Se inició la audiencia preliminar y el Ministerio Público ratificó su acusación y pedido de juicio oral y público contra el expresidente de Conajzar José Antonio Ortiz acusado por lesión de confianza por la adjudicación irregular de explotación de juegos de azar y legalización de tragamonedas. La diligencia judicial se llevó a cabo ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
El fiscal Alcides Corbalán fue quien se ratificó en la acusación del Ministerio Público contra Ortiz. Por su parte la defensa del expresidente de la Conajzar solicitó el sobreseimiento provisional.
La audiencia prosigue este jueves, cuando el juez Humberto Otazú decida si José Antonio Ortiz estará sentado o no en el banquillo de los acusados por los mencionados hechos punibles que acusó la Fiscalía.
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Desde el Ministerio Público mencionaron que cuentan con elementos probatorios para sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza. Del mismo modo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El presente caso ya se suspendió en varias oportunidades por recusaciones que se presentaron contra el magistrado Otazú, quien fue confirmado en su momento por el Tribunal de Apelación.
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Fiscalía imputa a destituido intendente de CDE, Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza
El Ministerio Público imputó hoy martes al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, y declaración falsa para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña de G. 311 millones. Esta es la tercera imputación que recae sobre el exjefe comunal.
De acuerdo a la argumentación reportada por los agentes fiscales, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, el daño con varios proyectos que no se llegaron a ejecutar supera los G. 311 millones.
El Ministerio Público menciona que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habría desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que no fueron realizados.
Además de Prieto, igualmente fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario de la Municipalidad de Esteña; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la subcomisión de Apoyo a voluntarios de Ollas Populares y Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la subcomisión de Ollas Populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión de la Olla Popular, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Paola Martínez.
De acuerdo al escrito de imputación, los hechos se registraron durante el año 2020 en plena pandemia del Covid-19
Corte destrabó procesos
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había destrabado la semana pasada el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza por un perjuicio millonario.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.
El pasado 19 de agosto, con una amplia mayoría los diputados destituyeron a Prieto, tras constatarse mediante la fiscalización del economista Ramón Ramírez, las graves irregularidades que fueron detectadas inicialmente por la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.
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Nueva denuncia contra Prieto por presunta lesión de confianza: lo acusan de manipulación en mensura judicial
Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron en la fecha una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas.
Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos.
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“Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.
Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde. Indicó que estas fincas colindan con el Río Acarahy, y si bien el río tiene un resguardo de 150 metros de espacio público, a partir de esa distancia comienza la ubicación de los mojones que corresponde a las fincas citadas.
Cien hectáreas menos
Mencionó que a lo largo de la periferia de estas dos fincas se han restado 200 metros a lo largo de 4 kilómetros aproximadamente; lo que representaría un total de 100 hectáreas más o menos de lo que les estaría faltando de la mensura real que corresponde a las 755 ha.
Indicó que nunca tuvieron una explicación por parte de la Municipalidad, ni de la Junta Municipal sobre el motivo de esta modificación de las medidas, por lo que desde hace tiempo venían exigiendo alguna explicación.
“Nosotros realmente llevamos más de 30 años peleando por estas tierras, que están todas ocupadas, serían como 3.000 familias aproximadamente, contando con 20 familias por hectáreas. Hasta ahora, lo único que tenemos es la ley que nos ampara la 35/90, que expropia a favor de la municipalidad de Ciudad del Este estas 755 hectáreas y que la municipalidad debe entregar a título oneroso”, comentó.
Rubén Peña mencionó además que el daño patrimonial sería de UDS 100 millones, calculando 1 millón de dólares por hectárea en un cálculo estimado en la tasación más baja del valor de la tierra.
En tanto, la presidenta de Asoley 35/90 Sara Peña remarcó que la lucha no es de ahora solamente, ya que lleva más de 30 años peleando por la tenencia del título. “Acá no se trata de que son una o dos familias afectadas, hay miles de familias que tiene casa propia, que están siendo afectadas por esta modificación. La cuestión es simple que se haga cumplir la ley, la cual nadie está queriendo respetar”, acotó.
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Juez otorgó medidas alternativas a extitular del Senave, imputado por cohecho pasivo y otros
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó la libertad ambulatoria al extitular de Senave, Pastor Soria, en el proceso penal abierto por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero en el marco de la investigación por supuestos pagos para que provean un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), que permite la importación de productos.
El magistrado resolvió que el imputado tiene prohibido salir del país, así como una fianza de G. 300 millones y en caso de incumplir con las medidas se podría revocar las mismas y ordenar su prisión.
El presente proceso penal se inició tras la denuncia presentada por la presidente de ASICOPACE, quien mencionó una presunta red de corrupción dentro del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), en la que funcionarios exigían pagos ilegales a cambio de expedir certificados fitosanitarios obligatorios para la importación de productos frutihortícolas.
En la investigación fiscal -entre diciembre del 2023 y abril del 2024- los importadores de papas, cebollas y tomates, rubros clasificados como “sensibles”, enfrentaron demoras injustificadas en la obtención de las AFIDI, a pesar de que su costo oficial es de apenas G. 17.715.
Estas trabas, sin explicación técnica, eran seguidas por llamadas y visitas de funcionarios del SENAVE y terceros ajenos a la institución, quienes, con pleno conocimiento de los datos ingresados por los importadores en la Ventana Única de Importación (VUI), exigían pagos de hasta G. 10 millones por cada AFIDI para destrabar el proceso.
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