La jueza de Ejecución de Asunción, Sandra Kirchhofer, decretó la prohibición de innovar y de contratar de 141 inmuebles que están a nombre de los condenados Ramón González Daher, sentenciado a 15 años de pena privativa de libertad, y de su hijo Fernando González Karjallo, condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero, usura y otros delitos.
Asimismo, la referida magistrada dispuso que 54 propiedades que están a nombre de Ramón González Daher y 87 inmuebles a nombre de Fernando González Karjallo totalizando así 141 propiedades se inscriban a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La presente resolución es a los efectos de poder cumplir la condena dictada el pasado 17 de diciembre del 2021, por un tribunal de sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción de la Capital. Asimismo, dicho fallo fue confirmado en segunda instancia e inclusive en la Corte Suprema de Justicia donde a su vez se resolvió el comiso especial de los bienes de los hoy condenados.
La justicia resolvió el comiso que se hizo hasta cubrir la suma de USD 47 millones que deberá recibir el Estado paraguayo. Una vez cumplidos todos los trámites legales los inmuebles citados más arriba deberán rematarse para poder cubrir la totalidad del comiso resuelta por los jueces del presente caso.
El exdirigente de futbol Ramón González Daher fue condenado a una pena de 15 años de cárcel por lavado de dinero, usura y denuncia falsa. Igualmente, desde setiembre del 2022 Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, condenado a 5 años de cárcel, están privados de libertad en la cárcel de Tacumbú.
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Baruja aclara que no se tocarán fondos de otros proyectos financiados como Che Tapyi
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, aclaró que no se tocarán los fondos de otros programas de acceso a la vivienda, como Che Tapýi, para solventar el programa Che Róga Porã.
La aclaración del ministro se da en torno al decreto del Poder Ejecutivo, que autoriza una ampliación en los fondos para el proyecto de Che Róga Porã, y encarga al Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Desarrollos (AFD) para de gestionar con la República de Taiwán una línea de financiamiento a favor del proyecto del programa Che Róga Porã.
“Hay que tener en cuenta que ya hay un fondeo inicial de un poco más de 50 millones de dólares entre lo que tiene la AFD y también el Banco Nacional de Fomento y esta nueva línea de financiamiento se sumaría a aumentar el capital para nuestro programa”, explicó en entrevista con el programa “Show de noticias”, emitido por canal GEN.
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Agregó que, este decreto, no implica que el MUHV utilice otros programas, en este caso, el destinado a las familias indígenas. “Es importante también aclarar que ni un solo guaraní fue, ni será tocado de lo que el programa Che Tapýi para ser destinado a otro tipo de programa”, apuntó.
Señaló que la intención del presidente de la República, Santiago Peña, es hacer más viviendas para, en este caso, sectores trabajadores que tienen como ingreso entre uno y cuatro salarios mínimos. El programa Che Róga Porã es para este segmento.
“Es un programa más que se suma a los otros programas que tenemos dentro de la institución y dentro de esos que ya lo tenemos, y que se está ejecutando, es Che Tapýi justamente, donde hoy tenemos muy buena cantidad, casi 800 viviendas que se están llevando adelante a través de este fondeo y eso va a seguir”, explicó.
Así también, mencionó que el decreto, el Ejecutivo encomienda al Ministerio de Economía y a la AFD, que son los que van a tramitar, manejarán los detalles y es el ámbito natural justamente de la gestión de los préstamos es el Ministerio de Economía.
“A nosotros no nos corresponde como Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat ese rol, por lo cual nosotros lo que hacemos es proyectar, hacer las proyecciones y el Ministerio de Economía es el que va a tramitar con estas gestiones”, sentenció.
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Feriado de Batalla de Boquerón se traslada al lunes 30 de setiembre
La vocera de Gobierno, Paula Carro, anunció en la tarde de este martes, que el presidente de la República Santiago Peña firmó un decreto por el cual traslada el feriado del 29 de setiembre, fecha que conmemora la Batalla de Boquerón, al lunes 30 de setiembre, con lo cual se establece un nuevo feriado largo para este año.
En conferencia de prensa, la vocera explicó que la decisión se tomó a propuesta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), con el objetivo de impulsar el turismo nacional en primer lugar, y en consecuencia la economía de los pequeños comerciantes.
Carro destacó que la ministra de Turismo, Angie Duarte, está trabajando constantemente a fin de promover esta iniciativa para que el sector turístico siga creciendo y aportando al desarrollo sostenible en todo el país. “El impacto del turismo va más allá de lo económico, influenciando también en lo social y cultural en la población”, afirmó.
Agregó que durante ese fin de semana largo de setiembre también se estará celebrando el “Día Mundial del Turismo” que será el viernes 27 de setiembre, según lo dispuesto por la ONU Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, reforzando la importancia del sector.
Remarcó que esta decisión de trasladar el feriado tiene una motivación económica, igualmente, ya que los feriados largos movilizan a la población y por ende a las economías locales de los diferentes departamentos del país.
“Esta medida se basa en el éxito reciente de la Semana Santa, que mostró una ocupación hotelera del 92 % al 100 % en los principales destinos del país. El turismo ha demostrado ser un precursor del desarrollo y progreso comunitario, beneficiando a toda la población”, concluyó.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.
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Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
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“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.