El juez especializado contra el Crimen Organizado Gustavo Amarilla decretó la inhibición general de enajenar, gravar y vender bienes, además del bloqueo e inmovilización de cuentas corrientes, cajas de ahorro o depósitos de dinero u otros productos financieros que existiesen en entidades bancarias y financieras y que pertenezcan al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
El Ministerio Público sostiene que por más que Pavão no está imputado se deben bloquear los bienes con que cuenta en territorio de nuestro país, debido a que estos serían producto de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes y que estarían ligadas a una organización criminal liderada por el recluido en Brasil. Con la presente resolución judicial, los bienes de Pavão no se podrán vender ni transferir. Igualmente los inmuebles pasarán a ser administrados en los próximos meses por la Senabico.
En el marco del operativo Pavo Real se realizaron varios allanamientos a numerosos establecimientos ganaderos que pertenecen al narcotraficante recluido en Brasil. Debido al operativo llevado a cabo por el Ministerio Público se presentaron varias imputaciones.
Entre las personas imputadas está Nair Chimenes, madre de Jarvis Chimenes Pavão; Tallessa Ariany Santos da Silva Pavão, pareja de Pavão; Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, brasileño, hermano de Jarvis Chimenes. Igualmente fueron imputados Luan Pavão Nascimento y Suellen Monique Martinez Pavão, ambos paraguayos; hijos de Pavão y Juan Leandro Marques Alvarenga, yerno de Jarvis.
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Filicidio en Itauguá: autopsia confirma muerte por asfixia
En la tarde de ayer sábado se reportaba el hallazgo de los cuerpos de una mujer y sus dos hijos, un niño de 7 años y un bebé de 10 meses, en el interior de su vivienda ubicada en la compañía Mboi’y de la ciudad de Itauguá. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial.
Tras la autopsia de los tres cuerpos, el médico forense Pablo Lemir confirmó que no existe rastro en los cuerpos de que una tercera persona haya estado involucrada en el deceso de la familia.
“Los tres fallecen por asfixia mecánica por ahorcadura. Existen rastros visibles de lesiones, en especial en los niños; en el caso del pequeño de 10 meses, se confirma que hubo agresiones previas a la muerte producto de un arma blanca en el antebrazo izquierdo, donde hizo 4 cortes. Mientras que el menor de 10 meses cuenta con hematomas post mortem”, indicó el médico en conversación con el canal de noticias C9N.
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En cuanto a la inspección del cuerpo de la madre, el forense aseguró que, además de la marca de ahorcadura, no contaba con rastros ni defensivos ni ofensivos en su cuerpo. No obstante, se le tomaron muestras para las pruebas toxicológicas, de manera a acotar estos resultados a la carpeta fiscal.
Lemir explicó que en el caso del menor de 7 años, los cortes, si bien uno de ellos era profundo, no habría lesionado ninguna arteria y no habría producido una fuerte hemorragia, mientras que en el caso del bebé, el mismo se habría lastimado cuando sufría una convulsión derivada de la asfixia.
Remarcó que los rastros de cortes en uno de los niños podrían abrir la hipótesis de que la madre habría intentado quitarle la vida al pequeño practicándole los cortes, pero que finalmente tomó la decisión de asfixiarlos.
Respecto a la asfixia, el médico forense explicó que no es una muerte inmediata, sino que se tarda unos minutos, dependiendo de la capacidad pulmonar de cada individuo, dándose primero un desmayo y, posteriormente, una convulsión antes del deceso.
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Legisladores apuntan a la cooperación internacional para dilucidar el caso Abdooffshore
El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.
El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.
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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.
El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.
“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.
Investigación confiable
El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.
“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.
“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.
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Acusan al exdiputado Ozorio por supuesto abuso sexual a una niña
La familia de una menor acusó al exdiputado Juan Carlos Ozorio por supuesto abuso sexual. El hecho habría ocurrido en una quinta en Ypacaraí, perteneciente al exparlamentario, el 25 de agosto del 2020 y la denuncia se radicó en abril del 2021, según el abogado querellante, Renato Ortiz.
“Pasaron muchas cosas, realmente, como todos sabemos este señor es una persona con bastante poder político y económico, y también peligroso, implicado en causas un poco oscura. Y hubo mucho temor de por medio de la familia”, relató a la 1020 AM.
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El representante legal de la víctima recordó que el 27 de junio de este año presentó la acusación en contra de Ozorio por el hecho punible tipificado en el artículo 135 A del Código Penal Paraguayo que habla sobre el abuso sexual en niños.
“La víctima en ese momento en que ocurrieron los hechos tenía nada más 9 añitos, era totalmente una persona inocente. El hecho ocurrió en la quinta de Ozorio ubicada en la ciudad de Ypacaraí, cuando la mamá de la víctima fue a prestar algunos trabajos domésticos”, mencionó.
Según manifestó, mientras la madre trabajaba la hija quedaba dentro de una habitación del establecimiento. “Un rato después el señor Ozorio ingresa a la habitación donde estaba la nena y fue el momento donde ocurrió el abuso”, mencionó.
El abogado dijo en todo momento que por parte de la familia había mucho temor en accionar contra el presunto abusador. “Pero lo importante es que acusamos nosotros tanto la Fiscalía también y ya solicitamos que esto se eleve a juicio oral y público”, acotó.
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Subastan bienes del Colegio de Escribanos ante deuda multimillonaria con la Corte
La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.
Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.
Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.
La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.
Juicio de rendición de cuentas
En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.
Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.
La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.
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