La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino.

Ahora la jueza penal de Garantía de Caacupé, Silvia Cáceres, deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se ordena la prisión del autor del terrible accidente que acabo con la vida de varias personas.

Igualmente, de acuerdo a los primeros reportes se confirmo que el conductor que ocasionó el accidente de tránsito dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

Sanabria Vierci también resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Roque de Asunción. El mismo estaba al mando de una Volkswagen Tuareg, de color azul. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.

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En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes; tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma.

El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

En una cámara de circuito cerrado se observa que el vehículo al mando de Sanabria Vierci cruzó en el carril contrario y embistió de frente contra los vehículos.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Susan Vega imputó a un hombre porque habría agredido brutalmente a su novia cuando se desplazaban en un automóvil, luego de una discusión originada por celos. El procesado es Wilder Eusebio Vera Torres (29), quien está siendo investigado por violencia familiar y se encuentra detenido, a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la denuncia consignada en el acta de imputación, la agresión se produjo el 6 de noviembre de 2024, en horas de la noche, en el interior de un automóvil Toyota Vitz, color celeste, siendo la víctima una estudiante universitaria, de 20 años.

En esa ocasión, el hombre buscó a su novia en la Facultad para llevarla a su casa, ubicada en el barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná. Sin embargo, al subir al vehículo, el novio comenzó a maltratarla verbalmente, denigrándola por su condición de mujer, motivado por celos, supuestamente.

Acto seguido, le propinó golpes de puño en el rostro, los brazos y la cabeza, de manera repetida. Durante el trayecto, la víctima se percató de que su pareja había desviado el rumbo, ingresando a una zona oscura, donde continuó agrediéndola en la cabeza.

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En un momento de descuido del agresor, la víctima logró abrir la puerta del vehículo, bajó y corrió hasta llegar a una vivienda ajena, donde pidió ayuda a los vecinos, y de esa manera evitó seguir siendo agredida.

Desde la casa donde la auxiliaron, la joven contactó con su familia, que la rescató y la trasladó al Hospital Regional, donde recibió atención médica y luego presentó la denuncia sobre el hecho de violencia.

Intervino en el caso la fiscal Susan Vega, quien reunió elementos incriminatorios y ordenó la detención preventiva de Wilder Vera Torres. El hombre está detenido en la Dirección de Policía, en espera del pedido de prisión preventiva de la fiscal, al Juzgado de Garantías, considerando la gravedad de sus actos, según la agente del Ministerio Público.

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El agente fiscal Federico Delfino presentó imputación en contra de Luis Augusto Carlos Montanaro Bedoya por el hecho punible de coacción, luego de la amenaza que recibió la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investiga a Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantía, a cargo de la magistrada Clara Ruiz Díaz, la prisión preventiva del imputado. Ahora Montanaro deberá ser convocado por el juzgado de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en que se definirá si el imputado estará privado de su libertad o no.

De acuerdo al acta de imputación, el día 3 de noviembre, en horas de la tarde, Montanaro se dirigió hasta la Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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El hoy imputado, luego de retirarse de la Florería Franco, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro, que fue en el Edificio Gral. Genes 623 de la Capital. En dicho lugar, Montanaro Bedoya habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas, las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, y a otra mujer, más la suma de G. 700.000 y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

También refiere el acta de imputación que Montanaro Bedoya habría dado indicaciones a Alderete para que se apersone hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de tres ramos florales que el mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos florares sean entregados en los domicilios proveídos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy imputado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y procedió a realizar el mandato dado por Montanaro Bedoya, señala parte del acta de imputación presentada contra Montanaro.

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Desde la Oficina Técnica Penal indicaron que están expectantes a la llegada de las primeras 100 tobilleras electrónicas, dispositivos que se utilizarán inicialmente para los casos vinculados a violencia familiar. La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la mencionada unidad, manifestó que esto garantiza el monitoreo para los victimarios y también la seguridad de las víctimas.

“Tenemos información desde el Ministerio del Interior que a fines de noviembre y entre los primeros días de diciembre se estaría implementando el uso de estos dispositivos electrónicos que en nuestro caso serían las tobilleras electrónicas. La implementación va a ser de manera gradual y en un principio solo para la circunscripción judicial de capital”, explicó.

La ley establece que esta medida podrá ser aplicada para los casos de medidas cautelares de arresto domiciliario (procesados) y para las personas con condenas de prisión domiciliaria (condena firme). De acuerdo a lo expuesto por la jueza, en contacto con la 780 AM, la legislación no establece un límite respecto a los tipos de hechos punibles para los cuales se utilizarán las tobilleras, no obstante, existe un criterio que tendrán en cuenta.

“Todos los magistrados sabemos que tenemos mucha responsabilidad al momento de utilizar esta herramienta legal, pero creemos que la política criminal que vamos a seguir en este sentido es otorgar en casos en que no pongamos en peligro a la sociedad, como son los casos con mucho éxito de otros países en donde se aplica, que son para los casos de violencia familiar”, sostuvo.

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La jueza Luraghi indicó que se contará con una oficina de monitoreo dependiente del Ministerio del Interior donde se contará con personal especializado para el control tecnológico de los dispositivos. Los protocolos establecen también que las víctimas puedan utilizar las tobilleras, en caso de que presten su consentimiento.

“Las víctimas también van a tener un sistema de comunicación a través de botones de pánico y van a poder tener registro de que el agresor está acercándose a ella, al igual que la oficina de monitoreo que va a tener la ubicación precisa de las víctimas y victimario en caso de restricciones de acercamiento. La ley contempla la revocación inmediata del beneficio penitenciario en caso de incumplimientos y la emisión de la orden de captura para guardar prisión preventiva en los centros penitenciarios”, sentenció.

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