El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón; el ministro Gustavo Santander Dans, y la presidenta del Consejo de Administración de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, encabezaron el acto de la palada inicial de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Durante el acto simbólico, que representa un paso significativo para completar el complejo edilicio del Poder Judicial en dicha ciudad, el ministro superintendente Jiménez Rolón destacó la relevancia del proyecto como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema judicial en la Circunscripción de Central.

En su intervención, valoró el trabajo conjunto dentro de la Corte Suprema de Justicia, señalando que, sin el respaldo y la decisión de sus colegas ministros, esta obra no sería posible. Subrayó que este emprendimiento representa no solo una mejora en infraestructura, sino también el compromiso firme de la institución con las necesidades reales del sistema judicial y de la ciudadanía.

Asimismo, hizo mención a otras obras recientes, como el edificio judicial inaugurado en Capiatá y el significativo avance en la sede de Fernando de la Mora, invitando a los presentes a conocer la envergadura de estas construcciones, orientadas a dignificar la labor de magistrados, funcionarios y abogados.

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El ministro alentó a mantener la confianza en las instituciones, afirmando que “hay personas que trabajan por el país, convencidas del futuro del Paraguay”, destacando el rol de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al continuo impulso de acciones concretas en beneficio de todo el sistema de justicia.

La nueva sede judicial contará con una construcción de 4.140 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles: planta baja, primer y segundo piso, y azotea. Albergará tres Juzgados Penales de Garantías, un Juzgado Penal de la Adolescencia, dos Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, un Juzgado Laboral, dos Juzgados Civiles y Comerciales, y un Tribunal de Sentencia. La infraestructura ofrecerá condiciones dignas para magistrados, funcionarios y, principalmente, para los justiciables.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

El diputado Hugo Meza brindó informe sobre lo que se analizó en la mesa directiva de la Cámara Baja y mencionó que se fijó el orden del día para la sesión ordinaria del martes 27 de mayo. Se prevén tratar 18 puntos, entre ellos el proyecto de Ley de “Letrina Cero en las Escuelas”.

“Es un proyecto bastante interesante para que en 400 instituciones educativas se pueda ejecutar y terminar con las letrinas. Lastimosamente, estas instituciones tienen aún letrinas y se plantea una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación y Ciencias para reemplazarlos por sanitarios modernos”, explicó en conversación con varios medios de prensa.

Más allá de las cuestiones sanitarias que conlleva tener baños en precarias condiciones, es una cuestión de dignidad humana, dijo el diputado Meza. Indicó que no se puede exigir calidad en la educación, cuando ni si quiera cuentan con baños modernos saludables en las instituciones.

Adelantó que estarán acompañando esta iniciativa con mucha fuerza a fin de darle la sanción correspondiente y que pase al Ejecutivo para su promulgación, para que el MEC ejecute este mismo año un presupuesto de un poco más de 6 millones de dólares.

Indicó que las 400 instituciones están completamente mapeadas por distritos y departamentos para dar fin a las letrinas en el país.

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Por otra parte, señaló que estarán tratado en la ordinaria de la próxima semana la propuesta que crea el Registro Nacional de Pagarés. Destacó que es un proyecto sumamente importante, más aun teniendo en cuenta la larga lista de víctimas que se van conociendo a diario; a raíz que se conoció la verdadera mafia que se empotró en el Poder Judicial.

“Yo siempre he dicho, que uno de los Poderes del Estado que menos se aggiornó a los nuevos tiempos, un Poder Judicial completamente aplazado y de espalda a la ciudadanía y la mafia de los pagarés vino a desnudar lo más criminal que se puede llegar a ser desde un poder del Estado contra los ciudadanos más humildes y la gente trabajadora”, cuestionó.

Indicó que espera que este proyecto sea tratado y finalizado el próximo martes, durante la sesión ordinaria. “Lo más importante que contempla este proyecto es que permitirá contar con la trazabilidad desde el momento mismo de la emisión de los pagarés; y se podrá saber quiénes están detrás de estos grandes negociados, como se descubrió recientemente con esta mafia a través de los medios de prensa”, acotó.

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El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), teniente coronel Germán Aguilera, confirmó este miércoles que una célula del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra en la zona de Canindeyú.

Explicó que con las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, entre ellas imágenes en las cámaras filmadoras, se puede confirmar que se trata de esta agrupación criminal.

“En base a esos indicios, yo afirmo que efectivamente, en base a los indicios, en base a las pruebas encontradas una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo se encuentra operando en Canindeyú”, confirmó el vocero de la FTC al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aguilera detalló que ya se contaba con informaciones de inteligencia que indicaban que el grupo se encontraba en a zona de Canindeyú, lo que se terminó confirmando con el ataque de la subcomisaría de la colonia Ybyrarovaná el pasado 3 de mayo.

“Nosotros no instalamos la subárea de pacificación número 5 en vano, en base a informaciones previas de inteligencia y a la presión que recibían estos grupos en sus refugios originales, por San Pedro y Amambay. Tras la neutralización de uno de sus líderes buscaron un lugar seguro y que le proporcionara logística suficiente para poder sobrevivir. Estuvieron inactivos por más de un año”, detalló.

Indicó además que la FTC se basó en un análisis de inteligencia de que el EPP podría tener una célula que intentaba refugiarse en ese lugar, lo que fue confirmado, y razón por la cual la subárea de pacificación n.º 5 ha sido reforzada con más elementos de fuerzas especiales, “a fin de evitar que un mal, como el terrorismo, que esta gente que causó tanto daño a tantas familias en los departamentos de Amambay y San Pedro hagan lo mismo en este lugar con la gente de bien de Canindeyú”.

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