En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

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Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.

Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

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La Justicia del Brasil rechazó la extradición de Teófilo Samudio González, alías “Samura” quien se fugó de la justicia de nuestro país en el año 2019, luego de una balacera en la que falleció el comisario Félix Ferrari. Según el documento del vecino país que lleva la firma de los magistrados Edson Fachin, Nunes Marques, hubo unanimidad en cuanto a la improcedencia de la solicitud de la justicia paraguaya.

Samudio González se encuentra detenido en la Penitenciaría Federal de Catanduvas por lo que se le insta a cumplir con las debidas precauciones legales, si no es arrestado por ningún otro motivo.

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El pasado 11 de setiembre del 2019 a la salida de la Costanera Norte de Asunción se produjo el rescate de Teofilo Samudio, alías Samura. En esa liberación resultó víctima fatal el comisario Félix Antonio Ferrari. El criminal es un peligroso narcotraficante de la organización brasileña Comando Vermelho, quien estaba encargado de enviar toneladas de cocaína a Europa y Brasil.

Por la liberación de Samura ya fueron condenados a 7 años de pena privativa de libertad Héctor Ramón Lazarte Arguello, Ceferino Encina Esquivel, Lucio Irala Martínez, Jacinto Aquino, Francisco Diosnel Candia Esquivel. Los hechos punibles que fueron encontrados culpables son por detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

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La Sala Penal de la Corte integrada por Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel rechazó un habeas corpus genérico que planteó la defensa de Carmen Villalba, una de las líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien recurrió ante la máxima instancia judicial su traslado de la cárcel de Mujeres El Buen Pastor al penal de Máxima Seguridad de Minga Guazú.

El pasado 12 de octubre, el Ministerio de Justicia informó que se procedió al traslado de Carmen Villalba, de su hermana Laura Villalba y Francisca Andino desde el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, de Asunción, hasta la Penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

De acuerdo al informe del ministerio, la decisión se dio por motivo de seguridad, conforme a las informaciones recabadas por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), y transmitida a los demás organismos de seguridad.

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“Conteste a los informes de inteligencia recabados por el Codena, y a fin de asegurar la seguridad nacional, de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado paraguayo, con ayuda de las fuerzas públicas se procedió al traslado de las mujeres privadas de libertad, Carmen Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba al módulo de máxima seguridad para mujeres de la penitenciaría de Minga Guazú”, refiere el informe dado a conocer por el Ministerio de Justicia.

Ante este trasladado la condenada presentó un hábeas corpus en la sala penal de la Corte, que rechazó la presentación presentada por la sentenciada e integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo.

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El próximo 31 de octubre a las 13:00 seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy de la firma Imedic SA y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. Los mismos están acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.

La audiencia oral va a continuar con la última parte de la audiencia oral que es la réplica y duplica, palabras finales y luego el tribunal de sentencia ingresará a deliberar la que será la sentencia de primera instancia.

Asimismo, la defensa de los acusados solicitó la absolución de culpa y pena durante la exposición de los alegatos finales y sostiene que el Ministerio Público no pudo probar la responsabilidad de los hechos por los que los acusa.

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El tribunal de sentencia que juzga a los tres acusados está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.

El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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