Este lunes, el Ministerio Público decidió imputar a la pareja que asaltó a una estudiante de 17 años en la ciudad de Lambaré y, además, se ordenó la prisión preventiva para ambos. Estas personas fueron detenidas el sábado pasado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción y lograron incautar la motocicleta.

La agente fiscal Amelia Bernal Jara, quien lleva el caso, imputó a Clementina Almada Rumich Núñez, de 39 años, y a Carlos David Torales, de 29 años, este último cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado, violencia intrafamiliar, entre otros. Estos presuntos delincuentes enfrentarán cargos por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

Tras la imputación, la fiscal también ordenó como medida cautelar la prisión preventiva para la pareja. Esta fue detenida el sábado 12 de abril, sobre las calles Pozo Favorito y Tte. Garay, del barrio San Vicente en la ciudad de Asunción. Del poder de los mismos se incautó la motocicleta utilizada para cometer el atraco y las prendas usadas el día del atraco.

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El hecho ocurrió el pasado 9 de abril, alrededor de las 7:10, en el barrio Valle Ybaté, cuando la joven salía de su casa para dirigirse a una parada de ómnibus para ir a la universidad. La misma fue interceptada por la pareja que se movilizaba en una motocicleta, de la cual descendió Clementina Almada y siguió a la universitaria para asaltarla.

Cuando la alcanzó la tomó del cabello y le puso un cuchillo en el cuello, exigiendo que le entregue todo lo que tenía y esta le entregó su mochila, en cuyo interior se encontraba su celular de la marca IPhone, modelo XR, su billetera y útiles. La detención se logró luego de que el propietario de la vivienda que alquilaba la pareja se percatara de las similitudes de las características de los asaltantes, divulgadas a través de los medios de comunicación, ante lo cual el hombre dio parte a la Policía.

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El Gremio de Ingenieros Asociados de Itapúa comenzó una investigación y análisis de los planos del edificio en construcción que se derrumbó el pasado 2 abril en la ciudad de Encarnación, donde fallecieron dos personas. Este trabajo se inició a pedido del Ministerio Público, quien también solicitó un informe para avanzar con los trabajos investigativos y llegar hasta los responsables.

Este trabajo es realizado por ingenieros calculistas que se encuentran analizando e investigando los planos del edificio derrumbado en Encarnación. Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú, y otras obras, por lo que son de amplia trayectoria.

Según el ingeniero Jacob Oda, presidente del gremio, desde la asociación están muy preocupados por la forma en que se da autorización a las obras por parte de autoridades de las comunas. Afirmó que la Ley orgánica municipal y la “ordenanza municipal n.° 56/75: de construcciones y loteamientos de la ciudad de Encarnación” no son muy limitantes a la hora de fiscalizar planos de construcciones.

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“La preocupación es sobre el tema de las leyes vigentes, nos dimos cuenta de que tenemos que tratar de separar las competencias o roles en cuanto a los ingenieros y arquitectos. Se debe poner límite en las competencias, existen más especializaciones en cuanto a estructura que puedan firmar planos para este tipo de estructuras”, detalló Oda, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Explicó que son los ingenieros civiles los que están capacitados para las estructuras y son los arquitectos los que se dedican al diseño. “Creemos que la falla en esta construcción fue por falta de un estudio más minucioso en todos los sentidos. Pudo ser el hormigón, el terreno o lo constructivo. La Fiscalía fue la que nos pidió ayuda para iniciar esta investigación y se conformó un grupo con los datos remitidos por la fiscal”, confirmó.

Agregó que los controles se tienen que intensificar a partir de esta tragedia y que una situación como esta no se vuelva a repetir. “Nosotros como gremio nos pusimos a disposición de la municipalidad como de la gobernación para poder hacer estos controles y poder actualizar las ordenanzas. Así también, buscamos modificar la ley que es muy generalizada y no especifica”, puntualizó.

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Por Lourdes Torres

lourdes.torres@nacionmedia.com

Caio Manhanelli, consultor político del Brasil, brindó su parecer respecto al caso de espionaje que llevó a cabo la Agencia Brasileña de Investigación (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Explicó que la publicación de este hecho se debió a una investigación que actualmente lleva adelante el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ante las evidencias que el gobierno de Bolsonaro utilizaba la Abin para intereses personales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el analista brindó detalles sobre cómo repercutió este tema en las esferas políticas y sociales en su país. Por un lado, señaló que la Abin por mandato de Bolsonaro operó de manera paralela y no de forma oficial, basado en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales. Lamentó que este hecho se concretó poco antes de la fecha de caducidad para la renegociación del acuerdo del Anexo C del Tratado de Itaipú.

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Explicó que la Policía Federal actualmente está investigando la existencia de una especie de agencia paralela a la Abin, que opera de manera legal, como otras agencias de inteligencia en otros países como la CIA (Agencia Central de Inteligencia en EE.UU), o KGB (Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas en ruso).

Indicó que esta agencia funciona como un órgano de información y de actuación a nivel nacional como internacionales. Dijo además que lo normal, es cuando se tiene un agente de inteligencia desplazado de un país para el otro, si es un país amigo, las autoridades saben de la presencia de este agente en su país.

“Con Paraguay no había ningún motivo en verdad, para llevar estas acciones de inteligencia en el país que el propio gobierno paraguayo no pudiera saber. Entonces, lo que se está indagando ahora es por qué en el gobierno de Bolsonaro se empezó a crear una especie de agencia paralela que al revés de trabajar para la nación brasileña trabajaba para los intereses personales del propio presidente Bolsonaro”, explicó.

