El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes fue multado por la Contraloría General de la República por la suma de 24.131.945 guaraníes, que deberá pagar en un plazo de 72 horas, debido a que no presentó su declaración jurada al abandonar su cargo. El extitular del Poder Judicial había accedido a su jubilación el 10 de marzo de este año.
La Resolución 1.110, firmada por el contralor general Camilo Benítez, refiere que la sanción se justifica por la transgresión de la Ley n.º 5033/13 y su modificatoria la ley n.º 6919/22, que reglamentan el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
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Su salida de la Corte se produjo en medio del escándalo que saltó en noviembre de 2022, que salpicó a su hijo Amílcar Fretes Escobar, quien acordó con el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá, trabar su extradición a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares, donde era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Pese a los pedidos de renuncias de diversos sectores, en aquella ocasión Fretes pidió permiso para el cargo de presidente de la CSJ, y quedó a la espera de su jubilación al cumplir los 75 años, edad límite para desempeñarse como ministro de la máxima instancia judicial. Para su reemplazo se admitieron 37 postulantes y tras casi una veintena de sesiones se definió una terna con Gustavo Santander, Gustavo Adolfo Ocampos y María Teresa González de Daniel. El Senado propuso y luego dio juramento a Santander.
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En Cumbre de poderes podrían acordar avanzar en la carrera judicial
La cumbre de poderes, a iniciativa del presidente de la República, Santiago Peña, está prevista prevista para este lunes 17 de febrero a las 8:00 en el Palacio de López.
A la misma fueron invitados los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.
La senadora Lilian Samaniego destacó la decisión del mandatario Santiago Peña en convocar a una cumbre de poderes para debatir sobre la problemática judicial. La iniciativa del economista surgió tras destaparse un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la Justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Abogó para que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), remitan para el próximo mes de marzo la iniciativa de la carrera judicial para su pronta aprobación. “Esto debe ser considerado para dar vuelta esta triste y lamentable página dentro de la justicia”, comentó.
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Samaniego recordó que un proyecto de ley similar fue presentado en la Cámara de Diputados durante el periodo 2020-2021, pero su estudio fue truncado por la clase política. “En base a las informaciones que tengo, en la Corte Suprema de Justicia existe un proyecto sobre la carrera judicial que se está estudiando. Con esto se logrará transparentar los procesos, dar reconocimiento a la meritocracia y la profesionalización de la carrera de abogados y dar estabilidad institucional”, manifestó.
La legisladora acotó: “Todo eso es necesario ante el asombro que estamos viviendo. Esto será una solución a corto y mediano plazo. Todo lo que acontece está destruyendo nuestra democracia. La sociedad se ve afecta con el crimen organizado. La respuesta para esta crisis será justamente esa cumbre de poderes”, indicó.
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Urgen diálogo institucional entre el JEM y la Corte para generar credibilidad
“Hay que tomar acciones para el mejoramiento de la institucionalidad, establecer protocolos que puedan generar mayor credibilidad”, expresó el senador Mario Varela abogando por la concreción de una mesa de trabajo entre los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Todo lo que está pasando es un toque de atención, no puede ser tomada a la ligera. La imagen del JEM hoy está muy golpeada, no podemos negar eso. Amerita un diálogo institucional entre la Corte y el Jurado para mejorar la justicia y fortalecer la imagen de credibilidad”, remarcó el legislador, quien se desempeña como miembro titular del JEM, mediante una entrevista con la 1080 AM, tras la filtración selectiva de supuestos chats del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto pasado, con su colega Orlando Arévalo.
“Nosotros debemos ir optimizando y mejorando el servicio de justicia. Estamos en una etapa incipiente de trabajo técnico y jurídico, pero necesariamente debemos tener algunos mecanismos que deben ser aplicados. No puede, por ejemplo, un magistrado enjuiciado, denunciado, solicitar una audiencia y que cualquier miembro le pueda recibir así nomas”, comentó Varela. “Se deben buscar mecanismos de transparencia que el control sea mayor. Creo que ha sido importante por ejemplo la transmisión en vivo de las sesiones del JEM que anteriormente no existía, pero esto es insuficiente, el hecho de hacer público la liberación de las causas”.
Llamada de Lalo
Por otra parte, Varela dijo que en una ocasión recibió una llamada de un número desconocido de una persona quien se identificó como Lalo Gomes. Detalló que, en esa ocasión, le mencionó sobre un expediente relacionado a la agente fiscal Katia Uemura, a quien el político de Amambay la calificó como una persona “eficiente”.
