El exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo están siendo juzgados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Foto: Archivo
Juicio oral a exfiscal general del Estado y su esposa prosigue el 15 de septiembre
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El próximo viernes 15 de septiembre prosigue el juicio oral y público del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y de su esposa María Selva Morínigo, procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja está conformado por Víctor Alfieri, Darío Báez y Alba González.
En la próxima audiencia oral y pública el colegiado tendrá que resolver sobre los incidentes planteados por las partes en el presente juicio oral y público.
El Ministerio Público solicitó la inclusión de probatoria del informe de dos veterinarios, presentado en el marco de la causa de referencia. Por su parte la defensa de Díaz Verón planteó varios incidentes de inclusión de pruebas documentales entre otros.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone a hasta 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Imedic: juicio oral se encuentra en etapa de producción de pruebas documentales
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Avanza el desarrollo del juicio oral y público para la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está sentada en el banquillo de los acusados por los delitos de producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
La audiencia oral ingresó en la etapa de producción de pruebas documentales así como también ya han declarado varios testigos en el presente juicio oral. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
También están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
Este juzgamiento forma parte de uno de los casos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19 en nuestro país. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Los acusados por explotación irregular de juegos de azar son Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, directivos de la firma Montego Trading y Crown City Online Paraguay SA. Foto: Archivo
Chicanas impidieron juicio oral contra acusados por violar ley de juegos de azar
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El juicio oral y público para los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar”, se suspendió por la presentación de chicanas de parte de los acusados.
La defensa de los procesados presentó una reposición y apelación en subsidio contra la fecha del inicio del juicio oral y público fijada para este 3 de junio. El tribunal de sentencia integrado por Cándida Fleitas, Laura Ocampos y Juan Pablo Mendoza rechazó la chicana y ahora el expediente tendrá que subir al tribunal de apelación para que se pueda estudiar y rechazar la presentación hecha por la defensa de los acusados.
En su momento, la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz elevó el caso a juicio oral y dicha resolución fue confirmada por el Tribunal de apelación.
La acusación del Ministerio Público refiere que los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City ofrecían de forma irregular apuestas deportivas, por lo que incurrieron en el hecho punible de violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar”.
Igualmente, señala que se cuenta con suficientes elementos probatorios contra cada uno de los procesados para así llegar a una condena. Asimismo, menciona que la firma Montego Trading SA, pese a que ya no podía ofrecer apuestas deportivas, seguía operando en nuevos locales con la marca Crown City, a pesar de que había una expresa prohibición de operar. A esto se le adjuntan varios informes de la Conajzar en los que se ratifica que la referida firma no podía ofrecer juegos de apuestas deportivas.
Ayer viernes se inició formalmente el juicio oral y público contra Laura Villalba, considerada la enfermera del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Laura es hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del grupo criminal que opera en el norte del país y será juzgada por varios hechos punibles, uno de ellos, asociación terrorista.
El inicio del juicio ya se había suspendido, ya que la defensa de Laura Villalba había formulado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que preside María Luz Martínez.
Se destrabó ese proceso penal y el día de ayer se convocó nuevamente a este juicio oral y público, donde ya formalmente se dio inicio al juzgamiento, reportó desde tribunales Aldo Insfrán, periodista de Nación Media.
Los fiscales acusadores del caso son Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, quienes señalan que cuentan con suficientes elementos probatorios para lograr una condena en este juicio. La mujer había sido detenida cuando iba para acoplarse al grupo criminal EPP en la zona norte.
Durante la detención de Villalba, se encontraron las evidencias para sustentar los hechos punibles, que ahora el Ministerio Público consideró relevante para iniciar el proceso, la imputación, la acusación y ahora el juicio oral y público.
En la madrugada de ayer, el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra el senador Erico Galeano y solicitó que su caso sea elevado a juicio oral y público. El dirigente político se encuentra procesado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py.
Corbeta sostiene que Galeano recibió dinero y brindó logística para el tráfico de cocaína al poner a disposición de los supuestos narcotraficantes, el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, su aeronave. El hecho aconteció luego de la incautación de un total de 4 avionetas pertenecientes a Tío Rico en octubre de 2020.
ANTECEDENTES
Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.
“QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA”
“Tiene la responsabilidad de demostrar su inocencia. Dijo en reiteradas ocasiones que es inocente y, si hay justicia, tendrá que demostrar que él tiene culpabilidad. Hasta ahora las evidencias que se han encontrado no demuestran ninguna vinculación de él, pero finalmente es el ámbito de la Justicia el que va a tener que actuar”, dijo el presidente Santiago Peña durante su jornada de gobierno en el departamento de Concepción.
ACUSACIÓN
Asimismo, sostiene el Ministerio Público que la transacción “facilitó a uno de los líderes del grupo criminal la posibilidad de convertir dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble y, a la postre, el acusado obtuvo ganancias asequibles para él, atendiendo a la característica de su comprador, cuyo ingreso posteriormente lo utilizó para insertar dentro del sistema económico y financiero nacional”.