Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.

Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.

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Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.

“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.

La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.

Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.

Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.

Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.

De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.

“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.

“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.

Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.

También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.

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Buscando promover una Justicia más inclusiva y accesible a través de acciones de formación, sensibilización y fortalecimiento institucional y reafirmando el compromiso de la Asociación de Jueces del Paraguay con la igualdad de derechos y la no discriminación se llevó a cabo la firma de convenio entre el citado gremio de jueces y la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Trastornos del Espectro Autista del Paraguay (TEA PY).

Firmaron el documento el camarista Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, y Diana Villalba en representación de la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Trastornos del Espectro Autista del Paraguay (TEA PY).

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Por su parte, el titular del gremio de los jueces señaló que “con la firma del convenio el gremio demuestra la apertura en cuanto a los inconvenientes que aquejan a la ciudadanía en general con una Justicia más humana, sino involucrarnos con los problemas sociales que tiene nuestro país”.

El evento se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia, donde participaron varias autoridades así como jueces de distintos y fueros de la capital.

Este acuerdo contempla acciones de formación, sensibilización y fortalecimiento institucional, reafirmando el compromiso de la AJP con la igualdad de derechos y la no discriminación.

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