Se suspendió la audiencia preliminar del exsenador colorado Rodolfo Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otros dos acusados por el caso conocido como merienda escobar. La audiencia se pospuso porque los acusados Eduardo Domínguez y Álvaro Alfaro recusaron al juez de Delitos Económicos José Delmas y por ende no se pudo desarrollar la diligencia judicial.
Ahora el citado magistrado deberá elevar un informe al tribunal de apelación para que se pueda resolver si corresponde confirmar al juez Delmás o separarlo del presente proceso penal. Una vez que se resuelva la competencia del magistrado y si el mismo es confirmado en el caso, se tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los acusados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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Semanas atrás Roberto Zacarías Recalde, fiscal adjunto asignado a la causa, presentó ante el juez José Delmás una acusación solicitando juicio oral para el exsenador Rodolfo Friedmann y otras dos personas implicadas en el caso de merienda escolar. Por otra parte, se ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para Marly Figueredo, esposa del legislador.
La acusación contra Friedmann es en calidad de autor por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo. En tanto, su primo Silvio Alfaro y el exsecretario del senador durante su mandato en la Gobernación de Guairá, Eduardo Domínguez, son calificados como cómplices.
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Piden intervención de autoridades ante suspensión de operaciones en Paraná Guazú
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cnsp) expresó su preocupación ante la suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.
“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indicaron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.
La zona afectada es conocida como “Lote Hidrovía Sur” y la situación es considerada una medida unilateral adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (Arca), que “pone en riesgo la provisión de combustible para Paraguay, al tratarse de un punto clave utilizado continua a lo largo de varias décadas para el transbordo de este y otros productos”.
Asimismo, instaron a que cualquier revisión futura en cuanto a las condiciones operativas se lleven a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno.
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“Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”, manifestaron en la misiva.
Es que si bien Argentina propone otros 10 puertos alternativos se critica la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro del país y la región.
El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
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“Inaceptable”: Intransigente Irán le niega cooperación a la agencia de energía atómica
Irán suspendió oficialmente este miércoles su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras los bombardeos israelíes y estadounidenses a sus instalaciones nucleares, una medida que preocupa a la ONU y que Washington calificó de “inaceptable”.
El 25 de junio, un día después del alto el fuego impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump tras una guerra de 12 días entre Irán e Israel, el legislativo iraní aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que suspende la cooperación con la agencia de la ONU responsable de la seguridad nuclear.
La suspensión de la cooperación iraní es “obviamente preocupante”, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.
Estados Unidos calificó de “inaceptable” la decisión, “en un momento en el que [Irán] tiene una ventana de oportunidades para revertir el rumbo y elegir un camino de paz y prosperidad”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
Israel fustigó la decisión de Irán, su archienemigo desde la Revolución Islámica de 1979. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, pidió que el mundo “utilice todos los medios a su alcance para poner fin a las ambiciones nucleares de Irán”, según un mensaje en la red X.
También instó a Alemania, Francia y el Reino Unido, los tres países europeos que firmaron el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con China y Estados Unidos, a “restablecer todas las sanciones contra Irán”.
El acuerdo de 2015 quedó nulo tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, y Teherán comenzó entonces a incumplir sus obligaciones.
Convencido de que Teherán estaba próximo a desarrollar un arma nuclear, Israel lanzó un ataque masivo contra instalaciones nucleares y militares iraníes el 13 de junio.
Irán, que niega buscar una bomba atómica, pero defiende su derecho a enriquecer uranio para fines civiles, respondió con ataques con misiles y drones contra Israel.
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La guerra dejó al menos 935 muertos en Irán y 28 en Israel, según las autoridades de cada país.
Fuente: AFP
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TSJE urge concluir licitación para cumplir apretado calendario electoral este año
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.
“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.
La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.
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La preocupación se agudizó
“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.
“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.
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Exlegislador rechaza elevar penas y pide políticas de reinserción para jóvenes
El exsenador liberal Fernando Silva Facetti expresó su rechazo a los proyectos de ley que plantean elevar las penas para los adolescentes que cometan crímenes. El abogado considera fundamental trabajar en políticas públicas que garanticen la reinserción social.
“No considero factible elevar las penas, los crímenes de adolescentes son casos aislados, la realidad es que la mayoría de los casos son hechos punibles por adolescentes en situaciones de calle y adicciones, así también adolescentes de pueblos originarios (hurto, hurto agravado, robo, tenencia de droga), no existe un centro de rehabilitación”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Facetti manifestó que “sin política de reinserción los adolescentes crecerían alejados de su círculo cercano y al salir no tendrían grupo de apoyo que realice la reinserción, pues el adolescente al hacerse mayor y salir en libertad no encontraría ningún grupo de contención y hacerse mayor en reclusión inclusive sería contraproducente con su desarrollo y crecimiento, estar más tiempo recluido sería más difícil aun su reinserción“.
Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
“Debería existir un ministerio o una institución estatal especializada en reinserción de adolescentes. El Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Justicia no tienen la capacidad a nivel país del abordaje integral, no existe aun en el Paraguay una institución que pueda brindar un abordaje integral para aquellos adolescentes infractores que necesiten estudiar, capacitarse, rehabilitarse. Que en mayoría son adolescentes en situación extrema de vulnerabilidad sin familia ni grupos de contención familiar", comentó.
El exlegislador insistió que la problemática requiere de un “abordaje interinstitucional real”. “Que el adolescente infractor tenga a donde ir y no quede en situación de calle y expuesto a reincidir en la delincuencia juvenil. Se debe implementar acciones con centros de rehabilitación de adicciones, centro de profesión, tecnicaturas, deporte y arte, hogar para adolescentes infractores sin familia”, indicó.