El juez de Delitos Económicos José Delmás se opuso a una leve condena de solo dos años de cárcel para los líderes camioneros Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Vicente Medina, Juan Friedelin y Julio César Solaeche, acusados en el caso de extorsión por solicitar la suma de USD 1 millón para evitar cortes de ruta en todo el país.
Con la resolución del citado magistrado quien le dio el trámite de oposición, será el fiscal general del Estado quien tendrá la última palabra y dictaminar si se ratifica en la acusación fiscal o se hace lugar a la leve condena solicitada por la defensa de los procesados.
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Al inicio de la audiencia la defensa de los acusados solicitó al Juzgado la salida de procedimiento abreviado con una condena de solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, lo que se evitará ir a un juicio oral. Ante este pedido la Fiscalía se allanó a dicha salida pero el magistrado Delmás no estuvo de acuerdo y decidió dar trámite de oposición. La determinación del magistrado Delmás se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia.
Denuncia
De acuerdo a publicaciones de La Nación, la denuncia contra los hoy imputados fue realizada por el ministro del Interior, Federico González, quien pidió el apoyo del Ministerio Público porque estaba siendo objeto de extorsión de parte de los detenidos, quienes exigían al secretario de Estado la suma de USD 1 millón para no continuar con el cierre de rutas en el país. Mediante una entrega vigilada, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura de los hoy imputados.
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Caaguazú: condenaron a un hombre por explotación clandestina de juegos de azar
Un tribunal colegiado del departamento de Caaguazú condenó esta semana a un hombre por la explotación de juegos de azar en forma clandestina. Se trata de la primera condena por este delito y la sentencia definitiva indica que debe cumplir pena privativa de libertad por un periodo de un año y medio.
La denuncia fue realizada en el año 2018 y fue cotejada por un funcionario de la Conajzar, quien comprobó que el acusado Diego Amarilla Lugo realizaba la explotación comercial de juegos de azar en la modalidad rifas sin la aprobación de la municipal respectiva. En este caso, el hombre vendía rifas en la capital del citado departamento violando la Ley 16/97.
“En este caso estamos hablando de que este hombre vendía rifas comerciales para generar ganancias. Diego Amarilla tenía más de 30 personas que eran corredores que vendían las rifas, la novedad es que no tenía permiso del lugar donde estaba desarrollando esta actividad”, explicó Carlos Liseras, titular de la Conajzar, en entrevista con “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
Confirmó que estas personas salían a las calles y vendían rifas denominadas “Pukavy”, que supuestamente era sorteada al finalizar el día, pero nunca se tuvo la certeza si realmente había ganadores. “No sabemos si entregaba o no los premios respectivos y no sabemos cuándo inició esta actividad. Lo que sabemos es que tenía una estructura bien formada para engañar a los apostadores”, señaló.
Liseras apuntó que desde la institución tomaron conocimiento sobre el caso luego de que recibieron denuncias sobre la actividad que realizaba el hombre. “Cuando las rifas se realizan en el ejido de un municipio la autoridad competente para expedir la autorización son las comunales. Si es de tirada nacional necesariamente necesita permiso de la Conajzar”, aclaró.
Habló de la Ley 4716/2012 que establece una pena privativa de hasta cinco años de cárcel para las personas que se dedican a explotar clandestinamente los juegos de azar. “La actividad clandestina es aquella realizada por inescrupulosos que no tienen el permiso de la autoridad competente. Se tienen juegos clandestinos en todo el país como las tragamonedas que afecta a todo el país”, sentenció.
Afirmó que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios afectan seriamente la salud de los niños y adolescentes que tienen acceso a las mismas. “Ya solicitamos a los intendentes en forma imperiosa y urgente que realicen las incautaciones, porque son un daño tremendo a los menores de edad y los convierte en jugadores compulsivos”, puntualizó.
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Expresidente de Honduras podría ser condenado a cadena perpetua
Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su condena este miércoles. Un jurado popular lo declaró culpable el pasado 8 de marzo de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una condena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovanny Fuentes.
En una audiencia programada para este miércoles a las 11:00 (15:00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena. En un intento de evitar una condena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.
No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.
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Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”, sostuvo. En la misma causa, están coacusados el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
“Soy inocente”
“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras. La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. “La Fiscalía y los agentes no actuaron con la diligencia debida en la investigación para conocer toda la verdad”.
En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado. También recuerda que su gobierno “colaboró y coordinó” la lucha contra el narcotráfico con “diferentes instituciones y agencias del gobierno estadounidense” y fue recibido en la Casa Blanca por los presidentes de turno.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la Fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Dinero del Chapo
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP
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EE. UU. confía en que asamblea de OEA en Asunción condene a Nicaragua
El embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, declaró este jueves que espera que la OEA cumpla su promesa de que “no abandonará al pueblo nicaragüense” adoptando una resolución contra Nicaragua durante su asamblea general.
Los países miembros de la OEA están debatiendo los textos de las resoluciones que someterán a votación en la asamblea general prevista del 26 al 28 de junio en Paraguay. Nicaragua, que dejó formalmente de ser miembro de la organización hace siete meses por petición del mandatario Daniel Ortega, acaparará una vez más el foco en la asamblea general.
“Confío mucho en que la asamblea general adoptará una resolución muy fuerte sobre Nicaragua”, declaró Mora en rueda de prensa en Washington. El texto denunciará los “continuos abusos y violaciones de los derechos políticos civiles más básicos” y de “los derechos humanos”, dijo.
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Además instará a Ortega a “respetar” los tratados de derechos humanos y recalcará que la OEA “no ignorará, descartará o descuidará lo que está sucediendo en el país, no abandonará al pueblo nicaragüense y continuaremos arrojando luz sobre los abusos”, insistió. “Verán un lenguaje fuerte que refleja, estimo, la indignación que creo que muchos de nosotros sentimos por lo que está sucediendo en ese país”, adelantó.
La situación del país con la comunidad internacional se ha tensado por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente. El embajador también considera “muy probable” que se adopte una resolución sobre Haití, inmerso en una profunda crisis, para apoyar al país “no sólo desde la dimensión de seguridad, sino también desde la humanitaria”.
La 54ª asamblea general de la OEA, la última de Luis Almagro como secretario general, se enfoca en cuatro áreas: la defensa de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, explicó Mora. La prioridad de Estados Unidos es “fortalecer esta institución” pese a sus “desafíos” porque es una plataforma “única e importante” para abordar problemas trasnacionales, afirmó.
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Mora también expresó su preocupación por Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. “Nos preocupa que la Unión Europea no tenga observadores en las elecciones” después de que el mandatario Nicolás Maduro les retirara la invitación, afirmó.
“Es importante que no seamos ingenuos sobre la situación en Venezuela”, donde aumentan los arrestos de personas que apoyan al opositor Edmundo González, principal rival de Maduro, quien aspira a un tercer mandato. “La comunidad internacional debería seguir presionando a Maduro para que celebre unas elecciones justas y creíbles en ese país”, concluyó Mora.
Fuente: AFP.