La agente fiscal Teresa Sosa imputó por cohecho pasivo a Sonia Torres, funcionaria de la Supervisión de Ñemby del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La imputación se efectuó tras un procedimiento encubierto realizado luego de una denuncia formulada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
En la denuncia, la funcionaria del MEC solicitaba sumas de dinero a fin de obtener cargos para otras personas dentro de la citada institución estatal en calidad de docente. A raíz del hecho, la representante del Ministerio Público encabezó un procedimiento encubierto en el que se pudo grabar y fotografiar a la persona cuando recibió una suma de dinero prometiendo el cargo.
Así también fue ordenada la detención de esta persona imputada. Ahora la funcionaria del MEC tendrá que acudir hasta el Ministerio Público para que pueda prestar declaración indagatoria.
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Luego deberá ser convocada por el juzgado penal de garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la mencionada diligencia judicial se tendrá que definir si se ordena la prisión preventiva de la imputada.
En caso de que se ordene la prisión la funcionaria estará primeramente en la comisaría local para luego ser derivada hasta la cárcel de mujeres del Buen Pastor donde estará privada de su libertad a la resulta del proceso penal.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Imputan al exintendente de Villa Hayes Esteban Ríos y a su hijo por administración en provecho propio
El fiscal Jorge Arce presentó una imputación contra el exintendente de Villa Hayes por la Alianza, Esteban Ríos Ayala, y su hijo, Esteban Ríos Isasi, por el delito de administración en provecho propio.
Ahora, un juez deberá admitir el acta de imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los procesados serán privados de su libertad o beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial y la prestación de una caución personal o real, entre otras que el magistrado considere pertinentes.
De acuerdo al acta de imputación, en fecha 26 de noviembre de 2020, el intendente municipal, Esteban Ríos Ayala, expidió un certificado de ocupación del inmueble a su hijo Esteban David Ríos Isasi en carácter de poseedor del inmueble ubicado en la Manzana n.° XIV, Lote n.° 08 del Barrio San Jorge, Remansito, Villa Hayes, para la regularización del inmueble y para realizar el trámite de arrendamiento. En dicho certificado se menciona además que una vez vencido el plazo de 30 días se deberá reiniciar nuevamente la solicitud del presente certificado con el pago del canon correspondiente. Al respecto, no se cuentan con datos acerca de un nuevo pedido del certificado una vez vencido este.
Asimismo, el escrito fiscal indica que en fecha 25 de octubre de 2021 , un mes después de la firma del contrato de arrendamiento, Esteban David Ríos Isasi promovió ante la Intendencia de la Municipalidad de Villa Hayes el procedimiento administrativo tendiente a obtener la compra a título definitivo de propiedad de la fracción de terreno municipal que supuestamente venía ocupando, individualizada como Manzana XIV, Solar N.º 8, ubicada sobre las calles Taruma casi Jorge Sosa, lugar denominado San Jorge– Remansito, Distrito de Villa Hayes.
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Caso APA: investigación reveló presunto daño patrimonial de G. 1.990 millones
El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación contra directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) tras detectarse un esquema irregular en el desvío de fondos de la entidad para la supuesta adquisición de canastas navideñas. La investigación reveló un presunto daño patrimonial que alcanza los G. 1.990 millones.
“APA supuestamente procedió el año pasado a la contratación de una empresa para la realización de canastas navideñas y la entrega a sus asociados”, explicó este miércoles el fiscal en contacto con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público mencionó que se hallaron “varias inconsistencias administrativas” a través de una auditoría externa, según informe proporcionado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
El supuesto proveedor de las canastas navideñas sería un local comercial denominado Despensa Gabrielito, ubicado en el barrio Costa Sosa de Luque, hasta donde se constituyeron los investigadores.
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“Hablando con la dueña y su marido, manifestaron que ellos no sabían qué es APA, que no se dedican al rubro de canastas navideñas, no realizaron ningún contrato y que ellos no se presentan a licitaciones. Ante esa situación, entendemos que APA mintió”, detalló el agente fiscal.
Sin embargo, posteriormente se presentó en APA una mujer diciendo ser contadora y que representaba a la Despensa Gabrielito. Además, solicita que los pagos se hagan en efectivo y no en cheques.
“Entonces, APA hace el cambio de cheque en efectivo y dejan el dinero en una caja perteneciente a APA ya dentro de la institución, y ahí supuestamente retira esta representante de la Despensa Gabrielito”, apuntó.
APA tampoco está entregando las documentaciones requeridas por la Fiscalía y Dinapi, por lo que no se tiene la copia de los contratos, añadió. “Lo que se está haciendo es la trazabilidad, que se está trancando, porque no sabemos a ciencia cierta si esta señora, la supuesta representante, es la que vino a retirar o qué se hizo del dinero”, refirió.
Se trata de 2.400 canastas que alcanzaron un costo de G. 1.990 millones en la compra de regalos navideños del Programa Jopói 2025 y las compras no están documentadas.
Lo concreto es que dos sumas de dinero se pagaron, una en agosto y otra en octubre, pero cuando Dinapi solicita las documentaciones, APA remite recién en diciembre.
David Herminio Portillo, Humberto Rodas, Juan José María Vidal y Walter Cabrera fueron imputados por presunta lesión de confianza y se exponen a una pena expectativa de diez años de pena privativa de libertad.
“Entre las medidas solicitadas al Juzgado está la prohibición de acercarse a la institución, porque pueden obstruir la investigación. Más adelante realizaremos un allanamiento”, puntualizó el fiscal.
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Fiscalía detecta inconsistencias en testimonios del caso Rivas
La fiscal Patricia Sánchez, quien lleva la acusación contra el exsenador Hernán Rivas, por el hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso, manifestó que halló presuntas inconsistencias durante la declaración de algunos testigos ante el Tribunal de Sentencia.
Ante este hecho, todas las declaraciones brindadas en el marco del juicio oral y público serán sometidas a una valoración de credibilidad, coherencia y lógica. “Cada uno de los testimonios van a ser valorados”, mencionó a la 1080 AM. Añadió que “de la manera en que se produjo se tiene que determinar si fue o no con intención o una cuestión de memoria culposa, sin intención. ”.
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La agente detalló que la valoración de un testimonio se hace con base en las reglas de la sana crítica según el diseño procesal. “Las reglas de la sana crítica incluyen reglas de la experiencia, de la lógica, de la psicología. La lógica, que a su vez tiene cuatro componentes, que son el principio de no contradicción, de identidad, de tercero incluido y de razón suficiente”, puntualizó.
Agregó que: “Se les explica lo que significa prestar testimonio y se le advierte de que el testimonio tiene que ser veraz. No se puede ni agrandar, ni achicar, ni falsear.”, sentenció.