El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 26 y 27 de julio la audiencia preliminar para el expresidente de la Conajzar José Antonio Ortiz y otros acusados por lesión de confianza, en el marco de la adjudicación de la explotación de juegos de azar en forma irregular y la legalización de tragamonedas.
El magistrado citó a los procesados luego de que el Tribunal de Apelación resolviera confirmar la competencia de Otazú. En el presente caso se debe analizar si se eleva a un juicio oral y público.
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Los procesados en la presente causa formaban parte del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas y de otros juegos de azar.
Desde la Fiscalía también adelantaron que van a sostener la acusación y el pedido de juicio oral y público para el extitular de la Conajzar José Ortiz. Sostienen que cuentan con suficientes elementos de prueba para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Una vez que se decida si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público se tendrá que sortear el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Ortiz y los demás procesados por lesión de confianza.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.
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Nueva denuncia contra Prieto por presunta lesión de confianza: lo acusan de manipulación en mensura judicial
Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron en la fecha una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas.
Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos.
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“Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.
Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde. Indicó que estas fincas colindan con el Río Acarahy, y si bien el río tiene un resguardo de 150 metros de espacio público, a partir de esa distancia comienza la ubicación de los mojones que corresponde a las fincas citadas.
Cien hectáreas menos
Mencionó que a lo largo de la periferia de estas dos fincas se han restado 200 metros a lo largo de 4 kilómetros aproximadamente; lo que representaría un total de 100 hectáreas más o menos de lo que les estaría faltando de la mensura real que corresponde a las 755 ha.
Indicó que nunca tuvieron una explicación por parte de la Municipalidad, ni de la Junta Municipal sobre el motivo de esta modificación de las medidas, por lo que desde hace tiempo venían exigiendo alguna explicación.
“Nosotros realmente llevamos más de 30 años peleando por estas tierras, que están todas ocupadas, serían como 3.000 familias aproximadamente, contando con 20 familias por hectáreas. Hasta ahora, lo único que tenemos es la ley que nos ampara la 35/90, que expropia a favor de la municipalidad de Ciudad del Este estas 755 hectáreas y que la municipalidad debe entregar a título oneroso”, comentó.
Rubén Peña mencionó además que el daño patrimonial sería de UDS 100 millones, calculando 1 millón de dólares por hectárea en un cálculo estimado en la tasación más baja del valor de la tierra.
En tanto, la presidenta de Asoley 35/90 Sara Peña remarcó que la lucha no es de ahora solamente, ya que lleva más de 30 años peleando por la tenencia del título. “Acá no se trata de que son una o dos familias afectadas, hay miles de familias que tiene casa propia, que están siendo afectadas por esta modificación. La cuestión es simple que se haga cumplir la ley, la cual nadie está queriendo respetar”, acotó.
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Un joven robó una tragamonedas en Itá y fue detenido en Capiatá
Un solitario joven llegó hasta un local gastronómico ubicado sobre la ruta D027, a la altura de la ciudad de Itá, y en cuestión de segundos se alzó con una máquina tragamonedas que estaba en el lugar. El mismo se movilizaba en un automóvil de la marca Toyota, modelo Funcargo, de color gris.
El actuar de este sujeto quedó registrado en imágenes del circuito cerrado del local, donde se lo puede observar descendiendo del automóvil, tomando en sus brazos la máquina tragamonedas y alzándolo en su vehículo, para luego darse a la fuga rápidamente.
Gracias a estas imágenes se pudo recabar datos del vehículo en el que se movilizaba el mismo y, finalmente, conocer su identidad y paradero; los efectivos de la Comisaría 12.ª de Itá llegaron hasta el barrio Santa Rita de la ciudad de Capiatá, donde residía el sujeto identificado como Carlos Rafael Molinas, de 29 años.
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Tras conversar con los intervinientes, reconoció que era el autor del robo y guio a los efectivos policiales hasta la casa de un segundo hombre donde habría ocultado lo robado. La tragamonedas fue recuperada y el responsable del robo quedó detenido, mientras que el hombre que escondió la máquina será llamado a declarar, ya que aparentemente no sería un cómplice material.
El denunciante de lo ocurrido fue el propietario del local, identificado como Dario León Paredes, de 33 años, a quien, tras los procedimientos de rigor, se le fue devuelta la máquina tragamonedas. Si bien no se sabe cuánto era el monto que tenía en su interior, se sospecha que sería bastante alto, ya que es una zona concurrida.
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Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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