El exsenador Alfredo Jaeggli acusa a Hugo Fleitas de ser el artífice del descalabro financiero del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El dirigente político solicita que el también exgobernador de Cordillera renuncie a la presidencia de la nucleación opositora con la finalidad de instalar un directorio transitorio para zanjar la crisis interna.

“La consultoría nunca se terminó. Hugo Fleitas se arriesga a ir preso, no son claras las cuentas. Si empezamos a ser malos ahí habrá una cacería de brujas. Efraín Alegre puso la contabilidad del partido en la categoría A, esto quiere decir que estaba todo saldado las deudas, caso contrario el Banco Continental no hubiese realizado préstamos (en los pasados comicios generales) a un partido que está en Informconf”, sostuvo.

El también exsenador considera urgente que tanto Fleitas como la vicepresidenta primera del Partido Liberal, Alba Talavera renuncien a sus cargos para que la conducción política de la nucleación sea tomada por un directorio hasta el 2026.

“Se debe producir la renuncia de ambos, luego el directorio que elija a un presidente, al vicepresidente primero y al vicepresidente segundo (directorio transitorio). Posteriormente hay que traer a todos de vuelta, abrir el partido a los jóvenes, perdonarnos. Yo creo que el Partido Liberal tiene que hacer una catarsis”, dijo en una entrevista con BM online.

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De esta manera Jaeggli sostiene que la propuesta de desdoblar las elecciones internas del PLRA de los comicios municipales del 2026, realizada por los movimientos disidentes, encabezados por el Nuevo Liberalismo, no prosperará y terminará estancándose en la Corte Suprema de Justicia.

La disidencia propone que las votaciones internas del PLRA sean realizadas el 17 de agosto del 2025. “Yo no estoy a favor de las elecciones anticipadas, no podemos acortar ningún mandato. El desdoblamiento que aprobaron por convención es inconstitucional. Nosotros tenemos que respetar la institucionalidad, no podemos hacer barbaridades”, sentenció Jaeggli.

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Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

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El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

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Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

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Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

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Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

“El poder no se regala, el poder se disputa y nosotros no lo estamos disputando”, cuestionó el extitular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Miguel Abdón Saguier, tras lamentar la falta de acción en la oposición para generar un proyecto alternativo al coloradismo que logre conquistar nuevamente al electorado paraguayo.

“Tendríamos que tener la imaginación, la inteligencia y la coherencia de proponer un proyecto superador. Tendríamos que tener la capacidad de hacer la alternancia por la vía de las urnas”, dijo en una entrevista con la 1140 AM.

Asimismo, sostuvo que el PLRA y los demás partidos y movimientos de la oposición no son capaces ni siquiera de ejercer el rol de contralores al Gobierno de turno. Señaló que esta situación se ve reflejada con mayor fuerza en ambas cámaras del Congreso Nacional.

“Somos un partido de oposición y no ejercemos el compromiso que tenemos como opositores, en una democracia nosotros tendríamos que controlar el ejercicio del poder y la administración para que no hayan abusos, para que no haya un saqueo a las arcas públicas”, refirió el exsenador.

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Abdón Saguier incluso cuestionó el funcionamiento político en el Partido Liberal que se encuentra actualmente bajo la conducción del exgobernador de Cordillera, Hugo Fleitas. “En el PLRA no se da un manejo institucional a las corrientes internas del partido, siendo que es pluralista, no existe una sola idea o un solo líder”, comentó.

Actualmente, las organizaciones políticas de la oposición aún se encuentran inmersas en las divisiones y el individualismo profundizado tras el contundente fracaso electoral durante las presidenciales del 2023. Esta crisis impide al citado sector consolidar la anhelada unidad granítica para mantener una sola agenda nacional rumbo a los futuros comicios municipales y generales.

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“Hoy a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se le está dando muchísima tarea y se está desviando el combate al terrorismo”, sostuvo el exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), Fidel Zavala, quien resultó víctima de secuestro por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el 15 de octubre del 2009.

“Estuvimos viendo las acciones que se están tomando, llevamos nuestros pareceres y reclamos sobre ciertos temas. El crimen organizado está permeando el norte del país, es genuino que la Fuerza de Tarea Conjunta sea utilizada, pero no podemos desvestir un santo para vestir a otro”, afirmó Zavala, este martes, en una entrevista con la 1000 AM.

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Las afirmaciones de Zavala surgen tras concretarse este último lunes un encuentro entre el mandatario Santiago Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, las autoridades de las fuerzas públicas, el equipo de seguridad y defensa nacional, con los familiares y víctimas de secuestros.

El exparlamentario indicó que solicitaron al Gobierno destinar mayores recursos al organismo de seguridad integrado por militares y policías. “Históricamente se dice que la FTC llevó millones y millones, pero eso es mentira. El presupuesto que hoy tiene es de 8 millones de dólares mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) está gastando un total de 12 millones de dólares al año en seguridad”, dijo.

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Zavala manifestó que otro punto conversado con Peña se centró sobre los cambios de mandos que se producen dentro de la FTC. “Este es un tema no menor. Creo que tenemos que ir promocionado a la gente desde adentro en función a los méritos. Del propio cuero tiene que salir la correa, no se puede traer a outsiders, gente que no entienda. El inicio de la FTC fue complicado porque no se tenía institucionalidad, entonces que los procesos tengan continuidad en el tiempo debemos preservar”, comentó.

Por otra parte, se refirió sobre la decisión de las autoridades argentinas de retirar el estatus de refugiados políticos a los hermanos de la líder del EPP, Carmen Villalba. “Vemos como positivo, no son refugiados políticos, nunca les vi participando de unas elecciones en partidos políticos”, argumentó Zavala.