El juzgado de atención permanente ordenó la prisión preventiva en el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional por diez días de los funcionarios judiciales Randolf Daniel Gaona y Raúl Guerrero Ugarte, imputados por acceso indebido a datos mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos y manipulación de graficaciones técnicas.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Los imputados guardarán en la referida dependencia policial la prisión preventiva para luego ser trasladado hasta la penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Los fiscales del caso son Irma Llano, Alba Delvalle, Silvana Otazú, Ruth Benítez y Benjamín Beltrán. Del mismo modo, la máxima instancia judicial iniciará un sumario para poder deslindar la responsabilidad de los funcionarios imputados y detenidos.
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El Ministerio Público realizó varios allanamientos en el tribunal de apelación de Asunción así como en la sede judicial de Caacupé donde se logró la detención de los imputados que serían los cabecillas de la red que falsificaba resoluciones judiciales para levantar embargos y otros.
La denuncia fue presentada por la propia Corte Suprema de Justicia debido a que se había adulterado el certificado de trabajo del funcionario judicial detenido, por lo que a raíz de dicha situación se pudo descubrir un megaesquema de falsificación.
Asimismo, la defensa de los dos imputados puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que resolver si corresponde confirmar la resolución del juez de turno o revoca el mismo y ordena que sean beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
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