El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresidente de la República Horacio Car­tes, sostuvo que la desesti­mación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denun­cia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las ins­tituciones fueron instrumen­talizadas para la persecu­ción política y el terrorismo de Estado hacia sus adversa­rios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a engro­sar los elementos probato­rios en contra de los acusa­dos de persecución política contra Cartes. Todos los ele­mentos probatorios y el aná­lisis realizados por la Fisca­lía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestima­ción de la falsa denuncia impul­sada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eva­sión de impuestos y contra­bando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encon­traron sustento para los argu­mentos lanzados por el exmi­nistro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un con­cierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que deses­timó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referen­cia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carác­ter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativa­mente, la acusación se pro­dujo en medio de las recientes elecciones internas colora­das del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Car­tes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Aso­ciación Nacional Republi­cana (ANR) y contaban con sus respectivos precandi­datos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

El 31 de julio de 2023, Car­tes había denunciado que fue víctima de una perse­cución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fue­ron acusados los exfuncio­narios abdistas Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de trata­miento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mau­ricio Espínola, actual dipu­tado. Pese a que el exmanda­tario alegó públicamente que se sometería a la Justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finali­dad de paralizar y entorpecer la acción de la Justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de Justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanis­mos procesales, así termina­ron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal”, refirió Ovelar.

El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En la mañana de este jueves, los intendentes que se encontraban en la zona de conflicto entre Israel e Irán llegaron a Paraguay. De acuerdo con las informaciones, alrededor de las 06:40, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el avión que traía de retorno a los jefes comunales. Las autoridades fueron recibidas por el embajador de Israel en Paraguay, Amet Mekel, además de sus familiares y amigos.

La delegación paraguaya que participó de una capacitación invitada por el gobierno de Israel está compuesta por Felipe Salomón, intendente de San Lorenzo; Cinthia Cabañas, de Paso Horqueta; Fernando Ramírez, de Pilar; José Resquín, de Independencia, y Claudio González, miembro de la Junta Municipal de Salto del Guairá. Durante la permanencia de estas autoridades se dio un intenso ataque en escalada por parte de Irán a Israel.

El presidente de la República, Santiago Peña, ratificó su confianza en la doctora María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud Pública, aunque aclaró que no está satisfecho con la gestión en la cartera sanitaria.

El senador Silvio Ovelar arremetió contra la ministra de Salud, a quien no le perdonó su ausencia en la reunión de la Comisión de Presupuestos el martes. Peña fue consultado sobre la posición de Ovelar y consideró que la opinión del legislador refleja la de varios parlamentarios. “Yo tampoco estoy satisfecho, lo digo públicamente siempre queremos más”, advirtió.

Un ataque con misiles iraníes hirió al menos 32 personas personas, dos de ellas graves, y golpeó un hospital en el sur de Israel, señalaron las autoridades del país hebreo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí reportó en la red social X de “un impacto directo (...) en el Hospital Soroka de Beersheba, en el sur de Israel”. “Es el principal centro médico de toda la región del Néguev en Israel”, subrayó la vicecanciller israelí Sharren Haskel, que consideró el ataque como “deliberado” y “criminal”.

El ministro Javier Giménez, titular de Industria y Comercio (MIC), y miembro del Consejo de Administración de Itaipú en el marco de las negociaciones del Anexo C, indicó que Paraguay sostiene el pedido de aclaración al Gobierno de Brasil sobre el esquema de espionaje contra autoridades paraguayas, develado por la prensa brasileña.

El secretario de Estado adelantó que la respuesta ya se podría dar en unas dos semanas más. “Yo confío mucho que Itamaraty va a resolver esto en dos semanas, pero personalmente, está tardando más de la cuenta”, dijo Giménez, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al nombre del palacio que funciona como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, formó parte de la comitiva de exautoridades nacionales que participaron del acto de conmemoración por los 181 aniversario de creación del Regimiento Escolta Presidencial y Comando en Jefe.

“Recordamos 181 años de historia del Regimiento Escolta Presidencial, símbolo de disciplina, honor, lealtad y servicio a la Patria. Mi respeto y admiración a quienes día a día entregan su vida al resguardo de nuestras instituciones y autoridades", indicó el titular del Partido Colorado a través de redes sociales, invitado al evento en su carácter de expresidente de la República.

El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.

El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.

El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio

En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.

Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.

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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.

Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.

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El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.

“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.

Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.

“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.

Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.

Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.

Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.