En la mañana de este lunes, 18 de setiembre, se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por narcotráfico. La diligencia judicial se pospuso por incomparecencia del Ministerio Público.
A las 8:40 se presentó la agente fiscal Lorena Ledesma, quien señaló que luego de las 8:00 fue notificada sobre su confirmación en el caso. La audiencia quedó para el 3 de octubre, a la misma hora, 8:00.
La audiencia preliminar pendiente definirá si Cucho y los demás procesados en la causa que investiga tráfico internacional de estupefacientes y tenencia de estupefacientes enfrentarán un juicio oral y público.
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Además de Cabaña, están procesados el exfiscal Gustavo Yegros, la exesposa de Cabaña Gloria Rosana López, Hugo Martín Ríos, Marcelo Cabaña, Yisela Ramírez, Humberto Rodríguez y Carlos Brítez.
Arresto domiciliario
El pasado 7 de setiembre, el juez de Garantías Miguel Palacios concedió el arresto domiciliario a Cabaña, con una fianza personal por G. 200 millones y una fianza real sobre varios inmuebles por G. 5.700 millones.
La resolución se conoció tras la audiencia de revisión de medidas cautelares. Cabaña estaba recluido en la cárcel de Emboscada.
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Fiscales piden desestimar denuncia de supuesta compra sobrefacturada de pupitres
El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia por la supuesta sobrefacturación en la compra de pupitres chinos realizada por la Itaipú binacional.
Los agentes fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron formalmente el pedido de cierre definitivo de la causa ante el Juzgado interviniente, defendiendo el argumento de que las arcas del Estado no sufrieron pérdidas, y por ende, no se produjo un hecho punible.
En el escrito del pedido de desestimación consta que se realizaron comparaciones con licitaciones similares en el Brasil y el precio pagado por Itaipú en Paraguay es menor a otras licitaciones.
La denuncia había sido impulsada por un grupo de legisladores en marzo de 2025, quienes habían argumentado que los precios de los pupitres oscilaban en fábricas chinas entre 15 y 30 dólares, pero según acusaron la Itaipú supuestamente pagó 96 dólares por unidad.
Sin embargo, la Unidad Anticorrupción concluyó que no existió perjuicio patrimonial en la compra de los mobiliarios chinos. Esto, a resultas de que los peritos consideraron razonables los costos finales tras sumar los gastos de logística y distribución nacional.
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Fiscal general insiste en más presupuesto para el Ministerio Público
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó su reclamo de mayor presupuesto para el Ministerio Público, argumentando que el presupuesto con el que cuenta actualmente no es suficiente para cumplir con el funcionamiento de la institución, más aún en todo el país. En este sentido, afirmó que las limitaciones presupuestarias afectan tanto al funcionamiento como a la estructura de la Fiscalía.
“Es un tema de mi máxima preocupación, hay que distinguir dos aspectos que parece ser que la clase política no va captando, la autonomía y la autarquía del Ministerio Público, que son reconocidas por la propia Constitución Nacional en cumplimiento de determinadas misiones como acción penal pública en todos los niveles desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de sentencia definitiva, objetivos de la pena, readaptación social y defensa de la sociedad, por un lado”, indicó en diálogo con la 1020 AM.
Rolón sostuvo que también cuentan con otras misiones, “no menos importantes como medio ambiente, como derecho de comunidades indígenas, como intereses difusos y representación social, tremendas misiones que se le otorga al Ministerio Público”.
Ante estas misiones constitucionales, la institución está obligada a ubicarse en todos los rincones del país, y eso implica la necesidad de contar con el doble de fiscales, y tecnología, de acuerdo con el fiscal general.
“Llegamos al siglo XXI surge el Ministerio Público con autonomía constitucional y autarquía y le asignan misiones y, sin embargo, el presupuesto debe ser absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo y nos dicen que no se puede aumentar el presupuesto y esto hace desde hace 10 año. Tuvimos que abandonar a comienzos del 2000, 2001, el Poder Judicial y tuvimos que ocupar rincones en todo el país. Necesitamos edificaciones propias porque la estructura del Ministerio Público es bastante diferente”, apuntó.
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Fiscalía investiga explosión de barcaza que dejó varios fallecidos
El agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, investiga la explosión registrada el 4 de julio de 2026, en una barcaza de la empresa LPG Emprendimientos S.A., amarrada en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay, en la localidad de Beterete Cué, departamento de Presidente Hayes.
Tras recibir la comunicación del hecho, el representante del Ministerio Público se constituyó hasta la zona de Bañado Sur, en Asunción, a fin de realizar el levantamiento y la posterior entrega de los cuerpos de Simón Díaz González, de 34 años; Ever Nilson Sosa Rotela, de 26 años; y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años, todos empleados de la empresa.
El médico forense de turno del Ministerio Público, doctor Augusto Schacht, diagnosticó como causa de muerte de los tres trabajadores “traumatismo craneoencefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”. Cumplidas las diligencias de rigor, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.
Posteriormente, el fiscal Rolando Rivas, acompañado por personal de la Comisaría Novena de Beterete Cué, efectivos del Departamento de Criminalística de Presidente Hayes, encabezados por el Lic. Walther Villalba, el médico forense doctor Augusto Schacht, bomberos voluntarios y con el acompañamiento de la Armada Paraguaya, se trasladó hasta el lugar del hecho.
En el sitio se llevó a cabo la inspección ocular, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, diligencias que forman parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo la explosión de la embarcación.
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Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
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