El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes fue multado por la Contraloría General de la República por la suma de 24.131.945 guaraníes, que deberá pagar en un plazo de 72 horas, debido a que no presentó su declaración jurada al abandonar su cargo. El extitular del Poder Judicial había accedido a su jubilación el 10 de marzo de este año.
La Resolución 1.110, firmada por el contralor general Camilo Benítez, refiere que la sanción se justifica por la transgresión de la Ley n.º 5033/13 y su modificatoria la ley n.º 6919/22, que reglamentan el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
Su salida de la Corte se produjo en medio del escándalo que saltó en noviembre de 2022, que salpicó a su hijo Amílcar Fretes Escobar, quien acordó con el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá, trabar su extradición a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares, donde era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Pese a los pedidos de renuncias de diversos sectores, en aquella ocasión Fretes pidió permiso para el cargo de presidente de la CSJ, y quedó a la espera de su jubilación al cumplir los 75 años, edad límite para desempeñarse como ministro de la máxima instancia judicial. Para su reemplazo se admitieron 37 postulantes y tras casi una veintena de sesiones se definió una terna con Gustavo Santander, Gustavo Adolfo Ocampos y María Teresa González de Daniel. El Senado propuso y luego dio juramento a Santander.
Los parlamentarios Alejandro Aguilera y Derlis Maidana esperan que se esclarezcan las responsabilidades en el perjuicio ciudadano por el fallido Metrobús. Foto: Gentileza
Los legisladores Alejandro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que salpica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del fallido proyecto vial Metrobús.
“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una persecución política cada vez que existe una investigación fiscal. Las causas judiciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político“, dijo Aguilera en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas del 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.
“El caso del proyecto Metrobús fue una obra de enorme impacto para el área metropolitana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjuicios muy serios a la ciudadanía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido“, comentó Aguilera.
El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impunidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recusando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.
“Es importante ser muy responsables y respetar la institucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de Derecho corresponde que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos legales que considere pertinentes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.
“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero considero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido“, opinó el senador Maidana.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
Santander completa la inamovilidad de los nueve ministros de la Corte
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inamovible al ministro Gustavo Santander, quien estará en el cargo hasta los 75 años de edad. Con la presente resolución judicial, los nueve altos magistrados son inamovibles en sus cargos hasta alcanzar la edad establecida de jubilación.
Los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez firmaron la resolución judicial. Días atrás la máxima instancia judicial hizo lo mismo con el ministro Víctor Rios quien ya fue declarado inamovible en su cargo.
El pleno de la Corte está conformado por los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, Luis M. Benítez Riera, Gustavo Santander Dans, César Antonio Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos, César Manuel Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda.
En sesión plenaria ordinaria del 19 de febrero, el ministro Alberto Martínez Simón fue elegido como presidente de la máxima instancia judicial para el período comprendido entre febrero 2026 y febrero 2027. Asimismo, Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente, y Gustavo Santander Dans como vicepresidente.
La integración de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia para el nuevo período institucional, quedando conformadas de la siguiente manera:
Sala Constitucional: Gustavo Santander Dans (presidente), Víctor Ríos y César Diesel; Sala Civil y Comercial: Alberto Martínez Simón (presidente), Eugenio Jiménez Rolón y César Garay; Sala Penal: Luis María Benítez Riera (presidente), Manuel Dejesús Ramírez Candia y Carolina Llanes Ocampos.
Con la presente resolución judicial, los nueve altos magistrados son inamovibles en sus cargos hasta alcanzar la edad establecida de jubilación. Foto: Gentileza
Martínez Simón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.
Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.
En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.
“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.
Juicio de Giuzzio: la inclusión probatoria se resolverá el próximo 25 de febrero
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El juicio oral y público contra el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotraficante brasileño, inició este miércoles con la presentación de incidentes por parte del Ministerio Público y también de la defensa. El juicio continuará el próximo 25 de febrero.
“El Ministerio Público planteó dos incidentes y la defensa también planteó algunos incidentes que van a ser contestados en la siguiente sesión. Se solicitó una copia espejo del resultado de la extracción de datos del teléfono del señor Lindomar Reyes, que fueron incautados en su oportunidad a los efectos de contar con información que pueda ser útil para el Ministerio Público”, indicó la fiscal de la causa, Verónica Valdez, en conversación con Nación Media.
Ratificó que la solicitud de los datos del teléfono de Lindomar, se da atendiendo a que puede ser información útil para la Fiscalía en el marco de esta causa.
Detalló que son dos teléfonos celulares que pertenecen a Lindomar Reyes, con uno de ellos ya se cuenta con el resultado en el juzgado de Crimen Organizado a cargo del juez Osmar Legal, por lo que la diligencia será “solicitar una copia por las vías correspondientes", ya en el caso del segundo teléfono que fue incautado también en el momento de la detención en Brasil, se deben realizar los trámites a través de una cooperación internacional.
Argumentó que el pedido de acceso a estos dispositivos se dan “por los vínculos entre Lindomar y Marcur Vinicius, y como se mencionó en juicio, se tiene información que Lindomar frecuentaba la empresa de Marcus Vinicius donde se suscitaron los hechos acusados”.
Los incidentes de inclusión probatoria planteados por la Fiscalía al inicio de este juicio serían claves para demostrar la responsabilidad de los hechos acusados al exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.