“Aclaro que nunca tuve una amistad con Lalo, no lo conocí personalmente. Lo habré visto en reuniones casuales, pero nunca jamás intercambiamos mensajes. En esa ocasión, yo le contesto que no había accedido al expediente y le trato de dar una respuesta genérica, diciéndole que vamos a aplicar lo que corresponda. Él me hablaba sobre la posibilidad de archivar la denuncia contra Uemura, pero yo voté por la apertura de una investigación. Fue la única vez que recibí una llamada de esa persona que se identificó como Lalo Gomes, yo no tengo su contacto”, detalló Varela.
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Alliana admite chats con Lalo Gomes y rechaza haber cometido tráfico de influencias
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, salió al paso de las publicaciones periodísticas que sostienen que intercedió ante la Contraloría General de la República (CGR), a favor del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, cuya declaración jurada de bienes fue sometida el pasado año a un análisis de veracidad tras declarar un patrimonio de casi G. 1 billón.
“Me encantaría que esto se investigue por los canales correspondientes, que esto no sea solo una cuestión mediática por parte de un medio de comunicación, atacando a sus adversarios políticos. Que se lleven adelante investigaciones serias a través de la Fiscalía y el Poder Judicial”, afirmó en una entrevista con el programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las publicaciones periodísticas surgieron tras la filtración de los chats que mantuvo con el exdirigente político del departamento de Amambay. El 12 de julio del 2024, Lalo Gomes había argumentando a Alliana que la decisión de la Contraloría obedece a un “ataque político” contra los integrantes del movimiento Honor Colorado y su líder.
“Mi obligación constitucional es estar en contacto con los parlamentarios, esto no es una opción que yo tengo. Las conversaciones fueron totalmente amenas, acá no hubo ningún intento de ayudar a nadie, ningún tráfico de influencias, no tengo absolutamente nada que ocultar”, indicó.
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Asimismo, el segundo del Ejecutivo acotó: “No tengo ninguna denuncia por hechos de corrupción. Fue una comunicación normal; no hay absolutamente nada fuera de lugar. No se encontrará nada que pueda comprometerme con relación a algún tráfico de influencias a favor de Gomes. Yo me manejo con transparencia”.
En los chats, también se puede observar que Gomes Batista alega que la decisión de la Contraloría se debe a un intento del subcontralor Augusto Paiva para congraciarse con los medios de comunicación en detrimento del Partido Colorado y del gobierno.
Ante esta situación, Alliana explicó que en los mensajes intercambiados con Gomes Batista también figura el reenvío de un audio perteneciente al subcontralor. “Fue una consulta que realicé; Paiva me respondió correctamente, indicándome los procedimientos que Gomes tenía que hacer (ante el examen de veracidad). Si no le gusta el procedimiento, el diputado tenía que poner un abogado y punto”, indicó.
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Por primera vez un ministro de la corte presidirá el JEM
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, manifestó este miércoles que el mandatario Santiago Peña expresó su respaldo hacia el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo, para liderar el órgano extrapoder para el periodo 2025-2026. De acuerdo a la normativa, el JEM deberá renovar en febrero a sus autoridades.
“Hablé con el presidente sobre la postulación del ministro, quien es una persona confiable y honesta. Todos los miembros estamos interesados en que Garay Zuccolillo ocupe la presidencia. Peña dio su aprobación de que el parece correcto que un representante de la Corte Suprema de Justicia, luego de muchos años pueda presidir el jurado”, dijo Pucheta, en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, luego de presentar su informe de gestión ante el jefe de Estado.
De concretarse su elección, será la primera vez que un ministro de la máxima instancia judicial encabece la institución que tiene como finalidad enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.
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Investigación exhaustiva
Por otra parte, Pucheta dijo que el mandatario se encuentra sumamente interesado en que sea impulsada una investigación exhaustiva en torno al supuesto esquema de corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a partir de la filtración de supuestos chats extraídos del teléfono del fallecido diputado Eulalio Gomes.
“El señor presidente de la República es quien están más interesado que todo se investigue y se realice una investigación acabada. Santiago Peña está con todo el ánimo y la conducta de que se aclare esto definitivamente. Él está sumamente interesado. Yo como representante del Poder Ejecutivo ante el JEM y también como una exmagistrada sostengo que se debe hacer una investigación como corresponde”, manifestó.
El caso salpica al exdiputado Orlando Arévalo, quien ejercía la vicepresidencia primera del JEM; a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López. La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche.
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