Se inició la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual en niños, violación, proxenetismo y pornografía infantil por presumiblemente drogar y luego abusar de dos menores de 11 y 16 años. El acusado participó por medios telemáticos de la diligencia judicial que se realizó ante la jueza Penal de Garantía Cynthia Lovera. La audiencia sigue el 4 de diciembre, cuando se conocerá la resolución de la referida magistrada.

El Ministerio Público se ratificó en su acusación y el pedido de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público. La acusación es por los delitos de abuso sexual en niños, abuso sexual en personas indefensas, proxenetismo, coacción sexual y pornografía infantil.

Por su parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del acusado presentó varios incidentes y solicitó que la magistrada de Garantía declare la nulidad parcial de la acusación respecto a los hechos de proxenetismo, pornografía infantil y coacción sexual. También pide que se admita la acusación solo por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.

Te puede interesar: Investigan desaparición de avioneta en Alto Paraguay, Chaco

La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

Igualmente refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

Podes leer: Caso Marcos Antonio: fiscal esperará autopsia para saber si hay heridas de balas

Este miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, quien soporta proceso penal por los delitos de abuso sexual en niños, coacción sexual, proxenetismo, violación y pornografía infantil. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, quien definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.

La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masi enfrente un juicio oral y público.

La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.

Te puede interesar: Itapúa: allanan vivienda de guardiacárcel e incautan droga lista para su distribución

Igualmente refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

El Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos más de prueba.

Podes leer: Detienen a sospechosa de robar una joyería de Luque

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presenta­ron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de informa­ción de Seprelad donde tam­bién está imputado el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez.

Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enri­que Kronawetter, represen­tante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.

La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de ape­lación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tri­bunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agra­vio que la resolución apelada es infundada”.

Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el ape­lante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraor­dinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invo­cado”, indica parte de la reso­lución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.

Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realiza­ción de la audiencia de imposi­ción de medidas cautelares así como resolver las doce chica­nas más que aún faltan definir.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecre­tario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presi­dencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez pre­sentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magis­trada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtracio­nes de la Seprelad.

La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

Te puede interesar: Delincuentes fuertemente armados asaltaron boca de cobranzas en Asunción

Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

Podes leer: Itá: vecinos detienen a un ladrón cuando el mismo salía de una de las casas de la zona