En solo un día, tres hombres perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en el departamento de Misiones; dos de ellos eran personas jóvenes que transitaban en sus respectivas motocicletas y en ambos casos estaban involucrados vehículos de gran porte.

El primer fallecido fue identificado como Francisco Giménez Alonso, de 55 años, quien se encontraba caminando en horas de la madrugada por una de las calles de la ciudad cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad lo embistió. Tras el lamentable hecho, el conductor se dio a la fuga.

Si bien la víctima fue trasladada hasta el Hospital Distrital, donde recibió atención médica, horas después se reportó su fallecimiento a causa de las graves lesiones que sufrió por el impacto. Hasta el momento, la Policía trabaja en identificar y encontrar al conductor de la camioneta.

Podés leer: Senabico destina 50 % de las subastas a proyectos de rehabilitación de adictos

A solo horas de este hecho, se reportó otro accidente, esta vez sobre la Ruta PY 01 en la zona de San Juan Bautista; en este caso, el fallecido fue identificado como Hernán Salvador Amarilla Benítez, de 29 años, domiciliado en la compañía Mburikareta.

El joven habría estado circulando a bordo de su motocicleta cuando, aparentemente, la cercanía de un camión de cargas hizo que perdiera el control del biciclo y terminó cayendo al asfalto, siendo aplastado por el vehículo de gran porte y falleciendo de manera instantánea.

El tercer accidente se cobró la vida de un joven personal militar identificado como Fabián Llano Herebia, de 28 años, quien transitaba a bordo de su motocicleta cuando repentinamente terminó impactando contra un repartidor que realizó un giro sin la debida precaución en la ruta.

No obstante, se siguen investigando las circunstancias en que se habría dado el hecho, ya que no se sabe si algún problema mecánico había hecho que el joven acelere o si el camión involucrado frenó de manera abrupta, provocando el impacto.

Lea también: Edición “Sin Fronteras” de Feria Palmear honrará a comunidades migrantes

• Caracas, Venezuela. AFP.

Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.

La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.

El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.

Lea más: Nuevas tarifas de internet causan descontento en Cuba

“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.

En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.

Lea también: EE. UU. sanciona a seis narcos por traficar toneladas de cocaína vía Guyana

El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.

El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.

La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.

En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.

La nueva edición de la rueda de negocios, que se llevó a cabo en el marco del programa Hambre Cero, cerró con aproximadamente G. 23.343 millones en intenciones de negocios en Paraguarí. Ganaron protagonismo los productos frutihortícolas, de panadería y empaquetados.

La actividad reunió a 66 organizaciones, de las cuales el 27 % corresponde a mipymes y el 73 % a la agricultura familiar. Estos participantes provinieron de diversos distritos del departamento de Paraguarí, así como también de Asunción y Fernando de la Mora, departamento Central.

El Viceministerio de Mipymes informó que en 39 reuniones se registraron intenciones de negocios por aproximadamente Gs 23.343 millones, que incluyen principalmente la compra de insumos frutihortícolas, productos de panadería y chipería, productos empaquetados de almacén (fideos, aceite, arroz, entre otros). Asimismo se sumaron otros servicios y bienes de la cadena, como postres, lácteos y derivados.

Leé más: Industria de oleaginosas procesó un millón de toneladas al cierre del primer cuatrimestre

Por otro lado, durante la jornada, se brindaron 27 asistencias técnicas para la formalización de mipymes y productores familiares, promoción de la inclusión financiera e informaciones sobre registros relacionados al sector de alimentación y de la producción.

Con estas actividades, se busca dinamizar la economía de las comunidades y además garantizar que los alimentos que llegan a las escuelas provengan de pequeños productores locales, cumpliendo así con los objetivos del Hambre Cero.

Además, se busca conectar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a los productores de la agricultura familiar con los proveedores del programa nacional de alimentación escolar.

Las firmas adjudicadas tienen porcentajes de compra establecidos por decreto: 5 % para las mipymes y 10 % para la agricultura familiar.

La articulación interinstitucional movilizó a más de 40 técnicos de diversas OEE, encabezadas por la Gobernación de Paraguarí a través de sus Secretarías, los Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) y las Agencias Locales de Asistencia Técnica (ALAT) de la DEAg-MAG.

Estuvieron además representantes del CAH, BNF, DNIT, IPS, Dinavisa, Senave, Senacsa y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, filial Paraguarí.

Te puede interesar: Carne porcina paraguaya busca marcar presencia en el sureste asiático

El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.

Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.

Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.

Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.

 “La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.

Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.

Podes leer: Caso María Fernanda: imputada no fue aceptada en el Buen Pastor