“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.

Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.

“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.

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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.

“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.

Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

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Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.

“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.

“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.

Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.

Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.

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“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.

Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.

“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.

En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.

La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Mañana a las 10:00 proseguirá el juicio oral y público a Rafael Mbururú Esquivel acusado de coacción grave y robo, denuncia formulada por Perla Estela Montalbetti Velázquez. El juicio se inició el 31 de mayo pasado cuando finalmente se presentó el entonces senador electo, a la audiencia, pero ese día, por acciones dilatorias tampoco se desarrolló.

Ya pasaron más de tres meses de juicios desarrollados un día por semana y todavía no finalizará mañana. Es lo que indicó el abogado Eduardo Lezcano a La Nación/Nación Media, al tiempo de mencionar que este viernes se prevé la lectura de la pericia psicológica, que había sido solicitada para la parte querellante y también el resultado de la pericia a Robert Prieto, otro de los acusados en el juicio.

Además, se prevé que ambos acusados brinden declaración, aunque no existe la seguridad absoluta para eso. Lezcano mencionó que su defendido quiere hablar y le asiste el derecho de hacerlo. Alegó que, al ser mañana la jornada de las pruebas finales, quizás se realice también la declaración de los acusados.

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No obstante, los alegatos finales ya quedarían para la segunda semana de setiembre. “Lo que está claro es que, así como estamos, el juicio culminará en este setiembre; mañana se leerán los informes que faltan y quizás hablen los acusados, con lo cual quedarían solamente los alegatos finales para pasar al juzgamiento”, dijo.

El juicio había comenzado con Rafael Mbururú Esquivel siendo senador electo, pero no juró finalmente, por su imposibilidad de hacerlo en la cárcel y, ante eso, el Congreso Nacional le tomó el juramento a Javier Vera, alias ”chaqueñito”. Con eso, aunque recupere su libertad, Mbururú ya no podrá ocupar la banca en el Senado.

Esquivel guarda reclusión por otra causa, donde está procesado por abuso sexual en niños y un segundo expediente en base a la denuncia de la familia Torrás, por el ataque a su propiedad ubicada en Itakyry, por parte de indígenas y de Rafael Esquivel. La causa es por coacción grave, homicidio doloso en grado de tentativa, robo agravado, asociación criminal, toma de rehenes y amenaza de hechos punibles.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Se sigue dilatando la culminación del juicio oral a Rafael “Mbururu” Esquivel por coacción grave y robo. Tras la audiencia de ayer, no culminó la lectura de pruebas presentadas y siguen faltando expedientes que deberán ser leídos igualmente, hasta llegar a los alegatos finales. Además, surgieron nuevos pedidos de inclusión de pruebas.

Víctor Enriquez Núñez, abogado querellante en representación de Perla Montalbetti, pidió en el juicio la inclusión probatoria de examen psicológico y psiquiátrico de Rafael Esquivel. “Se trata de mostrar que Mbururu se pasó maltratando a las mujeres querellantes y a las abogadas durante el desarrollo del juicio y en ningún momento mostró arrepentimiento por sus actos”, dijo Enriquez.

Agregó que el procesado “demostró perturbación y esa calificación será importante a la hora de la medición de la pena, tal como lo establece el artículo 65 del Código Penal y el juzgado le puede dar una pena mayor”. Enriquez Núñez manifestó que también falta el expediente de una causa por desacato en contra de Mbururu Esquivel que debe ser leído en el juicio. La siguiente audiencia será el 9 de agosto.

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Con la jornada de ayer fueron nueve jornadas de juicio oral y público a Rafael Esquivel, hasta ahora, en el hecho por coacción grave y robo. Todo indica que el proceso tendrá otras dos audiencias antes de llegar a los alegatos finales y la sentencia del tribunal integrado por Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte (presidente).

Por su parte, el abogado Eduardo Lezcano, defensor de Rafael Esquivel, dijo que no puede entender que se haya pedido incluir el expediente de una causa donde en primera instancia fue condenado Rafael Esquivel y finalmente fue sobreseído.

Consultado sobre el pedido de evaluación psiquiátrica, el abogado Lezcano dijo “entiendo que quieren demostrar agresividad de Rafael Esquivel y ellos no toman en cuenta la agresión de la que fue objeto él, todo el tiempo”. Mencionó que es irrelevante lo que planteó la querella.

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