Una vez más se intentará llevar a cabo este jueves la audiencia preliminar para la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19. La diligencia judicial se tiene que llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Julián López, quien deberá decidir si eleva el presente caso a un juicio oral y público.
El presente proceso penal se viene suspendiendo en varias ocasiones por las interminables chicanas que presentan los abogados que ejercen la defensa de los acusados. El Ministerio Público sostiene que cuenta con elementos de prueba para que el magistrado pueda elevar el caso a un juicio oral y público donde se conseguirá una sentencia condenatoria.
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Acusación
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guantes de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.
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Nueva denuncia contra Prieto por presunta lesión de confianza: lo acusan de manipulación en mensura judicial
Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron en la fecha una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas.
Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos.
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“Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.
Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde. Indicó que estas fincas colindan con el Río Acarahy, y si bien el río tiene un resguardo de 150 metros de espacio público, a partir de esa distancia comienza la ubicación de los mojones que corresponde a las fincas citadas.
Cien hectáreas menos
Mencionó que a lo largo de la periferia de estas dos fincas se han restado 200 metros a lo largo de 4 kilómetros aproximadamente; lo que representaría un total de 100 hectáreas más o menos de lo que les estaría faltando de la mensura real que corresponde a las 755 ha.
Indicó que nunca tuvieron una explicación por parte de la Municipalidad, ni de la Junta Municipal sobre el motivo de esta modificación de las medidas, por lo que desde hace tiempo venían exigiendo alguna explicación.
“Nosotros realmente llevamos más de 30 años peleando por estas tierras, que están todas ocupadas, serían como 3.000 familias aproximadamente, contando con 20 familias por hectáreas. Hasta ahora, lo único que tenemos es la ley que nos ampara la 35/90, que expropia a favor de la municipalidad de Ciudad del Este estas 755 hectáreas y que la municipalidad debe entregar a título oneroso”, comentó.
Rubén Peña mencionó además que el daño patrimonial sería de UDS 100 millones, calculando 1 millón de dólares por hectárea en un cálculo estimado en la tasación más baja del valor de la tierra.
En tanto, la presidenta de Asoley 35/90 Sara Peña remarcó que la lucha no es de ahora solamente, ya que lleva más de 30 años peleando por la tenencia del título. “Acá no se trata de que son una o dos familias afectadas, hay miles de familias que tiene casa propia, que están siendo afectadas por esta modificación. La cuestión es simple que se haga cumplir la ley, la cual nadie está queriendo respetar”, acotó.
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Canciller recibió al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy en audiencia al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, designado recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump.
El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la Cancillería Nacional, en Asunción. Durante la reunión, ambas autoridades abordaron diversos temas de la agenda bilateral, según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ocasión permitió repasar aspectos clave de la relación entre Paraguay y Estados Unidos, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países.
Desde la Embajada de los Estados Unidos destacaron a través de sus redes sociales que ambas autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de estrechar los lazos y fortalecer la cooperación entre EE. UU. y Paraguay. En la ocasión, destacaron los valores compartidos y las prioridades conjuntas en materia de seguridad, ciberseguridad y desarrollo económico.
Es importante recordar que Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo las funciones de Encargado de Negocios interino en la Embajada de EE. UU. en Asunción desde este mes de julio. Lidera con orgullo la promoción de los intereses de Estados Unidos en Paraguay, al cual considera un socio estratégico de EE. UU. en la región, con una tradición de estrecha cooperación y amistad con los Estados Unidos.
Este nuevo diplomático en Paraguay, previamente se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.
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Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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