“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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En la declaración jurada (DD. JJ.) del diputado Mauricio Espínola no aparece la camioneta con la cual protagonizó el accidente, el 16 de mayo de este año, que tuvo como víctima fatal a un trabajador, como tampoco aparece el monto que habría destinado como un resarcimiento por el daño a la familia de la víctima.

El vehículo es una camioneta Toyota modelo Fortuner registrada a nombre del diputado, sin embargo, no aparece en la declaración jurada hasta julio del 2023, así como la transacción de unos G. 80 millones, que habría pagado a la familia de Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, quien falleció días después del accidente, además, de los gastos médicos y funerarios.

Además, en las declaraciones presentadas por el legislador, se registran vacíos entre activos, pasivos y otras situaciones que el mismo debe aclarar con documentos.

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Espínola declaró en el 2018 un patrimonio neto de G. 30 millones; época que ingresó al gobierno de Mario Abdo Benítez como secretario privado adjunto. Para el 2021, declaró un vehículo Mazda BT-50 con un valor de USD 32.000, pero este monto habría ingresado al cálculo como guaraníes, en el 2023, el vehículo fue registrado por G. 232.283.200. Con la corrección se explica parte del aumento patrimonial, pero revela una falla que distorsiona la lectura patrimonial. Para julio de 2023, la declaración de Espínola es señalada en G. 164.201.920 en patrimonio.

También se registra una operación inmobiliaria anotada entre los pasivos por G. 578.005.440, con una cuota de G. 11.205.040 y un saldo pendiente, de G. 22.410.880, que según esos datos, estaba casi cancelada. Sin embargo, en las DD. JJ. revisadas por la 650 AM, no aparece el departamento, la casa, el terreno, la unidad en construcción ni el derecho inmobiliario asociado al legislador.

Así también, aparece el margen declarado en 2023 con ingresos mensuales de G. 32.774.840, gastos ordinarios de G. 11.374.968 y cuotas por G. 14.988.560, quedaban cerca de G. 6,4 millones antes de imprevistos, que es una estimación de ese año, de acuerdo con el medio de comunicación que observó la DD. JJ. del diputado.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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El exministro de Obras Públicas y aspirante a presidente de la República por el abdismo, Arnoldo Wiens, también fue repudiado por dirigentes que integran la primera línea de su entorno político, por despotricar contra la unidad colorada con miras a las elecciones municipales del 4 octubre, señalando a sus correligionarios electos por la la Lista 1 como “corruptos”.

“No estoy en concordancia con ese mensaje, existen varias personas quienes estuvieron en el acto, que le ayudarán en su campaña para presidente, entonces, hay que atender los detalles", manifestó el senador Colym Soroka al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, en el marco del acto de lanzamiento de la campaña electoral realizado por la Asociación Nacional Republicana en Luque.

Soroka acotó: “Acá existe una gran verdad, hay grandes desafíos electorales en muchos lugares, para nosotros en Itapúa es volver a recuperar la capital del departamento, la ciudad de Encarnación. Es momento de guardar el hacha y trabajar por el partido”.

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Wiens anunció durante un encuentro político realizado en la noche del viernes en el departamento de Misiones que no participaría del acto de unidad convocado por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, donde ayer sábado se concretó la presentación de los 263 candidatos a intendentes y los 2.832 aspirantes a concejales para las juntas municipales de la Lista 1.

“Celebro a todos los que ganaron las elecciones, les estamos apoyando día a día. Pero, mañana a mí no me van a ver en ese acto del partido, no necesitan verme ahí porque no quiero abrazarme con los corruptos. No quiero avalar la corrupción”, fue lo que expresó el abdista y generó la indignación en las carpas coloradas.

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