La agente fiscal Fátima Girala se constituyó en el Ministerio de Justicia a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPP en el marco de la investigación por la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero, quien fue sentenciado hasta el 2040 por delitos relacionados a violación.
La fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando. Vamos a proceder a hacer las verificaciones y también ver cuándo fue la carga y si hubo algún tipo de modificación respecto a Morínigo Cantero”, explicó la fiscal Girala.
“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia” señaló.
Refieren los antecedentes del caso que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.
Hasta el momento no se tiene imputación, pero todos los indicios apuntan que el extranjero tuvo la complicidad de guardiacárceles y tampoco se descarta que sea imputado el ministro de Justicia Alberto Daniel Benítez.
Podes leer: En allanamiento decomisan más de 13 mil unidades de productos
Dejanos tu comentario
Ministerio de Justicia y Fiscalía cooperan para eliminar esquemas extorsivos en cárceles
El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público realizan un trabajo conjunto para la investigación de agentes penitenciarios involucrados en hechos punibles de corrupción, llamadas extorsivas y venta de insumos dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ayer jueves, en una serie de procedimientos fueron detenidos el agente Jorge Ávila y el exguardiacárcel Esteban Ibarra Gómez, desvinculado en enero pasado tras el operativo Veneratio.
“No podemos continuar con esta ola de inseguridad que afecta a la ciudadanía y que se genera dentro del sistema, entonces estamos empezando a hacer estos trabajos finos con el acompañamiento del Ministerio Público”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, acerca de estas acciones.
El secretario de Estado explicó cómo se dieron las intervenciones y los operativos desarrollados ayer jueves, encabezados por la fiscal Alicia Sapriza, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia. “El operativo empezó temprano y tuvo dos partes. En primeras horas de la mañana, la doctora Alicia Sapriza con una comitiva fiscal-policial hizo dos allanamientos en dos viviendas de estos dos funcionarios, una en Villa Elisa y otra a media cuadra de la Penitenciaría Nacional (Tacumbú)”, detalló Nicora.
Según detalló la fiscal Alicia Sapriza, los sospechosos facilitaban y prestaban servicios para el ingreso irregular de celulares y mercaderías en la cárcel, así como la recarga de saldos o transferencias a los internos que operaban un esquema de estafa y extorsión a través de las llamadas telefónicas.
Los allanamientos
Este primer allanamiento consistió en el registro del inmueble con el acompañamiento de la Policía para buscar elementos vinculantes para una causa penal. “La causa penal es la continuidad, el remanente digamos del operativo Veneratio, donde justamente se busca encontrar elementos en referencia a funcionarios o agentes penitenciarios que estén siendo parte de una estructura criminal dentro del sistema”, señaló el ministro.
En esa línea investigativa se realizaron los primeros dos allanamientos y posteriormente en un trabajo interinstitucional de facilitación de la investigación se constituyó la agente fiscal en la Dirección General de Establecimiento Penitenciario y la Dirección de Monitoreo. En este último se cuenta con videovigilancia y todos los elementos tecnológicos probatorios para recabar más datos que apoyen a la investigación.
La misma situación se dio en la Dirección de la Penitenciaría de Tacumbú, también para recabar toda la información necesaria en el marco de esta investigación. “Esas tres constituciones fueron con el acompañamiento y el total apoyo del Ministerio de Justicia”, apuntó Nicora.
Leé también: Uniformados heridos en Canindeyú serán trasladados al Hospital Militar
Sanear el sistema penitenciario
Finalmente, expresó que el trabajo no es fácil, ya que se cuenta con 20 centros penitenciarios en el país, con más de 1.900 funcionarios, agentes penitenciarios, y el trabajo se debe realizar día a día; sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se están dando señales.
“Lo bueno son estas señales que nosotros damos como institución, de que aquí estamos buscando la firmeza para realmente buscar sanear y diferenciar a ese funcionario, agente comprometido con la institución, pero así también estamos trabajando en darles las herramientas adecuadas”, sentenció.
Dejanos tu comentario
En CDE, violador serial fue encontrado culpable y condenado a 20 años de prisión
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El juicio oral y público de hoy 19 de junio desarrollado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el hombre calificado como violador serial, Antolín Vega Florentín (40), fue condenado a 20 años de prisión. El Tribunal de Sentencia que emitió el fallo estuvo conformado por los magistrados Emilia Santos (presidenta), Milciades Ovelar y Paola Nagele Albrecht.
La fiscal que defendió la acusación fue Carolina Rosa Gadea. El hombre, además de violentar sexualmente a sus víctimas, también las robaba, por cuya razón, según fue debatido en el juicio. Antolín Vega Florentín fue encontrado culpable por coacción sexual, violación y robo agravado, en un proceso que incluyó la acumulación de tres causas penales.
Según los antecedentes, el primero de los hechos denunciados ocurrió el 10 de febrero de 2020, alrededor de las 19:30, en una vivienda abandonada, en el km 9 de Ciudad del Este. Vega Florentín, utilizando el nombre falso de “Lili López” en Facebook, convenció a la víctima de encontrarse en la terminal de ómnibus, prometiéndole un empleo.
Una vez en el lugar, la condujo en motocicleta supuestamente para hablar con la persona interesada en contratar sus servicios. Sin embargo, desvió su camino y la llevó hasta una casa deshabitada, donde la amenazó con un cuchillo, la ató con una cuerda y la sometió sexualmente, además de robarle su celular.
