La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutó la Operación APEPÚ, un operativo que permitió desarticular una estructura criminal de gran escala instalada dentro del Parque Nacional Caazapá, retirando de circulación más de 1,7 toneladas de marihuana y destruyendo toda su infraestructura de producción.

Agentes Especiales del Departamento Regional N.° 3 de Encarnación localizaron y desmantelaron un complejo narco compuesto por cuatro campamentos interconectados y dos depósitos de acopio, que funcionaban como centro de procesamiento y almacenamiento. El operativo afectó directamente la logística y capacidad operativa de la organización, que aprovechaba la zona protegida para ocultar sus actividades.

Marihuana incautadaEn total, fueron retirados 1.275 kilos de marihuana picada (86 bolsas, 18 paquetes tipo “capullos” al vacío y una carpa extendida) y 477 kilos de marihuana prensada (596 panes y 6 bloques sin embalar), lo que representa 1.752 kilos de droga eliminados del circuito ilícito.

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En el lugar, también se hallaron 5 prensas rústicas, 4 gatos hidráulicos, 2 generadores eléctricos, 1 máquina envasadora al vacío, 1 molino picador, 1 fumigadora, 16 zarandas chicas, 1 zaranda grande, además de cintas de embalaje, colchones, víveres y otros enseres. Todo el material fue destruido por orden del fiscal César Martínez.

Con un valor estimado de USD 150 por kilo en el mercado brasileño o argentino, la incautación supone un perjuicio económico superior a USD 262.000 para la estructura delictiva, sin contar el costo de la logística neutralizada. Además, la acción evita un doble crimen: el narcotráfico y la deforestación dentro de un área de alto valor ecológico.

Esta es la tercera operación consecutiva que la SENAD realiza en la zona, en respuesta a intentos de grupos criminales de instalar bases en áreas protegidas para sostener la producción de marihuana a gran escala.

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• En el operativo se incautaron 1.752 kilos de marihuana y se destruyeron instalaciones de procesamiento y acopio en el Parque Nacional Caazapá.
• La logística encontrada incluía prensas, generadores, envasadoras al vacío y zarandas, lo que evidencia producción a gran escala.
• El golpe económico para la estructura criminal supera los USD 262.000, sin contar el valor de la infraestructura destruida.

En el marco del plan de acción contra el uso de drogas, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) iniciaron un trabajo de inteligencia que culminó con un operativo que logró desarticular una red de distribución de sustancias en Luque.

Durante la intervención, se realizaron tres allanamientos en simultáneo en distintos puntos del barrio Maka’i de Luque. Según la información obtenida por los intervinientes, este esquema de distribución utilizaba a integrantes de una barra brava como plataforma de comercialización de distintas drogas.

Durante los procedimientos fueron detenidos Bernardo Sebastián Duarte Garrido, de 23 años, y Gabriela Gaona, de 33 años, ambos identificados como miembros del grupo “Chancholigans”.

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Del poder de los detenidos fueron incautados 58,5 gramos de pasta base de cocaína, que equivaldrían aproximadamente a unas 200 dosis de crack, 36,5 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y múltiples elementos para la dosificación de la droga para su posterior comercialización.

“Conforme a los trabajos de inteligencia, sabemos que esta red de distribución estaría ligada a la barra brava de Luque. Insistimos en esta problemática con integrantes de barras bravas de varios clubes del país porque se ha convertido con el transcurso del tiempo en una impresionante red de microtráfico de drogas”, indicó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

El mismo destacó que los trabajos para erradicar este tipo de organizaciones continúan de manera activa, ya que existe todo un equipo de personas dedicadas a la investigación y seguimiento de los datos que se van obteniendo de cada una de las intervenciones.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.

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Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.

En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.

Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.

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Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.

Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.

Fuente: AFP.

Tras meses de no recibir respuestas a los reclamos por parte de las autoridades judiciales, la defensa del “Chapo” Guzmán hizo pública una carta en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa acusaba a las autoridades de confiscar su correspondencia e impedirle el contacto con su representante legal.

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“La Justicia estadounidense autorizó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a recibir la visita de su nuevo abogado defensor, Israel José Encinosa, en el penal de súper máxima seguridad del estado de Colorado, donde purga una pena de prisión perpetua”, informó el medio Milenio, que se hizo eco a través de RT.

A continuación, el portal de origen ruso da cuenta que el abogado logró la autorización para realizar llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente.

El juez federal Brian Cogan, responsable del juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, autorizó la petición y en el texto se precisa que el abogado fue “autorizado para reunirse en persona con el Sr. Guzmán Loera en el ADX-Florence", y se puntualiza que “no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”.

Según el medio digital, “la semana previa se hizo público el contenido de una carta manuscrita que remitiera el capo a Cogan, en la que acusaba a las autoridades del penal de bloquear su correspondencia y el contacto con su nuevo representante legal, y le pedía a Cogan su intervención. Este respondió que debía agotar otras instancias administrativas".

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En 2019, el juez Brian Cogan sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua tras haberlo encontrado culpable de varios cargos de narcotráfico.