Este jueves a las 7:45 se desarrollará la audiencia de revisión de medidas cautelares de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por narcotráfico. La diligencia judicial se realizará ante el magistrado Miguel Palacios quien definirá si Cabaña saldrá en libertad o seguirá recluido en la cárcel de Emboscada.
En el presente caso igualmente se debe llevar a cabo la audiencia preliminar donde se definirá si los procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados. La diligencia judicial se había suspendido porque uno de ellos había recusado al juez Palacios.
También en el presente proceso penal está acusada Gloria Rossana López, esposa de Cabaña, imputada por lavado de dinero en el marco del operativo Berilo. La misma está en libertad debido a que ya cumplió la pena mínima de seis meses de prisión.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz había presentado la acusación contra Reinaldo Javier Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes. También fueron acusados: el exfiscal Gustavo Yegros, Gloria Rosana López, Hugo Martín Ríos, Marcelo Cabaña, Yisela Ramírez, Humberto Rodríguez, Carlos Brítez, entre otros más.
El operativo Berilo se realizó en el 2018, en distintos puntos de Alto Paraná. En la oportunidad se realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de US$ 800.000. El procedimiento estuvo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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Venta de energía al Brasil expone una buena sintonía para la revisión del tratado de Itaipú
El experto energético Victorio Oxilia manifestó que la reciente decisión del Brasil en habilitar la importación de energía eléctrica paraguaya para su venta al mercado libre expone una buena sintonía entre los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva para poder avanzar en la búsqueda de un acuerdo auspicioso en torno a la próxima renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú.
“Creo que se está avanzando en las negociaciones y, lo que es muy importante, hay buena sintonía. Se trata de un avance, un paso. Un paso no resuelve el futuro, pero indica que hay un progreso. Esto representa un paso hacia la integración entre sistemas eléctricos; un paso relevante pero hay todavía un camino a recorrer. Algo semejante se había dado en su momento entre Colombia y Ecuador hace unos 15 años”, sostuvo Oxilia al diario La Nación/Nación Media.
“Debemos recordar que, en mayo pasado, en el marco de lo acordado sobre el costo de la tarifa de Itaipú, para el periodo 2024-2026, gran logro financiero del gobierno paraguayo, esta modalidad de comercialización de energía eléctrica se había colocado como lineamiento para las negociaciones del futuro Anexo C”, acotó el especialista.
“Un laboratorio”
El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía del Brasil público oficialmente su normativa que establece las directrices para la importación de nuestra energía. La decisión es considerada como un hito significativo para el Paraguay.
“Esto es como una prueba para ambos países. Para Paraguay es un laboratorio para chequear cuánto está dispuesto a pagar el mercado brasileño, de manera real, por su energía. Con esto posiblemente se acabará la leyenda urbana de que nuestra energía debe venderse a precio de oro. El mercado finalmente sabrá evaluar cuánto vale, considerando todos los encargos propios del sistema eléctrico brasileño de transmisión, impuestos y otros”, comentó a LN.
Oxilia siguió sosteniendo que “Mientras que Brasil probará cómo resultará este tipo de transacción, que es inédita para las operaciones con otro país. En este sentido, Paraguay ha obtenido un logro que ningún otro país vecino de Brasil ha conseguido: venta directa en régimen permanente”.
El tratado de la Itaipú fue el instrumento jurídico-diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.
El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.
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El efecto Netflix: fiscal recomendará una nueva sentencia para los hermanos Menéndez
El fiscal de distrito en Los Ángeles dijo recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados de por vida por el asesinato de sus padres en 1989, dictamen que los haría elegibles para libertad bajo palabra. El fiscal George Gascon afirmó que pediría a un juez que dictamine que los dos hombres, cuyo caso ha vuelto a recibir atención por una serie y un documental emitidos en Netflix, deberían ver reducida su sentencia de forma que fueran elegibles para libertad condicional en los próximos meses.
“Luego de una muy cuidadosa revisión de todos los argumentos... Creo que bajo la ley, una nueva sentencia es apropiada y voy a recomendar esto a una corte mañana”, dijo Gascon a reporteros. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras el juicio que fue televisado y que ocupó los titulares de medios en todo el mundo.
En la época, los fiscales argumentaron que ambos hombres conspiraron para acabar con la vida de sus padres ricos en un intento por acelerar una herencia por 14 millones de dólares. Sin embargo, la defensa se basó en que los hermanos habrían sido víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.
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El auge de la serie
El fiscal reconoció que el auge de la serie sobre el caso llevó a la fiscalía a ver el proceso con nuevos ojos. “Creo que muchas veces, por razones culturales, no les creemos a las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres u hombres”, afirmó el fiscal. El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez en su elegante casa de Beverly Hills fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.
El juicio de Lyle y Erik se retransmitía diariamente por televisión, una novedad para la época, e incluso se considera la antesala mediática del “juicio del siglo”, que comenzó meses después contra el futbolista estadounidense O.J. Simpson. Los hermanos, que en ese entonces tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado se estancó sin la unanimidad necesaria para pronunciar su veredicto.
En 1996, un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar numerosos elementos relacionados con agresión sexual concluyó con su condena a cadena perpetua irreductible por asesinato premeditado. El padre de la familia era José Menendez, inmigrante cubano impulsado por el sueño americano, que amasó una fortuna y fue vicepresidente de la empresa de alquiler de autos Hertz y luego director de operaciones del sello discográfico RCA.
Los dos hijos, que inicialmente no fueron considerados sospechosos, desviaron la atención de los investigadores y acusaron del crimen a la mafia, pero una denuncia reveló la confesión del asesinato, grabada durante las sesiones con un psicoterapeuta. La serie de ficción “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, producida por Netflix, reavivó el interés por este caso, al punto de que el gigante del streaming también le dedicó al caso un nuevo documental.
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Nuevos elementos
Ambas producciones han sido ampliamente comentadas y replicadas por en TikTok e Instagram, y provocaron una amplia movilización digital a favor de los dos hermanos, que ya completan 35 años en prisión. El nuevo examen al caso reveló nuevos elementos, como una carta en la que Erik le cuenta a una prima sobre las agresiones sexuales de su padre, o el testimonio de un artista en el que dice haber sido drogado y violado por José Menéndez en los años 80.
El fiscal Gascon dijo que su recomendación solo sería para una nueva sentencia por asesinato en un grado menor, un cargo que podría acarrear una pena desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. “La decisión final la tomará el juez”, aclaró. “Sin embargo, debido a su edad, bajo la ley, al tener menos de 26 años al momento de los crímenes, ellos serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata”, explicó.
Fuente: AFP.