Puede interesarle: Hasta mayo se registraron 92 partos de adolescentes, en dos hospitales del Este
Otro de los casos se registró el 19 de agosto de 2020, cerca de las 18:00, en un lugar oculto del km 9 Acaray. Vega Florentín, se hizo pasar por un mototaxista, abordó a la víctima en la parada de colectivos. En vez de llevar a su destino a la mujer, la condujo hasta un sitio oculto para robarle dinero y sus pertenencias. Además, amenazándola con un cuchillo la sometió sexualmente.
El tercer episodio se produjo el 10 de diciembre de 2020, a las 05:25, en el interior del Motel Excel, ubicado en el km 4,5 Acaray de Ciudad del Este. Usando nuevamente un nombre falso en redes sociales, Vega Florentín engañó a la víctima prometiéndole un trabajo en Brasil. Al encontrarse en el km 4,5, en vez de llevarla al lugar de trabajo, bajo engaño la llevó hasta el motel, donde la amenazó con un cuchillo para agredirla sexualmente y luego le robó, antes de huir del lugar.
Tras las sucesivas denuncias, los investigadores policiales indagaron los casos y pudieron identificar al violador serial, quien se mantuvo un tiempo prófugo de la Justicia hasta que fue capturado. Antolín Vega Florentín, en un primer juicio oral, fue condenado a 9 años de prisión, por otro caso de coacción sexual. Hoy se sumaron los 20 años y están pendientes otros procesos que próximamente deberán ser debatidos en juicios orales.
Dejanos tu comentario
Funcionarios penitenciarios fueron capacitados en Brasil
Un grupo de funcionarios penitenciarios fueron capacitados a través de una alianza entre la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito (UNODC), la Secretaría de Estado de Justicia de Espírito Santo (SEJUS) y la Policía Penal del Estado de Espírito Santo (PPES), Brasil.
Estos funcionarios recibieron la capacitación en técnicas operativas y procedimientos penitenciarios del Ministerio de Justicia de Paraguay, en un curso intensivo de dos semanas, incluyendo materias teóricas y prácticas. El grupo de funcionarios se graduó el pasado viernes y serán puestos a disposición de los centros penitenciarios.
Podes leer: “Las decisiones del Senado no son justiciables”, sostiene Derlis Maidana
El Ministerio de Justicia informó que, además del curso intensivo recibido, realizaron visitas a varias penitenciarías, a fin de adquirir experiencia en el marco de esta capacitación.
“La Academia de Policía Criminal (ACADEPPEN) hizo todos los esfuerzos posibles para recibir a los agentes, promoviendo el intercambio de experiencias positivas y fortaleciendo los vínculos entre las naciones”, destaca del Ministerio de Justicia.
El objetivo de la preparación de los agentes penitenciarios, por parte del Gobierno a través del Ministerio de Justicia es mejorar el sistema penitenciario y la construcción de un trabajo eficaz y humano de los profesionales involucrados en esta labor. Esta cartera del Estado viene realizando un intenso trabajo con la finalidad de capacitar y entrenar a los agentes penitenciarios a fin de implementar un cambio en el sistema de custodio de la población penal.
Leé también: Emotivos mensajes de Peña y sus hijos por el Día del Padre
Dejanos tu comentario
Tobilleras electrónicas: Estado absorberá gastos en caso de insolvencia del procesado
La ley de tobilleras electrónicas ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo y se ha iniciado el proceso de licitación para la adquisición de las mismas. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que están establecidas las condiciones en las que personas podrán acceder a esta medida alternativa a la prisión.
“En los casos en que la persona pueda correr con los gastos, lo va a hacer de manera particular, en aquellos casos en los que tengamos a una persona que no tenga la solvencia necesaria, el Estado se hará cargo”, confirmó Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, quien indicó que las tobilleras tendrán un costo mensual de entre G. 1.200.000 y 1.500.000, teniendo en cuenta, que la utilización de los dispositivos requiere de personal capacitado, la tecnología y el mantenimiento de los mismos.
Cuando un procesado tiene la posibilidad de acceder a una medida alternativa a la prisión, el juzgado solicita una caución ya sea en bienes, inmuebles o dinero, esto de modo a garantizar el sometimiento de la persona al proceso. Si en este proceso se constata que la persona tiene condiciones económicas, deberá incurrir en el gasto de costear la tobillera, de lo contrario, el Estado se hará responsable, explicó.
Lea también: Paraguay busca diversificar matriz energética con energía solar en el Chaco
“Se ha establecido como requisito para el oferente (de las tobilleras) que tenga resistencia, que la duración de la batería sea por un determinado tiempo, que la recarga no implique un corte de comunicación, que tenga una garantía. El Estado no adquiere el producto, adquiere el servicio y debe ser garantizado el mantenimiento”, detalló.
El ministro aclaró que el dispositivo no es fácil de retirarse dado que tiene sus medidas de seguridad, cuenta con un cobertor mecánico recubierto por una goma específica. Toda la vulnerabilidad que pueda sufrir la tobillera, va a derivar en una alarma, avisando a la central que el dispositivo fue vulnerado”, sostuvo.
“El sistema funciona de dos maneras, por un lado el dispositivo avisa a la central del 911 que el cerco perimetral fue roto, pero por otro lado, la víctima recibirá una notificación, una alarma de que la persona sindicada está rompiendo su círculo, esto para buscar primero precautelar la seguridad de la víctima entonces esa persona también está en aviso”, señaló.
Le puede interesar: Verifican avances en trabajos en paneles solares de Alto Paraguay
Existe experiencia en países de la región como Argentina y Uruguay de que estos dispositivos funcionan, indicó Nicora a la 780 AM, y recalcó que los mismos funcionan mediante dos líneas de comunicación, con un chip y con una comunicación por frecuencia de radio. “Entonces si falla uno, funciona el otro”, manifestó.