Las diputadas Kattya González, Norma Camacho y Rocío Vallejo declararon ante el Tribunal de Sentencia sobre el juicio oral contra Justo Ferreira, su hija, accionista y directora de Imedic SA y otros acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documento no auténtico. Foto: Gentileza
Imedic: tres diputadas declararon en contra de los Ferreira y otros acusados
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En el marco del juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic SA y otros acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por la compra fallida de insumos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del covid-19, declararon tres diputadas que en su momento habían formulado la denuncia contra el clan Ferreira en sede del Ministerio Público.
Las diputadas Rocío Vallejos, Kattya González y Norma Camacho declararon ante el Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados. Las parlamentarias coincidieron en mencionar que fueron hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi para poder supervisar la carga que estaba dentro del avión carguero. González sostuvo que en todo momento se puso excusas para ver las mercaderías que estaban dentro de la aeronave.
Igualmente señalaron que siguieron de cerca el proceso licitatorio y luego de la misma y tras existir presuntas irregularidades se realizó la denuncia en sede del Ministerio Público.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza.
Además de Ferreira y su hija, están acusados en el presente proceso penal Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, funcionarios de Aduanas y despachante, respectivamente.
Estructura delictiva
El agente fiscal Jorge Arce presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público que enfrenta Justo Ferreira y su hija Patricia. El citado representante del Ministerio Público fue contundente al señalar al Tribunal de Sentencia que “Justo Ferreira y su hija Patricia encabezaron una estructura delictiva para el ingreso, sin autorización, de mercaderías al país durante la pandemia del covid-19″.
Igualmente, para el Ministerio Público está claro que las camas no se podrían importar ni comercializar por tratarse de dispositivos médicos que requieren del correspondiente registro sanitario de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), indicó al Tribunal de Sentencia el fiscal del caso.
La jueza Lici Sánchez elevó a juicio oral y público el proceso penal de cinco acusados por tráfico de armas en el caso conocido como operativo Dakovo. Foto: Archivo
Operativo Dakovo: cinco acusados enfrentarán juicio oral
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La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social rescindió años atrás el contrato con Imedic S.A quien no cumplió el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19. Foto: Archivo
Rechazan demanda de Imedic S.A, que pretendía cobrar al Ministerio de Salud más de G. 47 mil millones
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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.
Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.
Rescisión de contrato
El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.
De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.
Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.
Se inició juicio oral contra Carlos Granada, acusado por coacción sexual y otros delitos
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Se inició el juicio oral y público para el exgerente periodístico de canal 9, Carlos Granada, acusado por coacción, violación, coacción sexual y acoso sexual, cuya pena llega a 15 años de cárcel.
En la fecha se procedió a la lectura del acta de elevación a juicio oral del presente caso.
La audiencia oral prosigue mañana martes a las 7:30 de la mañana con los alegatos iniciales del presente juicio oral. Luego ya se ingresará a la declaración de testigos en que se van producir las pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Granada, está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar todo lo que se va generando durante el desarrollo del juicio oral y luego dictar sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público está representado por la fiscala Luz Guerrero, quien deberá presentar todos los elementos probatorios durante el debate de la audiencia oral.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
Para las 8:00 del próximo jueves 8 de mayo se fijó la realización de la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y una veintena de acusados por hechos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo.
La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, quien deberá decidir si eleva a juicio oral el proceso penal.
La audiencia preliminar para los procesados por el caso conocido como Berilo ya se viene suspendiendo en más de diez oportunidades, por lo que ya se espera que se realice la diligencia judicial.
Actualmente, Cucho Cabaña está con arresto domiciliario debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima por el delito que enfrenta. Igualmente, otros procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión.
ACUSACIÓN
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
El operativo Berilo se realizó en setiembre de 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales, junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.