El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad iniciar una investigación preliminar a la jueza penal de Garantía de Capiatá, Norma Salomón, cuyo esposo Farid Gustavo González fue imputado por extorsión y tráfico de influencia. El pedido para iniciar la investigación fue solicitado por el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay.
Los integrantes del JEM que participaron de la sesión fueron el presidente, diputado Orlando Arévalo; Alejandro Aguilera, Mario Varela, Óscar Paciello, Enrique Kronawetter y Manuel Ramírez Candia. Mientras que el ministro de la Corte César Garay estuvo ausente.
En caso de que se tenga irregularidad en la presente investigación, el JEM podría enjuiciar y suspender en sus funciones a la jueza Salomón, quien también está siendo investigada por el Ministerio Público.
El abogado González, esposo Salomón, fue beneficiado por la jueza penal de Garantía Diana Carvallo con el arresto domiciliario en una vivienda ubicada en la localidad de Santa Elena, departamento de Cordillera. Dicho fallo judicial fue criticado por la ciudadanía y pone en tela de juicio la actuación objetiva de la mencionada magistrada.
Igualmente, la Corte ordenó que se realice una auditoría al juzgado de Salomón, cuyo informe deberá ser elevado a los ministros de la máxima instancia judicial. El pedido para que se pueda realizar la auditoría fue del ministro y superintendente de Central, Eugenio Jiménez. También se solicitó el sumario del abogado Farid Gustavo González.
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Ypyta: JEM evaluará enjuiciar a Rivas por mal desempeño
En la sesión del jurado se puso a conocimiento las publicaciones que denuncian presuntas irregularidades del magistrado Édgar Rivas.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de la presunta actuación irregular que habría cometido el juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, donde firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
Ahora, los miembros del JEM, Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón y Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia, deberán esperar hasta el 21 de agosto para poder iniciar de oficio la investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez Rivas, debido a la cadena de irregularidades cometidas en el citado expediente judicial.
El Jurado de Enjuiciamiento decidió tomar conocimiento ante la serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas en el juicio civil mencionado. En caso de que el JEM decida iniciar la investigación, podría enjuiciar y solicitar la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas.
LAS IRREGULARIDADES
Días atrás, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló estar sorprendida por la actuación del juez Rivas sobre la firma del título de propiedad, debido a que el citado magistrado no intimó a la firma Ypyta ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y lesiones a la propiedad que posee la empresa que represento”. Fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
JUEZ FUE TERNADO PARA CÁMARA
El criticado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula severas críticas por fallos judiciales dictados presuntamente al margen de la ley. En su momento, Rivas también ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
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JEM inició enjuiciamiento a camarista de Filadelfia por el incumplimiento de plazos procesales
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mayoría, decidió iniciar de oficio el enjuiciamiento contra el integrante de la Cámara de Apelación de la ciudad de Filadelfia, Chaco, César Denis Macoritto, por el incumplimiento de los plazos procesales en cuatro expedientes judiciales. En contrapartida, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por el archivo del caso al señalar que no existió una queja previa por retardo de Justicia, requisito exigido por la ley.
El enjuiciamiento del camarista Macoritto tuvo su origen en dos informes de auditoría: uno de gestión jurisdiccional, en el que se denunciaron presuntas irregularidades en expedientes del fuero laboral y penal; y otro de gestión administrativa, relacionado con su desempeño en carácter de presidente de la Circunscripción Judicial de Boquerón.
El ministro y superintendente del Chaco, César Garay, indicó en su voto que la acusación señala el incumplimiento de los plazos legales para el dictado de resoluciones, en inobservancia de los artículos 15 y 162 del Código Procesal Civil, entre otros.
En ese sentido, Garay votó por iniciar el enjuiciamiento en relación con ambos informes. Participaron de la sesión del JEM la presidenta Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia.
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Un juez brasileño ordena investigar el financiamiento de una película sobre Bolsonaro
Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este jueves investigar el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro por parte de un banquero acusado de un megaescándalo de corrupción, dijo una fuente del tribunal a la AFP.
La película “Dark Horse”, que aún no ha sido estrenado y en el que el actor estadounidense Jim Caviezel encarna a Bolsonaro, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato de la derecha a las presidenciales de octubre.
El magistrado André Mendonça aceptó un pedido de la Policía Federal para informar sobre giros millonarios del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo, para financiar la película sobre el expresidente preso por golpismo.
Según el propio senador Bolsonaro, con esos dineros se financió la cinta. El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes en tono de confianza de Flávio Bolsonaro al financiero a multas de 2025 para pedirle dinero.
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Un día después de la conversación, Vorcaro fue arrestado por uno de los mayores desfalcos financieros de la historia de Brasil.
Tras asegurar en un principio que no tenía ninguna relación con el banquero, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para “Dark Horse”, aunque afirmó que no existía cercanía entre ellos.
Vorcaro había prometido unos 24 millones de dólares para la película, aunque finalmente giró poco menos de la mitad de esa suma, según Intercept.
El banco Master de Vorcaro fue liquidado a multas de 2025 por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares ante unos 800.000 inversores.
Luego de conocerse sus vínculos con el banquero, Bolsonaro retrocedió en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.
El escándalo por Master también tocó al gobierno. La policía investiga al senador Jaques Wagner, quien dejó el liderazgo oficialista en la Cámara alta por sospechas de presuntos beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso.
La investigación ha revelado hasta ahora vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos. El propio Lula reconoció haberse reunido con él en 2024.
- Fuente: AFP
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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