La fiscal Yrides Ávila confirmó a Nación Media la apertura de una investigación contra el exdiputado Orlando Arévalo por varios hechos punibles. En este momento, el Ministerio Público está abocado en poder recolectar informaciones y afirmó que habrá bastante prudencia en todo lo relacionado con los chats en los que se vio envuelto el exlegislador.

“La denuncia es recibida en la Fiscalía de Lambaré en fecha 10 de febrero y a partir de esa ahí empezamos a impulsar las diligencias para ir averiguando el contexto de los hechos que se denunciaron”, manifestó la agente del Ministerio Público en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

En este sentido, mencionó que a partir de la denuncia, se realizó una convocatoria a Arévalo para prestar declaración, no obstante este concurrió y se justificó, señalando que ya tenía cuestiones laborales establecidas con anticipación y que esto le impedía acudir a la cita. En total son seis los hechos punibles que le adjudican al exdiputado.

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Lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes son los delitos en los que habría incurrido a Arévalo, por lo que la Fiscalía iniciará solicitando informes a diversas instituciones de modo a avanzar en la investigación y aportar mayor información al expediente.

“En su momento será valorado por el Juzgado (los chats) y nosotros como Fiscalía también ofrecer aquellas pruebas dentro de lo que sea lícito. En este momento la denuncia tiene un amplio espectro donde mezclan situaciones que yo entiendo ya fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público a través de un órgano jurisdiccional, entonces es importante determinar y delimitar cuáles son los hechos que van a ser investigados por una y otra Fiscalía”, expuso.

Asimismo, indicó que se debe tener la prudencia necesaria con relación a las acusaciones que se hacen por los medios de comunicación y la investigación de concentrarse en los hechos concretos que van a ser identificados en medio de la pesquisa. “De hecho, en la información que presenta de forma primaria se mezclan todos los hechos y se relatan, y de alguna manera están conectadas, pero hay que delimitar los hechos punibles que corresponden a esta Fiscalía”, aclaró.

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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del diputado Orlando Arévalo, indicó que fue notificado por la Fiscalía que no existe ningún proceso penal en contra del legislador, por el caso de los chats filtrados que contenían en teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Duarte Cacavelos explicó que se presentó ante el Ministerio Público, con la carta poder firmada por el diputado para tomar intervención en el caso, solicitar el reconocimiento de la personería jurídica como defensor y la copia de la carpeta fiscal, donde se comunica que no existe la causa.

“Los agentes fiscales me notificaron que no me van a reconocer como personería jurídica, no me van a dar copias porque ellos dicen que no existe una persecución penal dirigida a Orlando Arévalo”, afirmó en entrevista para la 1020 AM este jueves.

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En consecuencia, se reunió con el legislador a quien informó sobre esta situación y explicó que esto debe comunicar a la Cámara de Diputados. “Le expliqué que acá tenemos una situación que nos obliga a tomar una decisión, si consentimos esta posición de los agentes fiscales entonces él debería comunicar esto a la Cámara de Diputados porque formalmente nos dicen que no existe por qué renunciar y someterse a ningún proceso penal porque no nos van a dar intervención”, refirió.

Recordó que la nota de renuncia presentada por Arévalo, se originó por la denuncia realizada por el juez Osmar Legal, sin embargo, al ser notificado que no existe tal causa, cambiaría la situación de Arévalo en la instancia legislativa.

“La renuncia presentó para someterse a esa causa que generó la denuncia de Osmar Legal y la Fiscalía dice que esa causa no está abierta todavía dirigida a Arévalos. Es una cuestión política (aceptar la renuncia), que se debe evaluar políticamente, yo digo que jurídicamente a mí me notifican de lo que se denuncia que existe, no existe, eso es lo que tenemos en el plano procesal y él tiene que tomar decisiones en base a eso, porque hoy básicamente no tengo trabajo que hacer porque según los fiscales no le están investigando”, sentenció el abogado.

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El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, indicó que el Ministerio Público sigue aguardando el acceso a la pericia del teléfono del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto de 2024. Sostuvo que la filtración de supuestos chats es preocupante e insistió que los fiscales designados para la investigación de la muerte del legislador accedan a estos materiales, informó la periodista Angélica Giménez de Nación Media.

Rolón dijo que los fiscales no participaron de la desgrabación de las conversaciones de Gomes con sus contactos, que están siendo publicados en determinados medios de comunicación. “Esa es la queja generalizada, todos nosotros nos desayunamos a través de la información de ustedes (los medios). Mientras no tengamos la información completa, probablemente tengamos una visión parcializada”, expresó.

El fiscal general dijo a los medios de comunicación: “Pregúntenle al juez (por qué no entrego los datos). En este caso, el juez se apropió de las evidencias esenciales y distribuyó para la desgrabación, no se olviden que esa es una emanación del poder judicial en el cual también somos nosotros parte peticionante y requiriente, pero el que dispone finalmente es el juez (Osmar Legal)”.

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Por otra parte, el titular de la Fiscalía manifestó que desde que se hicieron públicas las conversaciones filtradas, el pasado viernes, el Ministerio Público fue la primera institución que dio respuestas inmediatas, rápidamente, creando un equipo de trabajo y remitiendo el caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Finalmente, Rolón pidió prudencia a los medios de comunicación y afirmó que el Ministerio Público realizará las investigaciones que correspondan. “Nadie está exento a ser investigado y tampoco hay limitación. Alguien filtró la información, yo no estoy culpándole a nadie, simplemente digo, espérennos a conseguir toda la información”, sentenció.

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Al menos cinco allanamientos simultáneos a juzgados de paz en Asunción se ejecutaron esta mañana. El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, llevó adelante los procedimientos en el marco de la investigación del caso conocido como “la mafia de los pagarés”.

El primer lugar al que llegó la comitiva fiscal fue al juzgado de La Encarnación, situado en las calles Isabel la Católica casi Mariano Roque Alonso, de la ciudad de Asunción. Allí se encuentra trabajando la jueza Analía Cibils, quien surgió como principal implicada en la investigación. El operativo en dicho punto estuvo a cargo de la fiscala Belinda Bobadilla.

De manera simultánea, fueron allanados también los juzgados de La Catedral 1.°, con la participación de la fiscal Luz Guerrero; el de La Catedral 2.° Turno, por el fiscal Leonardi Guerrero; el juzgado de San Roque, quedando a cargo del operativo el fiscal Jorge Arce; y también el juzgado de La Recoleta, donde tomó intervención la fiscal Natalia Silva.

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En conversación con los medios de prensa, la fiscal Belinda Bobadilla detalló que durante las intervenciones se procedió a la incautación de teléfonos celulares, en específico de varios actuarios judiciales, expedientes judiciales que fueron detectados en una auditoría impulsada por la Corte Suprema de Justicia y otros documentos relacionados con los casos denunciados por las víctimas de este esquema.

El caso conocido como “mafia de los pagarés” se centra en una serie de denuncias sobre cobros compulsivos por parte de casas comerciales, financieras y centros de cobros tercerizados que llegaban a instancias judiciales donde se impulsan inclusive juicios con aparente ayuda de jueces, actuarios y funcionarios judiciales, pese a que en muchos de los casos las deudas ya fueron saldadas.

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