El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio logró nuevamente la suspensión de su audiencia preliminar fijada para este jueves con la presentación de una reposición con apelación en subsidio, bajo el argumento de que accedieron de manera tardía a la acusación fiscal y requieren un mayor tiempo para interiorizarse sobre las evidencias en la causa que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado.
“Pedimos ayer (miércoles) la reposición de plazo del artículo 352 que regula esta audiencia, un plazo de cinco días hábiles dentro del cual las partes deben examinar la carpeta fiscal. Tenemos constancia de que recién el 29 de agosto nos entregaron la carpeta porque estaba en proceso de digitalización”, afirmó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos mediante una entrevista con los medios de prensa.
Sin embargo, el juez penal de Garantías José Delmás declaró improcedente el pedido, bajo el argumento de que el expediente judicial ya se encontraba a disposición en formato digital desde el día que se presentó la acusación contra el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas y que la providencia que llama a preliminar se ajusta a derecho, ya que respetó el plazo de ley para convocar al acusado.
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De esta manera el expediente subirá al Tribunal de Apelación, que estará a cargo de destrabar el caso. Giuzzio fue imputado hace un año, el 16 de agosto de 2022, ante las sospechas de que habría recibido una coima por parte del supuesto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente detenido en su país.
El documento, que contiene las evidencias obrantes y que fue remitido semanas atrás por la Fiscalía al juez Delmás, presentando la acusación y solicitando juicio oral y público, refiere que aproximadamente desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022 Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo contacto personal y comunicación directa con Marcus Vinicius, quien administraba y dirigía las empresas Black Eagle Group SA - Ombu SA.
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Mario Abdo y su entorno siguen evitando afrontar la Justicia
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
- Unidad de Investigación Nación Media
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
GIUZZIO, EL ÚLTIMO BENEFICIADO
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
LO QUE DICE LA CARPETA FISCAL
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
LA ÚNICA CONDENADA… HASTA AHORA
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
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Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
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Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
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La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
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Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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IPS pide a la Corte apertura de auditoría por retraso en ejecución hipotecaria
El presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, mediante la dirección de asesoría jurídica presentó otra denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se abra una auditoría sobre el caso de préstamo hipotecario que lleva varios años sin llegar a su ejecución. Además solicitan que el caso sea resuelto, teniendo en cuenta que la demanda ya data del 2002.
El 3 de octubre pasado, el ente previsional había pedido también a la CSJ que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002.
El director de la asesoría jurídica del IPS, Dr. José González, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que la denuncia presentada ahora tiene que ver con la demanda de una ejecución hipotecaria por valor G. 6.657.504.067 iniciada en el año 2002 contra OMSA S.A (Administración e Inversiones S.A) sobre ejecución hipotecaria y prendaria expediente N° 689 AÑO 2002, que obra en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Secretaria N° 23.
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“Esta deuda es originada de una cesión de créditos hipotecarios de varias empresas, realizada por el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) a favor del IPS, según escritura pública nº 98 de fecha 11 de Agosto de 1997, pasada ante la escribana Gladis Esquivel de Cocco, cesión que fue debidamente notificada a los deudores cedidos en cumplimiento a lo establecido por la ley. Asimismo, los deudores por nota dirigida al IPS en fecha 21 de febrero de 2000 reconocen la suma reclamada en el presente juicio”, explicó.
Mencionó que durante el juicio se presentaron una serie de excepciones, así como también incidentes de caducidad, y desde el año 2014 se encuentra firme la providencia de “autos para resolver”, pendiente de resolución de las excepciones presentadas que fueron debidamente contestadas.
Indicó que el objeto de la demanda es cobrar la suma superior a G. 6.657 millones, caso contrario ejecutar la hipoteca, que está garantizada con varios inmuebles que se encuentran en la zona del Chaco y en zona de Ypané. Aún no tiene sentencia de remate, por lo que todavía no se procedió al remate de los bienes hipotecados y embargados en juicio, ante la desidia y mora judicial.
Pedido de Auditoría
El asesor jurídico, explicó que este retraso en la ejecución hipotecaria motivó a solicitar la auditoría a la Superintendencia de la CSJ, a fin de deslindar responsabilidades, ante la eventual desidia de las anteriores autoridades del IPS, y que el resultado de esta auditoría se remita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“El expediente se encuentra pendiente de resolución de las excepciones de nulidad, inhabilidad de título y prescripción, planteadas por la firma OMSA S.A. desde el 22 de setiembre 2004, quedando pendiente de resolución desde el 9 de marzo de 2007, con la providencia de autos para resolver”, explicó.
Mencionó que desde entonces no se ha dictado sentencia. Sin embargo, señaló que en una verificación puntual realizada por el Departamento Judicial, notaron dos hechos relevantes que ameritan una investigación a los efectos de analizar la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e inclusive de los abogados de la Dirección Jurídica”, explicó.
Agregó que de acuerdo con la Nota N° 3004/19 de fecha 3 de junio de 2019, el director del Archivo General de los Tribunales remitió el expediente de vuelta al Juzgado, sin existir ninguna constancia o razón por la cual el expediente se remitió a archivo, y cuándo se remitió.
“Esto causó un gravamen en vista a que el expediente se encontraba en estado procesal: pendiente de resolución - de las excepciones presentadas desde el 2007, pero el expediente fue archivado por el Juzgado. No existen explicaciones legales, procesales ni administrativas para este acto de irresponsabilidad, que mantuvo en estado de suspenso los derechos de la institución. El notable retraso para la resolución del expediente es un tema, además, gravísimo y pasible de investigación, pretendiendo dilucidar quiénes son los responsables de este retraso que causa un importante perjuicio al IPS”, comentó.
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Brasil: X debe pagar USD 1,8 millones de multa
Un juez de la corte suprema de Brasil negó ayer viernes un levantamiento inmediato de la suspensión a la red social X en el país y condicionó la reactivación de la plataforma al pago de una multa por 1,8 millones de dólares. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, señaló que “para que X Brasil vuelva inmediatamente a sus actividades” en el país debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares).
Según el juez, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk será penada por incumplir durante dos días sus órdenes de suspender el uso de un servidor que le permitió eludir temporalmente la semana pasada el bloqueo. Moraes también condicionó el regreso de X a que su representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa por 300.000 reales (unos 55.000 dólares).
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El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de Moraes, que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.
Pero el miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente, tras acatar una orden de la justicia. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de la justicia brasileña para volver a funcionar, como nombrar una representante legal en Brasil.
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El jueves, afirmando ya haber cumplido con todas las exigencias judiciales, pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios. En un tuit publicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera.
Alexandre de Moraes y Elon Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk tildó al juez de “dictador malvado”. Moraes, por su parte, acusa a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra la democracia.
Fuente: AFP.