de Prieto para recurrir a esta recusación es la supuesta viralización de una declaración que recorrió los medios, acusando a los fiscales de que fueron los responsables de dicha viralización. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración, presumimos que se habrá filtrado a través de terceras personas, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa filtración”, sentenció.

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El Poder Ejecutivo firmó este jueves un decreto que establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes establecidos para el programa Hambre Cero. Este documento brindará mayor seguridad en los negocios, exigiendo la presentación de facturas de manera mensual.

El anuncio fue brindado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien rubricó el decreto n.° 3.899, a partir de una evaluación que se realizó con el presidente Santiago Peña, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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El ministro Rojas explicó que, mediante el decreto presidencial, se establece que las empresas contratadas para proveer alimentos a las escuelas, en el marco del programa Hambre Cero, deberán comprar de la agricultura familiar un 10 % de sus productos. Igualmente, señaló que la normativa establece que se deberá comprar un 5 % de las mipymes sobre el monto total, pero facturando de manera mensual.

“Esto estaba contemplado en los lineamientos del contrato, pero no así dentro de la Ley de Alimentación Escolar Hambre Cero, ni tampoco en el decreto reglamentario. Por eso, se vio necesario oficializar por decreto. Hoy se establece con este decreto la adquisición obligatoria dentro de los porcentajes establecidos", explicó Rojas.

No obstante, el secretario de Estado resaltó que lo principal de este decreto es que se determina que, para el pago por el servicio hecho por las empresas, se debe exigir en el proceso la presentación de las facturas de compras directas de la agricultura familiar campesina y de las mipymes en forma mensual.

“Esto generaba algunas dudas y, en algunos casos, se ha encontrado que no se estaba exigiendo la presentación de las facturas en forma mensual de las compras directas de la agricultura familiar campesina y mipymes. Ahora con este decreto se establece la obligatoriedad de la presentación, para iniciar el proceso de pagos”, acotó.

Asimismo, informó que con el presente decreto se establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de este trámite. Además, se le obliga a las empresas proveedoras a la carga de las facturas de forma mensual al Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), a través de sus respectivos usuarios otorgados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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