El presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI), del Partido Liberal Radical Auténtico, Gustavo Bernal, señaló que el mayor impedimento que hoy tiene la nucleación política para ir a elecciones internas no es la falta de las máquinas de votación, sino la falta de la resolución del juicio de nulidad contra la resolución de la Convención y que a raíz de esto existe una medida cautelar que les impide avanzar con el calendario electoral.

Bernal, se refirió de este modo, sobre las declaraciones del titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral TSJE, Jaime Bestard, quien dijo que espera que el PLRA revea su decisión de desdoblar las internas y volver a pasar sus comicios junto con las municipales 2026 porque no podrán entregar las máquinas de votación este año.

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El titular del TEI explicó que el problema que ahora enfrenta el TEI no tiene que ver con la imposibilidad de que tiene la Justicia Electoral de proveer las máquinas de votación porque las elecciones de cargos partidarios, y mirando las experiencia de otros partidos de la oposición, ellos están en condiciones de llevar las elecciones con papeletas.

“El verdadero impedimento que hoy nos pesa es el juicio de nulidad de lo resuelto por la Convención que está pendiente, y que tiene varias medidas cautelares, una de ellas es la restricción de innovar el padrón electoral”, precisó.

Al respecto, recordó que el año pasado inició un juicio de nulidad contra la resolución de la Convención que había acordado desdoblar las elecciones internas y adelantar a agosto de este año. Indicó que en el marco de este juicio se emitieron varias medidas cautelares, pero de las cuales una afecta directamente al TEI.

“Ahora mismo el TEI está paralizado totalmente debido a la medida cautelar y no como dice el presidente Bestard que porque no pueden disponer de las máquinas para agosto; es que no podemos avanzar con el cronograma de las internas prevista para el 17 de agosto próximo”.

Explicó que el Directorio partidario, a través de sus apoderados habían apelado esas medidas cuatelares, pero sigue aún pendiente de que el TSJE resuelva este tema.

Mencionó que esta medida cautelar les imposibilita agregar nuevos afiliados al padrón, ni sacar a aquellos que ya no están activos. Así también, les prohíbe seguir avanzando con el cronograma electoral.

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• Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.

Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.

Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.

Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.

El ministro de Defensa, Óscar González, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el desplazamiento de máquinas y personal del Comando de Ingeniería que se encuentra en Arroyito, departamento de Concepción, hacia la zona de San Lázaro para realizar trabajos de limpieza de canales por las inundaciones que afectan esa zona.

Igualmente, el secretario de Estado mencionó que el presidente Peña ordenó una base de operaciones aéreas en la localidad de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay para poder realizar el rescate de compatriotas que están varados en las zonas de Toro Pampa, María Auxiliadora, San Carlos y en algunas estancias vecinas.

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González sostuvo que la base de operaciones se decidió instalar en Fuerte Olimpo porque la mayoría de las personas que están varadas son pobladores de esa zona.

La base de operaciones aéreas estará compuesta por un helicóptero de la Policía Nacional, que estará apoyado desde Asunción por un avión de la Fuerza Área Paraguaya y esta aeronave ya llevó días a atrás más de 2 mil litros de combustible para el helicóptero de la Policía Nacional. Cabe recordar que ayer no se pudo realizar rescate por las condiciones adversas del tiempo en la zona.

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La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.

Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.

Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.

Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.

“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.

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El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.

“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.

Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.

“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.

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