La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.

La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

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El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.

Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.

Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.

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El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deli­beradamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguri­dad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquili­dad interna como la imagen país.

Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fue­ron intencionalmente favorables para el nar­cotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin prece­dentes.

Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonis­tas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Mar­ques de Padua.

Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más bus­cados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.

Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puer­tos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vaca­cionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.

¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato espe­cial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Inte­rior.Subordinados del mismo Giuzzio confir­maron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en conti­nuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.

Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.

Los informes de inteligencia sindican a Mar­ques de Padua como narcotraficante, lava­dor, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blin­daje de vehículos que se presume proveía al cri­men organizado.

Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un sus­picaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser alla­nado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversacio­nes en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo con­firmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.

Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exse­cretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodi­cho. La oscura gestión de Giuzzio y sus teme­rosos vínculos desde el poder político, mere­cen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) aprehendieron a un exfutbolista sindicado como presunto distribuidor de cocaína al menudeo en Cordillera. Se trata de Guido Ariel Peralta Gómez (34), quien en su momento habría integrado la división de reserva del club Cerro Porteño.

La detención se dio en el marco de la operación Red Card, en la cual se desarrollaron tres allanamientos simultáneos en zona de Itacurubí de la Cordillera. En los procedimientos fueron incautados 219 gramos de cocaína, equivalentes a unas 438 dosis, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

La operación fue acompañada por el fiscal Gedeón Escobar. Según el reporte de la institución, el exfutbolista se convirtió en un referente del microtráfico de cocaína en la ciudad del tercer departamento. Al percatarse de la intervención, Peralta Gómez intentó ocultar la droga, arrojando en la parte posterior de una vivienda, pero fue hallada por los agentes intervinientes.

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Así también, el detenido habría tenido vínculos con el jugador de futsal del mismo club Luis Molinas, capturado en febrero de este año durante el operativo Nexus II, que permitió desarticular una estructura delictiva que también estuvo conformada por Víctor Centurión, un exarquero.

Con estas acciones, la Senad busca desmantelar redes de microtráfico que operaban en la zona. La intervención se dio en el marco del plan Sumar, donde la institución lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desbaratar estructuras dedicadas a la comercialización de drogas al menudeo, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de agentes especiales del Departamento Regional n.° 1 de Pedro Juan Caballero, ejecutó un allanamiento a un inmueble rural ubicado en la colonia Aguará Veve, distrito de Capitán Bado (Amambay), donde fue desarticulada una estructura dedicada a la producción de cultivos ilícitos, en coordinación con el Ministerio Público.

La intervención detectó 9 hectáreas de plantaciones, equivalentes a unas 27 toneladas de la droga, así mismo 5.530 kilogramos de marihuana picada y prensada, totalizando la destrucción de 32 toneladas de la droga, en el mercado brasileño esa cantidad estaría valuada en 4,8 millones de dólares. En el sitio fue detenido Eleuterio Ojeda Vera, paraguayo, de 64 años.

En el lugar se implementaba un sistema de cultivo mecanizado, modalidad que emplea maquinaria para optimizar las labores de siembra, mantenimiento y cosecha, incrementando significativamente la capacidad de producción y la logística para el envío de grandes volúmenes de droga hacia el Brasil. El operativo fue acompañado por la agente fiscal Rossana Coronel quien dispuso que las evidencias fueran destruidas en el lugar de la intervención.

En un trabajo en conjunto de la Senad, que contó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), culminó la primera jornada operativa de erradicación de cultivos ilícitos en la Reserva Natural Paso Bravo, distrito de José Félix López, en el departamento de Concepción, sacando de circulación 96.000 kilos de marihuana y golpeando con al narcotráfico con pérdidas superior a los USD 14 millones.

El procedimiento llevado a cabo en las primeras horas de este sábado, permitió la destrucción de un total de 32 hectáreas de cultivos de marihuana, además de 3 campamentos precarios que eran utilizados para la producción de la droga. Asimismo, el operativo se desarrolló con personal de la FTC Norte (Sub Área de Pacificación n.° 2), en coordinación con agentes de la SENAD y bajo la supervisión del agente fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Pablo Zárate, acompañado del asistente fiscal Quintín Godoy.

La estimación económica de la intervención representa un perjuicio económico aproximado de USD 14,4 millones para las organizaciones criminales, considerando el valor de la droga en los mercados clandestinos. Finalmente, se informó que las tareas de erradicación de plantaciones ilícitas en la Reserva Natural Paso Bravo continuarán en el transcurso de los próximos días, de modo a seguir combatiendo el narcotráfico en la zona norte del país.