Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero, por supuestamente ocultar información al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
El Ministerio Público en su acta de imputación solicitó medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El documento de la Fiscalía refiere que en el año 2012 el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.
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La imputación señala, además, que el reporte de operación sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich. La información presuntamente fue archivada hasta que surgieran nuevos datos.
El 30 de septiembre del 2016 el banco Continental habría presentado a la Seprelad un ROS en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria y en esta ocasión el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.
Además de Boidanich, fueron imputados Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melisa María del Mar Parodi González para quienes también se pidió medidas alternativas a la prisión.
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Ministerio Público conforma equipo para investigar caso ueno bank
Tras la denuncia penal presentada este martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la disolución de ueno bank, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, conformó un equipo de agentes fiscales que se encargará del proceso de investigación. El equipo se encuentra integrado por Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta, bajo la dirección de Francisco Cabrera y la coordinación Nancy Salomón.
La denuncia penal impulsada por la institución bancaria lleva la firma de Carlos Cavallo, Miguel Ángel Mora, Liana Caballero, Marco Aurelio González, Walter Zinte y contiene 200 páginas y un pendrive con 2.000 documentos escaneados.
“Nos informaron sobre hechos concretos que tendrían relevancia penal. Queremos darle a la ciudadanía la tranquilidad en cuanto a lo que es el trabajo del Ministerio Público de que la ley será aplicada a todos por igual. Las autoridades del Banco Central del Paraguay se pusieron a disposición del Ministerio Público para toda la investigación que podamos requerir”, comentó Salomón.
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Posibles hechos punibles
Entre los hechos punibles que podrían ser investigados, Salomón mencionó que figuran, por ejemplo, lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “Estoy hablando de manera genérica; nosotros, en primer lugar, como Ministerio Público debemos analizar si los hechos puestos a nuestro conocimiento transcienden la esfera administrativa y ameritan una intervención”, manifestó.
La investigación también cuenta con el respaldo del fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. “Por expresas instrucciones del fiscal general del Estado, nosotros estamos a disposición de las unidades fiscales investigativas y del equipo de investigación a los efectos de poder interceder ante la comunidad internacional y las instituciones internacionales de otros países cuando se detecten necesidades de cooperación para incorporar pruebas provenientes del extranjero”, puntualizó.
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Agregó que “esto es un caso muy sensible y el fiscal general del Estado fue claro ante las autoridades del Banco Central del Paraguay de que este caso también es una prioridad para el Ministerio Público para poder determinar las circunstancias y relevancias penales del caso, así como las responsabilidades”.
El Banco Central del Paraguay dispuso este martes iniciar el procedimiento de resolución de la entidad bancaria ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido. Se designaron 120 interventores para el efecto.
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Justicia pedirá a Seprelad y Contraloría auditar bienes de personal penitenciario
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisión de las penitenciarías tras concretarse el pasado domingo 25 de octubre la fuga de reos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. A la vez manifestó que pedirán a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría de los bienes.
“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”, refirió en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
Nicora comentó que su cartera llegó a implementar el polígrafo como herramienta de control de confianza, evaluación y selección de los funcionarios penitenciarios como por ejemplo en la cárcel de Minga Guazú. “Es un elemento que no marcó un alto rango de resultados negativos en cuanto al cuestionario que fue implementado, pero sí fue un elemento que nos ayudó para decidir la renovación de contratos o no. Esta herramienta fue enfocada justamente en los nuevos penitenciarios”, puntualizó.
A la vez dijo que Paraguay próximamente firmará un acuerdo que le permitirá contar con tecnología para la detección de dispositivos irregulares en las penitenciarías del país. “Ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con un país para tener esa tecnología”, mencionó.
Antecedentes
Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.