La fiscal Alma Zayas tiene un año más de tiempo para poder investigar al exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Benítez, y otras personas por lesión de confianza. Foto: Archivo
Otorgan sobreseimiento provisional a exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento provisional del exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, y a otros siete imputados por lesión de confianza donde inicialmente se sostuvo que existió un perjuicio patrimonial de G. 6.906.370.169. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La fiscal Alma Zayas solicitó el sobreseimiento provisional debido a que se tiene varias diligencias pendientes de realización por lo que requiere más tiempo para poder cerrar la investigación. En caso de encontrar elementos contra los investigados el Ministerio Público podrá reabrir el caso y presentar la acusación contra los investigados.
El magistrado argumentó la resolución judicial “observamos que el Ministerio Público no ha podido recolectar los elementos probatorios necesarios en la etapa preparatoria para sostener una eventual acusación en la presente causa, por lo que la solicitud de dicho requerimiento responde necesariamente a una situación objetiva de insuficiencia probatoria respecto a las características delictivas del suceso investigado y de la autoría y/o responsabilidad del imputado.”
Antecedentes
Según el acta de imputación formulada por la agente del Ministerio Público Victoria Acuña, el exjefe comunal y los demás procesados tuvieron participación en un perjuicio patrimonial a la municipalidad de esa ciudad, de G 6.906.370.169.
Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón y Francisco Balbino González, quien ocupó de manera interina por 9 días la intendencia, en su calidad de ordenadores de gastos, habrían firmado han firmado órdenes de pago, cheques y contratos sin que exista documento de respaldo, pero de todas formas se realizaron los desembolsos.
Juez hizo lugar al sobreseimiento provisional del senador Hernán Rivas
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El juez penal de Garantía Miguel Palacios hizo lugar al sobreseimiento provisional del senador Hernán Rivas (ANR), quien fue investigado por presuntamente tener título de abogado que sería de contenido falso. El pedido para la desvinculación temporal fue solicitado por la propia Fiscalía, atendiendo a que aún faltan realizar varias diligencias investigativas en el proceso penal.
Con esta resolución judicial, el Ministerio Público tiene un año de plazo para realizar las diligencias que están pendientes y que fueron individualizadas, para luego solicitar la reapertura o no de la causa.
Las diligencias que aún faltan realizar por el Ministerio Público son las declaraciones testimoniales de alumnos y docentes, las cuales serán realizadas una vez depurada la lista remitida por el Ministerio de Educación de aquellos que hayan podido coincidir con el procesado.
También está pendiente un informe del IPS sobre los docentes o empleados administrativos de la Universidad Sudamericana, que puedan tener conocimiento sobre si el parlamentario fue a dicha casa de estudio.
Autorizan viaje al extranjero de Giuzzio, acusado por tener vínculos con supuesto narco
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El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Karina Cáceres y Yolanda Morel de Ramírez, esposa del ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, otorgó el permiso desde el 3 al 6 de setiembre al acusado por cohecho pasivo por presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico Arnaldo Giuzzio para que pueda viajar a Miami, EE.UU.
De acuerdo a la información que se maneja, el acusado Giuzzio va a Miami, Florida a realizar entrevistas sobre hechos relacionados al contrabando. Para tal efecto se agregó los tickets aéreos así como el sitio donde se hospedará el procesado. Ante el presente pedido, los fiscales del caso Diego Arzamendia y Verónica Valdez se allanaron al pedido realizado por la defensa de Giuzzio.
Asimismo, el colegiado que tiene a su cargo juzgar a Giuzzio los días 21, 22 y 23 de octubre dispuso la obligación de que el acusado se presenté ante la secretaria el primer día hábil siguiente a su regreso como prueba de cumplimiento de la orden impuesta por el tribunal de sentencia. También se mantuvo la caución real de G. 1.000 millones, valor del inmueble ubicado en San Lorenzo.
Es de mencionar que Arnaldo Giuzzio había sido imputado por la Fiscalía por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a dos directivos del banco Zeta imputados por lavado de dinero en el marco del operativo Pavo Real 2. Foto: Emilio Bazán
Pavo Real II: juez otorgó medidas a directivos de banco Zeta, imputados por lavado
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El juez Osmar Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II.
Legal impuso a los dos procesados la comparecencia obligatoria a todos los llamados del juzgado, la comparecencia trimestral, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada trimestre ante este Juzgado, prohibición de cambiar el domicilio y número de teléfono, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de comunicación por cualquier medio con los demás imputados.
Asimismo, tienen una caución real de G.17.486.571.100, y en el caso de Matthías Gaona por la suma de G 8.363.142.700. En ambos casos se ha trabado embargo sobre los bienes que fueron ofrecidos como garantía.
En el acta de imputación el Ministerio Público pidió que ambos imputados no puedan acercarse hasta el banco Zeta, aunque esta medida el juez Legal no hizo lugar debido a que dicha entidad bancaria fue allanada el 22 de agosto. Por lo tanto no se puede presumir que con la presencia de Zubizarreta Zaputovich y Matthias Gaona, el primero presidente y por ende parte del directorio; y segundo, integrante del directorio- en la sede del banco no sería posible algún tipo de peligro de obstrucción.
La imputación de las dos personas fue debido a la firma Finexpar, hoy Zeta Banco, cuyo presidente es el empresario Zubizarreta Zaputovich, habría colaborado para blanquear un inmueble presuntamente adquirido con dinero del esquema de lavado de dinero donde está imputado Alexandre Rodrigues Gomes hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes.
La jueza Diana Carvallo otorgó medidas alternativas a la prisión a Gisselle Gil Sanabria, imputada por homicidio culposo por la muerte de un niño de dos años de edad. Foto: Emilio Bazán
Otorgan medidas alternativas a la prisión a dueña de guardería imputada por muerte de niño
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La jueza penal de garantía Diana Carvallo otorgó medidas alternativas a la prisión a Giselle Gill Sanabria, dueña de una guardería, quien está imputada por homicidio culposo por la muerte de un niño de dos años de edad. La citada magistrada dispuso que la imputada tiene prohibido salir del país, debe comparecer se forma trimestral ante el juzgado y se le impuso una fianza de G. 250 millones.
La fiscal Natalia Cacavelos sostuvo que existen suficientes elementos de sospecha acerca del hecho punible de homicidio culposo. En el expediente se advierte que Gill Sanabria sería la titular del establecimiento donde se registró el fallecimiento del menor tras caer a una piscina, siendo la misma la responsable de no haber dado cumplimiento a las medidas de seguridad que se exigen y que no eran cumplidas en el lugar.
De acuerdo a los agentes intervinientes, “según la declaración de los encargados, el niño estaba con sus demás compañeros haciendo pintatas y ellos se percataron de que no estaba cuando iban a lavarle las manitas, aparentemente quedó abierta una puerta de blindex que siempre estaba cerrada, pero en esta ocasión no y logró salir al patio”, donde se encuentra la piscina.
No contaba con habilitación
Tras conocerse el caso, desde Educación Inicial del Ministerio de Educación y Ciencias informaron que la institución no contaba con ninguna solicitud por parte de la guardería ubicada en el barrio Recoleta de Asunción para comenzar los procesos de habilitación del lugar, por lo que el establecimiento estaba operando de manera ilegal.