El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, envió el pedido de desafuero del senador Erico Galeano, imputado por supuesto lavado de dinero. El magistrado remitió copias del expediente judicial y un anexo del Tribunal Superior de Justicia Electoral en el marco de esta nueva solicitud realizada a la Cámara Alta.
El Ministerio Público había solicitado el pedido de desafuero de Galeano, debido a que el mismo tiene inmunidad como parlamentario, ya que recientemente juró como senador.
Galeano había sido imputado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Park por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Además, cuenta con pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
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La presentación de este nuevo pedido de desafuero busca preservar la legalidad del proceso y avanzar en las investigaciones sobre los presuntos delitos que son investigados y que actualmente pesan sobre el senador.
Fueros parlamentarios
El pasado 19 de mayo se confirmó la imputación de Galeano, entonces diputado, quien solicitó la pérdida de sus fueros para responder ante la Justicia. El 24 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el pedido de desafuero impulsado por él mismo. Ese mismo día, fue investido a través de una sentencia de la Justicia Electoral como senador electo y volvió a tener fueros.
Ahora, corresponde a la Cámara de Senadores analizar o no este nuevo pedido de desafuero contra Galeano.
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Fiscalía sigue a la espera de datos en caso Atlas-Conmebol
El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.
La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.
“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.
Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.
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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.
Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.
Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.
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Una larga historia
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.
Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.
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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.
A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.
Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.
La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.
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CBI Antilavado prevé reunión con el fiscal general y contralor, este jueves
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las 10:00. El encuentro tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.
En esta ocasión, la mesa de investigación tiene previsto recibir como invitados al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al titular del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
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Los senadores y diputados que integran esta mesa bicameral también han invitado a la reunión a los representantes de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) y a los representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) afirmaron que existiría información que confirma que las organizaciones sin fines de lucro son utilizadas presuntamente para el lavado de activos.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.