La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres por participar en la venta de una niña de dos años de edad por la suma de G. 5 millones. Las imputadas tienen 44 y 19 años, respectivamente. El Ministerio Público consideró que los delitos cometidos por las dos mujeres son por tráfico de menores y violación de la regla de adopción.
De acuerdo al acta de imputación, la joven de 19 años de edad es la madre de la niña de dos años, mientras que la mujer de 44 años es la presunta compradora que abonó al acto la suma de G. 5 millones.
Relata el Ministerio Público que la madre de la niña de dos años necesitaba de dinero, por ende decidió vender a su hija. Por su parte, la mujer de más edad se aprovechó de la situación de necesidad de la madre de la niña y le ofreció la mencionada suma de dinero para poder quedarse con la niña.
Los hechos se habrían registrado el pasado 19 de julio en la vivienda situada en Minga Guazú. La tía de la niña fue quien se acercó hasta la sede del Ministerio Público a radicar la denuncia contra las personas que están involucradas en el grave hecho.
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Se maneja la información de que la madre de la niña es adicta a las drogas y para poder deshacerse de su hija decidió venderla a una señora. La Fiscalía, con el acompañamiento de la Policía Nacional, realizó varios allanamientos, logrando así detener a las dos personas que hoy están imputadas en el presente caso.
Ahora ambas mujeres deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía donde se definirá si son remitidas a la cárcel de mujeres o son beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
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Minga Guazú: un grupo delictivo robó 150 máquinas de criptomonedas
La Comisaría 8ª de Minga Guazú intervino en un caso de supuesto robo de máquinas procesadoras de criptomonedas bitcoin, ocurrido en la madrugada de ayer en un depósito tipo tinglado, ubicado en el km 22 Monday, barrio San Miguel del distrito de Minga Guazú, a 8 mil metros del casco urbano de la citada ciudad. Fue víctima Isidro Bogado Ozuna (21), encargado del depósito.
Fueron 150 las máquinas sustraídas del lugar, siendo autores cinco personas que llegaron al lugar a bordo de un camión con carrocería y un automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, color gris, cuyos demás datos se desconocen. Según manifestó la víctima a los agentes policiales, ayer en la madrugada se encontraba en una pieza dentro del tinglado cuando llegó el grupo delictivo, atropelló el portón con el camión y el automóvil.
El encargado salió y se encontró con los desconocidos, con capuchas y quepis que, en tono amenazante, le indicaron que se tranquilice, porque ellos solamente fueron a buscar las máquinas. Aprovechando un descuido supuestamente de los asaltantes, el joven huyó del sitio escondiéndose en medio de los matorrales, teniendo en cuenta que el depósito está ubicado en una zona aislada, sin vecinos.
Una vez que cargaron todas las máquinas, el grupo de atracadores dejó el local. El joven no sufrió lesiones y hasta el momento nadie se presentó a realizar la denuncia formal con relación al hecho, ni tampoco fue informado sobre la identidad del propietario o propietaria del local de criptominería, según dijo a La Nación/Nación Media, el comisario Osvaldo Osorio, jefe de la Comisaría 8ª. de Minga Guazú.
Asimismo, mencionó que el joven encargado en ningún momento quiso contar quién o quiénes son los dueños del local de criptomonedas y solo se limitó en decir que los abogados se presentarán a formalizar la denuncia, pero no hubo nada de eso. El hecho fue comunicado al Ministerio Público.
“Muchas veces ocurrió que el problema es entre los propietarios de este tipo de negocios y en muchos casos, las máquinas tienen localizadores y los propietarios rápidamente ubican el lugar, para luego encargarse ellos mismos de recuperar la carga”, dijo el comisario Osorio, quien no descartó que en esta oportunidad haya ocurrido lo mismo, según informaciones preliminares al que accedieron.
Para los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) que suelen intervenir locales de conexión ilegal de granjas de criptomoneda, cuando no se formalizan las denuncias de robos, la sospecha es que tienen conexiones irregulares y prefieren evitar que la Fiscalía investigue el hecho. En lo que va del año 2024, son nueve intervenciones en granjas de minerías con conexiones ilegales, realizadas por la Fiscalía y la Ande en Alto Paraná, según el asesor penal de la entidad, abogado Fredy González.
