El presidente electo, Santiago Peña, designó a la fiscal Liliana Alcaraz como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La misma estaba investigando e inclusive realizó una constitución al banco Atlas en el marco de la investigación por lavado de dinero debido a que el expresidente de la Conmebol, el fallecido Nicolás Leoz, realizó sistemáticos depósitos de dinero pertenecientes al fútbol sudamericano en la mencionada entidad bancaria, sin que los entes de control se percataran de dicha situación.
El anuncio de la nueva designación lo dio el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, a las afueras de la residencia de Peña luego de reunirse con el presidente electo.
La investigación contra el banco Atlas por el presunto esquema de lavado de dinero estaba siendo guiada por Alcaraz, quien inclusive realizó una constitución en la citada entidad bancaria con su colega Francisco Cabrera a los efectos de poder recolectar más documentos de prueba.
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La denuncia que se había hecho en principio fue que Leoz se quedó con USD 53 millones de la Conmebol y la administración de Alejandro Domínguez estaba abocada a recuperar ese dinero, en 2019 se logró recuperar USD 16 millones de esa plata y las hijas de Leoz dieron autorización a que la Conmebol retire el dinero de dos cuentas que tenía su padre en el banco Atlas y que fue fruto del escándalo de FIFAgate.
Nicolás Leoz era amigo de Aldo Zuccolillo, dueño del banco, y por esa razón el dinero lo guardaba ahí, es por eso que la Justicia apunta a Atlas para su investigación. Las pesquisas demostraron que el dinero desviado de la Conmebol fue a parar al banco de los Zuccolillo.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.
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Senado aprueba proyecto que declara preocupación sobre el caso Banco Atlas – Conmebol
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este martes en sesión ordinaria el proyecto de declaración “que manifiesta preocupación por la falta de pronunciamiento sobre la recusación planteada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la causa vinculada a hecho punibles de lavado de activos, conocida públicamente como ´Banco Atlas – Conmebol – Leoz´”, a pedido del senador Dionisio Amarilla.
“La prevención y el combate del lavado de activos constituyen compromisos de especial relevancia para el Estado paraguayo, particularmente cuando se investigan operaciones realizadas a través del sistema financiero. Su cumplimiento requiere no solo de un marco normativo adecuado y de controles eficaces, sino también de instituciones capaces de investigar, procesar y resolver las causas penales con respeto de las garantías de las partes y dentro de los plazos responsables”, señala la exposición de motivos en el documento.
Así mismo, señala que “resulta preocupante el tiempo transcurrido sin pronunciamiento sobre la recusación planteada ante al Sala Penal. La resolución del incidente interesa tanto a las partes, que tienen derecho a una decisión sobre sus planteamientos, como a la regular prosecución del proceso penal”, y agrega que “esta preocupación no desconoce la recusación como garantía procesal ni anticipa juicio alguno sobre su procedencia”.
En su artículo 3.° el documento deja constancia que con esta declaración “expresa una preocupación institucional por los efectos de la demora”, mientras tanto se aclara que “no constituye una valoración sobre la procedencia de la recusación, sobre la responsabilidad penal de persona alguna ni sobre el sentido en que deba pronunciarse la Sala Penal, cuestiones reservadas a los órganos jurisdiccionales competentes”.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.