En apoyo a las investigaciones sobre intento de soborno a un personal militar con la intención de introducir un teléfono celular al lugar de reclusión de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, una comitiva encabezada por los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Luis Said, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de Miguel Ángel Mendieta Fernández, paraguayo, de 39 años, de profesión abogado.
El hombre, quien ejercía la defensa legal de Insfrán, fue detenido en plena vía pública en zona de Sajonia. También fueron intervenidas su vivienda particular y un estudio jurídico. Por disposición fiscal fue remitido a la Base de Operaciones de la Senad.
La detención del referido profesional del derecho surge luego de las declaraciones que se registraron en el marco de la imputación que enfrenta el coronel Luis María Belotto, imputado por soborno agravado al igual que su esposa Alba Lidia Ale de Belotto.
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El abogado Mendieta estuvo acompañando a su defendido, desde la extradición de Miguel Ángel Insfrán de Brasil a nuestro país. Inclusive el mismo acompañó a los agentes de la Interpol que trasladó a Insfrán a nuestro país. También asistió al procesado durante la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Actualmente, Tío Rico está recluido en la cárcel militar de Viñas Cué donde fue trasladado desde la Senad y días atrás su defensa pretendió que sea trasladado al penal de Tacumbú o la cárcel regional de Coronel Oviedo.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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Senadora rechaza uso de fondos públicos para su campaña y querellará a diputado
La senadora Lizarella Valiente, a través de su abogado Óscar Tuma, rechazó las acusaciones del diputado Raúl Benítez, quien afirmó que supuestamente usó fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para costear su campaña política en las pasadas elecciones. La legisladora anunció que querellará al único representante del Partido Encuentro Nacional en la Cámara Baja.
“Negamos categóricamente las afirmaciones realizadas en fecha 27 de agosto de 2025 por el diputado Raúl Benítez, difundidas a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter) y reproducidas en distintos medios de comunicación nacionales, en las que se le atribuye falsamente a mi representada la utilización de fondos públicos de la Municipalidad de Asunción para el financiamiento de su campaña política”, sostiene el comunicado emitido por Tuma en sus redes sociales.
“Dichas manifestaciones son absolutamente falsas, carentes de sustento fáctico y jurídico, y constituyen un agravio directo al honor, la reputación y la trayectoria política de la senadora Valiente”, acotó el representante legal de Valiente.
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Además, señala que en el transcurso de este jueves, la esposa del exjefe comunal de Asunción, Óscar Rodríguez, quien el viernes pasado renunció al cargo; enviará un escribano junto al despacho de Benítez con la finalidad de que se ratifique o rectifique en su acusación.
“A fin de salvaguardar sus derechos, informamos que en el transcurso del día de mañana se remitirá un escribano público al despacho del diputado Raúl Benítez, a fin de notificarle un acta notarial de requerimiento, otorgándole la oportunidad de ratificarse o rectificarse en relación con las expresiones vertidas”, refiere el comunicado.
Asimismo, el abogado sigue sosteniendo que “nuestra representada, se reserva el derecho de promover las acciones legales correspondientes en defensa de su buen nombre y de la verdad de los hechos“.
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Lanzarán el libro “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”
El abogado y actual secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, presentará mañana miércoles 27 de agosto su libro denominado “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”. El lanzamiento está previsto a las 19:00, en el auditorio de la Ley Paraguaya César López Moreira 850.
“Este es un trabajo que desarrolle dentro de la tesis de la maestría de derecho procesal en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del doctor Adolfo Alvarado Velloso. Fue dentro de esa escuela de la corriente garantista que me di cuenta de algunos inconvenientes”, indicó en una entrevista con la 650 AM.
La obra jurídica va dirigida principalmente a jueces, fiscales, defensores y especialistas en derecho penal y guarda relación sobre la investigación por el tribunal de sentencia en el juicio oral. “Me llamó la atención que los jueces no podían hacer investigaciones. En la etapa fundamental de valoración de las pruebas, según lo que pude ver del garantismo en sí, del sistema acusatorio, es que los jueces salen de ese principio de imparcialidad al cual se deben, por diferentes motivos”, comentó.
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Asimismo, González manifestó que esta situación afecta a otros principios como la bilateralidad, igualdad de armas y hasta de la duda. “La acusación es la que tiene que mostrar la culpabilidad del ciudadano. Cuando el juez investiga realiza preguntas a los peritos, testigos, imputados, incluso puede determinar a realizar medidas a mejor proveer, sale de la imparcialidad y no solo envicia el proceso, sino que se inmiscuye y realiza actos de investigación y de ahí forma su convicción“, manifestó.
Señaló que este hecho expone que Paraguay cuenta con un sistema inquisitivo oral. “No tenemos un sistema garantista. El Código Procesal establece que los jueces están obligados a la búsqueda de la verdad y ellos se ciñen a esa situación, pero la norma está en contravención a lo que establece la Constitución Nacional con el debido proceso y la imparcialidad de los jueces. Hay una dicotomía entre ambas situaciones, un drama, entonces debemos cambiar la ley o cambiamos la Constitución Nacional", refirió.
González acotó: “en el sistema anglosajón, el juez en todo momento dirige el debate y nunca se involucra, si llegase a pasar esto, se anula todo el proceso, ordena la tramitación del juzgamiento, pero acá tenemos una disposición legislativa que le obliga a la búsqueda de la verdad". La presentación del libro estará a cargo de los abogados José Fernández Zacur y Roberto Moreno Rodríguez Alcalá.