La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.

Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.

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Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.

El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.

Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.

La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.

“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.

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La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.

Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.

La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.

Fuente: AFP.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.

Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.

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Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.

Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.

También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.

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El defensor general, Javier Dejesús Esquivel, participó de la 66 Reunión Anual de la Unión Internacional de Jueces que tiene como sede Ciudad del Cabo-Sudáfrica. El titular del Ministerio de la Defensa Pública fue invitado como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP).

El citado gremio es el único habilitado para este evento mundial y está representado por sus delegados, las magistradas, Avelina Torres y Natalia Molas, y el juez Rubén Darío Benítez.

La Unión Internacional de Jueces es una organización internacional profesional y apolítica. Fue fundada en Salzburgo (Austria) en el año 1953 y sus miembros no son personas individuales, sino asociaciones de magistrados que tienen interés en pertenecer a la misma, siendo competencia de su Consejo Central el adoptar los acuerdos de admisión.

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El objetivo principal de la Unión es la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial, condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos humanos y de las libertades de la persona. La UIM agrupa actualmente a 92 asociaciones o grupos representativos nacionales procedentes de los cinco continentes.

Con la participación de la delegación paraguaya, se busca fortalecer lazos de cooperación internacional y aportar a los debates que moldearán el futuro de la Justicia, especialmente en un contexto global donde la tecnología y la inteligencia artificial están transformando la manera en que se imparte justicia.

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Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputa­dos y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tra­tamiento legislativo.

Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2.° y 7.° de la Ley n.° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (de los requisitos, de las designacio­nes y de los plazos”.

En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designa­ción de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.

Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universi­tario de abogado.