A su criterio, la acción de Bolsonaro era para demostrar su poderío, generando conflictos sin razón de existir, alimentando su propio ego o la de su entorno político. Insistió que no había ningún motivo para hacer una incursión investigativa contra Paraguay.

“Desde mi perspectiva analítica, hay que mirar lo que fue el gobierno de Bolsonaro en el sentido de acciones hacia afuera de Brasil, es un tipo que igual a Donald Trump, igual a Javier Milei, y a algunos otros de estos actores, pero en especial, estos dos de américa, Milei y Trump, que son personas que, en vez de crear sinergia entre los países entre los Estados, busca en verdad crear conflicto sin razón de existir”, acotó.

Agregó que, el gobierno de Bolsonaro en relación a lo que fue las acciones internacionales se puede observar una actitud posible, muy posible, para la cabeza de Bolsonaro y la cabeza del gobierno pasado. “Una actitud que no se basa en motivos factibles o reales. Era el único hecho de hacerlo porque siente que podría hacerlo. No había justificativo para hacer una incursión investigativa al Paraguay, parte de la Abin”, remacó.

Resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa en ese tiempo, ya que los dos países son bastantes transparentes y cercanos uno al otro. Eran gobiernos alineados, de cierta manera Mario Abdo Benítez, tenía una cierta relación positivo con Bolsonaro, dijo el analista.

“Existía de hecho la perspectiva y el horizonte en la negociación con Paraguay, que no sería una negociación tan sencilla, en relación a la tarifa energética y claro, tener informaciones, hasta en el nivel personal, lo que sea de la vida pública de la vida personal, privada de ciertos actores del prokceso, podría dar algún tipo en la mesa argumentos que no serían oficiales, argumentos torpes, pero argumentos al fin, adentro de la negociación. Solo en la cabeza de un tipo que no tiene noción de lo que es gobernar un país y de lo que es vivir en democracia, esto podría pasar y que finalmente pasó”, remarcó.

El analista brasileño señaló que en su país se percibe que el gobierno de Lula está muy seguro de que se llegará pronto a una solución para retomar la negociación sobre el Anexo C, sobre este punto, consideró que el mayor perdedor fue el gobierno de Brasil, por trabarse esta negociación. No obstante, indicó que a nivel político interno esta situación no está generando ningún daño político, ni social para el gobierno de Lula, ni tampoco fue abordada de manera profunda por la clase política.

El gobierno de Lula Da Silva, con el actual ministro de Justicia no tienen problema en ser transparente; obviamente expone estos hechos, señalando que realmente se pasó la raya. Bien podría el Gobierno dejar en cubierto esto; pero no, es una investigación sigilosa es una investigación pública y se mantuvo público los hechos que recién se descubrieron. Infelizmente fue en el mismo tiempo del cierre del acuerdo sobre el Anexo C.

“Ni en lo político, ni en lo social está afectando el tema, se está tratando de una manera muy técnica. No existe, no hay un ruido tan intenso que podría molestar a la aprobación del gobierno Lula, ya que su gestión tiene una aprobación de al rededor del 50 %; pero esto no tiene que ver con el tema Paraguay, porque no toca la opinión pública de una manera contundente en Brasil, ni la suspensión de la negociación del Anexo C. Lo que hizo de hecho fue nuevamente dar la oportunidad a que se enseñe la buena intención de este gobierno en relación a sus pares internacionales”, precisó.

No obstante, resaltó que el gobierno pierde con esto; pero está muy seguro de poder transparentar esto, sin preocupaciones. “El gobierno de Brasil está muy seguro de que los gobernantes paraguayos también van a comprender la situación y llegaran a un buen término”, acotó.

Finalmente, lamentó lo que está sucediendo, porque una vez más, sale a luz las cosas que el gobierno de Bolsonaro les perjudica en términos de Nación. “Fueron muchas cosas desde que entró la persecución política, el mal hecho durante la Pandemia, la mala gestión, las malas posturas en relación a autoridades internacionales y este es una más de un largo resumen de los resultados negativos que la gestión Bolsonaro dejó en el país”, concluyó.

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El Congreso de Perú desistió de investigar a la presidenta Dina Boluarte por un escán­dalo de corrupción al archi­var una acusación fiscal que amenazaba la estabilidad del Gobierno, allanando así el camino para que pueda aca­bar su mandato sin riesgo a ser destituida.

Boluarte había sido denun­ciada ante la subcomisión de acusaciones del parlamento por recibir de manera presun­tamente indebida unos relojes de lujo.

La subcomisión recomendó archivar el caso, conocido como Rolexgate.

Boluarte, una de las presi­dentas más impopulares del mundo, también es investigada por la Fiscalía en un caso de cirugía de nariz que la tiene al filo del abismo debido a que omitió delegar funciones durante la operación a la que fue sometida, que mantuvo en reserva. El parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, debe aún evaluar ese caso.

El llamado Rolexgate, iniciado por una denuncia de prensa, remonta a marzo de 2024, en momentos en que la Fiscalía investigaba a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. Según la subcomisión de acusaciones del parlamento, “es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta de conformidad al artículo 117 de la Constitución”. Boluarte, de 62 años, culminará su mandato en julio de 2026. La denuncia en el Congreso es el paso previo a un antejuicio político.