El juez José Delmás dará a conocer, este martes a las 11:30, la resolución de si eleva el proceso penal de Arnaldo Giuzzio a un juicio oral y público, luego de realizarse la audiencia preliminar, esta mañana. El exministro del Interior está acusado por cohecho pasivo agravado por su vinculación con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Durante dicha audiencia, el Ministerio Público se ratificó en su acusación y en el pedido de juicio oral contra Giuzzio. Mientras que la defensa del acusado, representada por el abogado Guillermo Duarte, pidió el sobreseimiento definitivo. El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que Giuzzio mantenía con el hoy procesado en Brasil.
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El 16 de agosto pasado, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público. La presente audiencia se venía tratando de desarrollar en varias ocasiones, pero era suspendida por la presentación de chicanas de la defensa de Giuzzio.
Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la etapa de investigación es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido y procesado en Brasil por su presunta vinculación con el narcotráfico; de mantener un relacionamiento directo y cercano con él en su calidad de ministro del Interior para lograr convertirse en proveedor del Estado de chalecos antibala y vehículos blindados.
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Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir
La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.
Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.
“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.
El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.
La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.
Muerte “evitable”
Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.
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El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
“A su suerte”
Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.
Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.
Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.
Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.
El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.
- Fuente: AFP
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Testigo hunde más a Giuzzio y confirma favores de Vinicius
Guillermo Bae Ki, jefe de Taller del Ministerio del Interior, ratificó que una camioneta fue reparada en el taller del narco Marcus Vinicius.
En el marco del juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius– declaró el jefe de Taller del Ministerio del Interior, Guillermo Bae Kim. El funcionario confirmó al Tribunal de Sentencia que uno de los vehículos pertenecientes al Gobierno, que estaba en uso de la cartera estatal, fue trasladado a Ciudad del Este y reparado en el taller Black Eagle SA) del presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Este testimonio, sumado a las declaraciones del exviceministro Pablo Ríos y de otros altos exfuncionarios de la institución robustece la hipótesis del Ministerio Público. La audiencia oral continuará el próximo 2 de octubre a las 11:00.
Por su parte, la fiscala Verónica Valdez señaló que Bae Kim explicó detalladamente el procedimiento administrativo utilizado para solicitar las reparaciones de la flota institucional. Valdez aseguró que “el testigo confirmó que una camioneta Dodge RAM del Ministerio del Interior fue llevada hasta Ciudad del Este para ser reparada en la empresa vinculada a Marcus Vinicius”. Asimismo, adelantó que todos los testimonios y elementos probatorios debatidos en el juicio serán expuestos formalmente durante los alegatos finales de la fiscalía.
OTROS ELEMENTOS
El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. En la audiencia previa del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero Victoriano Benítez también sumó elementos al proceso de la acusación.
Durante su comparecencia, el testigo admitió –tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal– la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú SA (vinculada al grupo Black Eagle SA), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este.
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Nuevos testimonios en juicio complican la situación procesal de Arnaldo Giuzzio
El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se reanudó este martes con la declaración testifical del jefe del departamento de Transporte del ente estatal. Guillermo Bae Kim, jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, mencionó que uno de los vehículos del ministerio fue llevado a Ciudad del Este al taller perteneciente al presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua para su reparación, durante la gestión del exsecretario de Estado.
Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores de Marcus Vinicius cuando se desempeñaba como ministro, entre mediados de 2021 hasta febrero de 2022. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. La agente fiscal Verónica Valdez señaló que se aguarda la declaración de más testigos y la producción de pruebas clave, como el informe derivado de la extracción de datos de los teléfonos celulares de Marcus Vinicius.
En la pasada audiencia del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero de la cartera estatal, Victoriano Benítez, complicó la situación procesal del acusado. Durante su comparecencia, el testigo admitió —tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal— la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú S.A. (vinculada al grupo Black Eagle S.A.), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este. No obstante, Benítez evitó precisar la forma en que se financiaron dichos trabajos, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que los servicios constituían “favores” patrocinados a favor del entonces ministro.
La fiscal Valdez destacó en aquella ocasión que las manifestaciones del testigo confirman que los arreglos mecánicos no se limitaban a los móviles blindados, sino a cualquier vehículo de la institución que requiriera mantenimiento. Asimismo, el exadministrador reveló que hacia el año 2021 la cartera ministerial ya sospechaba de irregularidades en el taller, donde se sobrefacturaban o adulteraban los repuestos figurantes en las planillas.
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Este martes se reanudan los juicios de Arnaldo Giuzzio y de Miguel Prieto
Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.
En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.
También se abordó la gestión de vehículos específicos, como una camioneta Hyundai Santa Fe y una camioneta Dodge RAM (propiedad de Senabico), mencionando un convenio para tareas de inteligencia. El proceso judicial por presunto cohecho pasivo agravado sigue su curso en la etapa testifical y testificación de pruebas documentales, con las declaraciones pendientes de los últimos testigos presentados por la Fiscalía.
Caso Tía Chela
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.
En la última sesión del 21 de setiembre, los abogados defensores presentaron sus teorías del caso, argumentando, entre otras cosas, que la gestión de su defendido se dio en un contexto de emergencia por la pandemia del covid-19 y cuestionaron la objetividad de la fiscalía y plantearon la existencia de una supuesta persecución penal selectiva.
Además, las defensas solicitaron medidas para evitar que la fiscalía introduzca referencias innecesarias a la vida íntima y familiar de los encausados. Igualmente, se dio lectura a diversos documentos, incluyendo actas de allanamiento, contratos (como el contrato n.º 14/20), facturas y documentos de constitución de la firma “Tía Chela”. La sesión se centra en el análisis detallado de la legalidad de los procedimientos y contratos realizados por la Municipalidad de Ciudad del Este.