El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la libertad ambulatoria del coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Lidia Ale, imputados por soborno agravado luego de intentar introducir un celular para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.
Otazú sostuvo que los procesados han demostrado tener arraigo dentro del territorio nacional; con relación al peligro de obstrucción, el juez señaló que a la fecha se encuentra atenuado en razón de que el fiscal Francisco Cabrera manifestó haber realizado los actos investigativos que ya fueron concluidos por el Ministerio Público.
Asimismo, el juez impuso como obligaciones al matrimonio residir en el domicilio denunciado en el expediente judicial, no pudiendo cambiar de residencia sin autorización del juzgado. También tienen que presentarse del 1 al 10 de cada mes ante la secretaria del juzgado para la firma del acta judicial, la prohibición de cambiar de número de celular, la obligación de presentarse a todas las citaciones que el juez realice; la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse con el coprocesado de la presente causa. En caso de incumplir una de la reglas serán revocadas las medidas y se ordenará la prisión preventiva de los imputados.
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Imputación
Belotto fue imputado por soborno agravado, ya que intentó sobornar a un personal subalterno que presta servicios en el penal de Viñas Cué para que el mismo introduzca un teléfono para entregárselo al detenido Insfrán.
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, señalado como el líder del clan Insfrán fue extraditado de Brasil y llegó a nuestro país el pasado 19 mayo; está procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor. El operativo A Ultranza Py iniciado en 2021 lo sindica como uno de los capos del narcotráfico. Habría logrado conformar una importante estructura criminal, con soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vías aérea y terrestre.
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Descuidistas roban celular a una mujer en un supermercado
Alertan sobre la presencia de descuidistas en los supermercados. A una mujer le sustrajeron el celular en un momento de distracción cuando se encontraba seleccionando verduras en un conocido centro de abastecimiento en Fernando de la Mora.
Eran dos mujeres cuyo modus operandi quedó registrado en el circuito cerrado del citado centro comercial. La víctima se percató inmediatamente del hecho, avisó a los guardias, pero las ladronas ya habían huido del sitio.
El hecho ocurrió anoche en el supermercado ubicado sobre la ruta PY02 esquina Corrales de la citada ciudad, en la que aprovecharon la ocasión porque la clienta del súper dejó abierta su cartera y estaba concentrada en sus compras en el área de verdulería.
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La Policía Nacional ya tiene en su poder el video y montó un operativo en un intento por dar con las autoras del hurto. Al parecer las descuidistas trabajan coordinadamente, ya que mientras una se arrima a la potencial víctima, la otra se encarga de asestar el golpe con una habilidad tal y sin levantar las mínimas sospechas.
“Fue en un instante en que quise acercarme otra vez al carrito, donde estaba mi mamá. Y una mujer de cabello negro así como se ve en el video todo el tiempo se me ponía en frente. Ella me obstaculizaba, yo quería pasar a la derecha ella me tapaba, tomando algún objeto y yo me ponía a la izquierda otra vez la misma cosa”, relató Ema Ovelar, víctima del robo, a los medios de prensa.
Dijo que cuando al fin simuló que eligió el producto, su cómplice aprovechó para robar el celular del interior de una cartera. “Cuando al fin me dio paso, la de ropa marrón había sido ya se alzó con mi celular de mi cartera que estaba en el carrito”, mencionó.
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Tío Rico y Pavão, ejes de la pesquisa en crimen de Pecci
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
“Todos estos nombres forman parte de la línea investigativa y otros varios, pero la concentración de información y la precisión de información de la que hace mención no tengo idea de dónde salió. La historia es nueva, pero los participantes de la historia son de antigua data”, dijo en una entrevista en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Doldán agregó que “no se tienen elementos objetivos para descartar nada. Ellos también están en la línea de investigación desde el 2022. Nosotros no solo nos concentramos en las cosas que son serias, nos concentramos en cualquier cosa, todo lo que surja aunque nos parezca ridículo es investigado porque no tenemos la capacidad de descartar ninguna hipótesis”.
EXMINISTRO DEL INTERIOR
El exministro del Interior Francisco de Vargas fue consultado sobre el caso del crimen del fiscal Pecci y la publicación colombiana que asegura la existencia de una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Marcelo fue uno de los mejores fiscales que tuvo la República del Paraguay. Estoy convencido que fue eliminado por su trabajo”, sostuvo Francisco de Vargas.
Esto teniendo en cuenta que Pecci fue el agente del Ministerio Público que logró la condena de Pavão en Paraguay por el caso de lavado de dinero y una megaintervención de incautación de drogas, recordó.
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Aguardan avanzar con peritaje del teléfono de Pecci tras conformación de equipo fiscal
Desde el Ministerio Público paraguayo se aguarda la realización del peritaje del teléfono del fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022. El órgano extrapoder, liderado por Emiliano Rolón, considera el dispositivo como una evidencia altamente relevante para dar con el autor o autores intelectuales del crimen.
Al respecto, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán sostuvo que el proceso podría ser concretado tras el aval de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, para conformar un equipo conjunto de investigación con sus pares paraguayos.
“El 7 de junio la Fiscalía de Paraguay recibió la respuesta de parte de la Fiscalía General de Colombia en donde dan el aval para la firma del equipo conjunto de investigación. En principio esto se negociará de manera virtual. A partir de ahora se firmará un instrumento de cooperación técnica en donde fijamos todas las pautas de actuación, entonces ya no existirá la necesidad de librar ninguna carta rogatoria, ninguna asistencia jurídica en el futuro”, explicó.
“A partir de la firma del instrumento de cooperación técnica tendremos nosotros acceso a las actuaciones realizadas en Colombia y los colombianos acceso a las actuaciones hechas en nuestro país. Lógicamente el acceso al teléfono que es lo que nos importa podría darse en el marco de este equipo conjunto de investigación”, acotó el agente fiscal.
La Fiscalía paraguaya había solicitado a Colombia acceder al teléfono de Pecci para la realización del peritaje; sin embargo, el procedimiento aún no fue concretado debido a la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo sea verificado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos. La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas.
Doldán manifestó que la conformación oficial del equipo conjunto de investigación podría ser concretado dentro del plazo de una semana. “Nosotros ya hemos elaborado el instrumento de cooperación técnica en diciembre del año 2023, pero a partir del visto bueno del fiscal general de Colombia y Paraguay, los equipos comenzarán a interactuar para empezar a negociar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, cómo será el reparto de la jurisdicción y la capacidad de juzgar en su momento, cómo vamos a actuar en el intercambio de información. Desde el momento que se firma el equipo estará activo”, detalló a la 730 AM.
Alianza de capos narcos
Por otra parte, Doldán se refirió sobre la publicación de la conocida revista de Colombia Semana, la cual menciona en sus páginas que existió una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Todos estos nombres forman parte de la línea investigativa y otros varios, pero la concentración de información y la precisión de información de la que hace mención no tengo idea de dónde salió. La historia es nueva, pero los participantes de la historia son de antigua data”, dijo en una entrevista en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Doldán agregó que “no se tienen elementos objetivos para descartar nada. Ellos también están en la línea de investigación desde el 2022. Nosotros no solo nos concentramos en las cosas que son serias, nos concentramos en cualquier cosa, todo lo que surja aunque nos parezca ridículo es investigado porque no tenemos la capacidad de descartar ninguna hipótesis”.
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El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
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Las filtraciones
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
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Giuzzio, hombre de Abdo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
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Pieza clave del esquema
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
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Único proceso ¿por coima?
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.