La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.

La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.

El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.

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Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.

Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.

Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.

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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

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La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.

En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:

• Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
• Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
• Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.

La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.

El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.

El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.

La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.

Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.

Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

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Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.

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“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.

Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.

Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.

“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.

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En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.

También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.

Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.

Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.

Este martes, la Policía Nacional informó que detuvo a dos personas que estarían implicadas en la desaparición del niño Khael Valdez Ávalos, de 3 años, hace tres semanas en el Chaco paraguayo. La investigación se centra en el peritaje a teléfonos celulares y los múltiples números que tenían registrados en distintas compañías.

El oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de personas desaparecidas, expresó que en los últimos días se pudo constatar que el peón y capataz de la estancia “6 de Octubre” en zona Fortín General Díaz, departamento de Boquerón, tenían registrados a sus nombres varios números de teléfonos.

“Se procedió nuevamente a la detención de Walter Correa Pesoa, de 34 años, quien se desempeña como capataz y a un peón, Vicente Martínez Bogado, de 26 años, ambos trabajan en la misma estancia”, indicó que Vera, en “Cuenta Final” de canal Gen yy Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que si bien estas personas facilitaron sus números de celulares, no detallaron que tenían más chips registrados a sus nombres. “Estos serán sometidos a peritaje, porque en sus declaraciones dicen que es imposible que un extraño haya entregado a la hacienda siendo que hay porteros y portones candadeadas”, indicó.

Aseguró que hasta el momento la hipótesis más fuerte es que el menor no se perdió solo y que lo más probable es que lo llevaron, y que están reuniendo las pruebas para confirmar esta teoría, para dar con la ubicación de niño que está desaparecido desde hace tres semanas.

“Probablemente, el peón y el capataz tengan algo que ver. ¿Cómo es posible que una persona ajena a la hacienda haya ingresado para sustraer a Khael, si el lugar estaba bajo custodia? Esta situación nos lleva a considerar la hipótesis de que los trabajadores podrían estar involucrados. Sus teléfonos y números serán sometidos a peritaje”, puntualizó.

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