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Fiscal indaga caso de alumno que tenía un cuchillo en su mochila
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En un colegio de Minga Guazú, un alumno de 15 años del primer año de la Educación Media llevó un cuchillo en su mochila, según pudieron ver sus compañeros de aula, que avisaron a la directora de la institución y la misma informó al personal de la Comisaría 8.ª. Ocurrió ayer 20 de junio a las 9:30 horas.
La licenciada Luz Velázquez Martínez, directora de la institución, relató a los agentes que el alumno se encontraba en el aula y en un momento dado sacó el cuchillo que tenía en su mochila, exhibiendo a sus compañeros, quienes rápidamente dieron aviso del hecho a la dirección.
Consultado por La Nación/Nación Media, el jefe de la Comisaría 8.ª, Osvaldo Osorio, explicó que estando en el colegio se les informó que, en realidad, el alumno sacó sus cuadernos de la mochila y fue en ese momento que sus compañeros vieron el cuchillo. El adolescente dijo a los agentes intervinientes que llevó el cuchillo de su casa para pelar naranja.
El hecho fue informado a la fiscal Cinthia Leiva quien dispuso la incautación del arma blanca y la entrega del adolescente a su madre. Dijo a La Nación/Nación Media que todavía no recibió el informe completo de la comisaría que intervino y que, una vez que lo tenga, convocará a las personas involucradas, tanto de la institución como al alumno y su padres.
De acuerdo al marco instructivo del Ministerio de Educación y Ciencias, en los reglamentos de escuelas y colegios deben preverse la prohibición que los alumnos ingresen a la institución con todo tipo de objeto punzante que represente un peligro y no sea parte de tareas previstas en el plan curricular.
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“El Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos suficientes”, lamentó abogada
La abogada María Victoria Rivas, que dirige la organización civil Centro de Estudios Judiciales, habló sobre las labores en investigaciones de hechos de corrupción. Destacó la necesidad de potenciar las herramientas del Ministerio Público para aplicar medidas más determinantes sobre dichos hechos en políticos.
“No podemos seguir encontrando intendentes y gobernadores metidos en la corrupción y que después vuelven a ganar elecciones. Esto es como un contrasentido, entonces no existen instituciones, fiscales ni jueces con posibilidad de combatir la práctica existente de que nos encanta votar por corruptos”, dijo.
Puntualizó que, con la indignación ciudadana sobre los hechos de corrupción, se debe trabajar para construir una mejor sociedad, no reducir todo únicamente a expresiones de molestias y no utilizar las insatisfacciones como una herramienta civil que brinde al ciudadano un rol activo en la reconstrucción de la justicia.
“De alguna forma hay que generar una mejor cultura cívica, con mejor capacitación o enseñando a la gente cómo votar, pero si no construimos ciudadanía, no vamos a encontrar recursos estatales suficientes para contrarrestar la corrupción”, lamentó para el programa “El Péndulo”, por Unicanal.
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El rol del Ministerio Público
Rivas remarcó que un proceso vinculado al crimen organizado o delitos económicos y financieros necesita de apoyos técnicos para la trazabilidad de los bienes y determinar pericias. Además, los profesionales especializados en el tema son costosos, sobre lo cual se dejaría entrever ciertas falencias presupuestarias.
“El Ministerio Público no cuenta con los recursos económicos suficientes como para llevar adelante investigaciones de alta complejidad, lo que se denomina ahora como crimen organizado”, especificó, a través de un ejemplo de los montos reales que deben destinarse para determinados casos.
Es decir, lo ideal sería que la Fiscalía gaste cerca de G. 650 millones como mínimo para la resolución de un caso de alta complejidad, mientras que en contrapartida solo gasta cerca de G. 2.800.000 por caso, de acuerdo a los propios datos presupuestarios publicados por el Ministerio Público.
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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