El fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de una causa penal a los efectos de investigar las informaciones recabadas en Colombia, respecto a las declaraciones de Francisco Luis Correa Galeano durante el interrogatorio en el caso del homicidio del fiscal Marcelo Pecci.
Rolón dispuso que el equipo de trabajo esté integrado por los fiscales de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, Cristian Ortiz y Carlos Alejandro Cardozo, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Osmar Legal y Francisco Cabrera. Igualmente coordinará los trabajos la fiscala adjunta Matilde Moreno.
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También se dispuso que el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán coayude los trabajos que se realizarán en el marco del presente caso. En el marco del artículo 9 y 11 del Código Penal y las disposiciones del código de forma, corresponde disponer la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo de fiscales que tendrán a su cargo seguir una línea investigativa en relación a los hechos mencionados.
El Ministerio Público es el encargado de impulsar la investigación y dirigir la acción penal pública. A dichos efectos deberá arbitrar los medios necesarios para realizar una debida y correcta investigación. La determinación de iniciar la presente investigación se generó luego de la reunión entre los fiscales paraguayos con sus pares de Colombia.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Histórico: justicia argentina ordenó detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros
La Cámara Federal porteña dispuso la detención con fines de indagatoria por graves violaciones a los derechos humanos del actual presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. Los citados habrían sido responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
La resolución se dictó contra más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre los que están integrantes de las Fuerza Armadas, de la guardia Nacional Bolivariana y agentes de Inteligencias al servicio del gobierno de Maduro.
Los magistrados que dictaron la orden de detención son Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
De acuerdo a los medios argentinos, los jueces hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron, según su resolución que existe en Venezuela, de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los magistrados actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.
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Copaco reafirmó ante la Fiscalía denuncia contra gestión anterior
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) reforzó una denuncia formal, previamente presentada ante la Fiscalía, relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay S.A. (VOX) y presuntas violaciones a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, en “su compromiso con la transparencia y el resguardo de sus recursos”.
El presidente de Copaco, el economista Óscar Stark, junto con el representante legal de la entidad, el abogado Rodrigo Lezcano, se reunieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el Ministerio Público, el 6 de setiembre, con el objetivo de reforzar la denuncia y explorar acciones adicionales que podrían llevar a una resolución más contundente del caso. Se discutieron estrategias para asegurar que la investigación avance de manera efectiva y se tomen las medidas adecuadas para resolver la situación.
La denuncia, que ya está en curso de investigación, se encuentra en proceso de ampliación conforme se obtienen nuevos detalles de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. “La administración actual de Copaco reafirma su compromiso con la transparencia y continúa colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas legales necesarias”, indicaron desde el ente a través de un comunicado de prensa.
Además, durante la reunión se abordaron las constantes perturbaciones a las instalaciones de telecomunicaciones de Copaco. Estas perturbaciones, que afectan la calidad del servicio ofrecido, están siendo investigadas para identificar a los responsables y garantizar la protección de la infraestructura de telecomunicaciones de la compañía.
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Aceleran creación de equipos de investigación
El Ministerio Público informó que su titular, Emiliano Rolón, mantuvo ayer martes una reunión virtual con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el fin de acelerar los procesos para la conformación de un equipo conjunto de investigación en torno al asesinato de Marcelo Pecci Albertini, perpetrado en mayo de 2022 en la isla Barú, Colombia.
Mediante un comunicado se argumentó que se mantuvo un “constructivo diálogo de cooperación internacional entre ambos Ministerios Públicos en la iniciativa conjunta de potenciar mecanismo de lucha efectiva contra la criminalidad organizada transnacional, con el especial énfasis en las investigaciones bilaterales del crimen del exfiscal Pecci”.
La nota señala además que tanto Rolón y Camargo Garzón, acompañados por sus respectivos equipos técnicos, “destacaron la importancia y la necesidad acuciante de lograr mayores avances en el desarrollo de la fase investigativa vinculada con los instigadores (determinadores o autores intelectuales) del magnicidio del fiscal paraguayo y extendieron el aval conjunto para adelantar los procesos de suscripción del acuerdo internacional constitutivo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI)”.
Refiere, además, que la operatividad del citado equipo conjunto será ajustado por una mesa de trabajo entre los equipos técnicos de ambas entidades, quienes definirán la hoja de ruta y el cronograma del proceso de negociación.
Agrega que el desarrollo de estas actividades será impulsado y coordinado por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía paraguaya, a cargo del agente fiscal Manuel Doldán Breuer, junto con su homóloga de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, Adriana Mercado Cruz.
“Ambos ya están programando la reunión conjunta de los fiscales que formarán parte del ECI por ambos países. Se prevé que el Cuerpo Técnico de Investigación (Policía Judicial colombiana) y el Departamento contra el Crimen Organizado (Policía Nacional paraguaya) integren el ECI”, refiere el documento.