El Tribunal de Apelación, Primera Sala, confirmó a los jueces Inés Galarza, Olga Ruiz y Fabián Weinsensee para la realización del juicio oral y público en la causa conocida como bombas molotov. En el caso se encuentran involucrados los adherentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en su mayoría simpatizantes del efrainismo, Stiben Patrón, Luis Osvaldo Sánchez, Brian Martínez y Rubén Galeano.
Los mencionados imputados soportan acusación por la comisión del hecho punible de fabricación ilícita y hechos conexos, establecidos en la Ley Nº 4036/2010 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.
La recusación había sido planteada el 26 de julio del 2022, logrando de esa forma suspender el juicio oral y público. La defensa de los liberales había indicado que la jueza Ruiz posee vínculos con el diputado colorado Derlis Maidana y que a la vez es militante de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Mientras que el argumento para intentar apartar a la jueza Galarza es que la misma está afiliada al Partido Colorado y por tal motivo afectará su imparcialidad en el caso.
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Antecedentes
Para la Fiscalía, los imputados supuestamente fabricaron bombas molotov en la sede del Directorio del PLRA el 31 de marzo del 2017. Los artefactos aparentemente se utilizaron para incendiar el Congreso Nacional. Las bombas caseras habrían sido distribuidas en el interior de la sede partidaria, de acuerdo con las imágenes a las que accedió la Policía Nacional.
Según refiere la acusación del Ministerio Público, los procesados habrían ingresado a la sede del partido tradicional con varias botellas que contenían líquidos inflamables de color rosado (querosén o alcohol), en algunos casos con mechas, en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017.
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México inaugura primera Suprema Corte elegida por voto popular
México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.
El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
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Ceremonia indígena
Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.
“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.
Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
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Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.
El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
Fuente: AFP.
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Liberales esteños definirán acciones en una semana ante entreguismo en el PLRA
Dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ciudad del Este definirán en una semana las acciones jurídicas ante el “entreguismo” del directorio de la agrupación opositora, encabezado por Hugo Fleitas, que decidió acompañar la candidatura a la intendencia de Daniel Pereira Mujica, para completar el mandato del destituido Miguel Prieto, descartando postulaciones liberales para las internas fijadas el 5 de octubre.
“No estamos contra las alianzas, pero sí contra la domesticación. Nosotros no queremos que ningún cacique de turno nos venga a decir qué debemos hacer en nuestro distrito”, afirmó el dirigente liberal Carlos Barrientos, este martes, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Enjuiciarán a tres acusados por tala de árboles nativos en reserva de la Ande
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una causa por delitos ambientales cometidos en la Reserva Natural de Yguazú, fue elevada a juicio oral, tras pedido de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 2 de Alto Paraná.
Están acusadas tres personas: Francisco Mendoza (64), Fermín Cano (42) y Hermenegildo Arias (71), quienes enfrentan cargos por delitos contra el medio ambiente y las reservas naturales, por la tala de bosques nativos y la producción de incendios. La resolución fue dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 1, a cargo de la jueza Teresita Cazal.
Los acusados serán enjuiciados por los hechos que se habrían producido el 27 de agosto de 2024, en la Finca N.º 2270, Padrón N.º 4962, propiedad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ubicada en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná.
La denuncia fue presentada el 5 de setiembre de 2024, por la abogada Ana Isabel Giménez de Gómez, jefa de la Sección de Cuencas Hidrográficas de la Ande, tras constatar la tala de árboles nativos y la quema de pastizales en la Fracción I de la finca, afectando aproximadamente dos hectáreas.
Durante el recorrido de verificación, el personal técnico de la Oficina Regional del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA), constató la quema de árboles en etapa de crecimiento y la existencia de viviendas precarias utilizadas por los acusados.
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Francisco Mendoza fue hallado en una casa a orillas del Lago Yguazú; Fermín Cano estaba con equipo de campamento y herramientas de tala, y Hermenegildo Arias en una choza de madera con evidencia de procesamiento de madera nativa.
La investigación determinó que ninguno de los acusados posee título de propiedad sobre el terreno, según informes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Dirección General de los Registros Públicos, confirmándose, según la fiscal Ocampos, que la propiedad corresponde a la Ande.
La Fiscalía presentó pruebas testimoniales de personal de las instituciones que participaron en la intervención en el sitio de la tala y en la detención de los hoy acusados.
Asimismo, pruebas documentales y periciales, que incluyen análisis satelitales de la Dirección Ambiental del Ministerio Público, documentos de propiedad de la Ande, denuncias formales, y copias de leyes y decretos que protegen el área, como la Ley 716 y el Decreto N.º 867/2023.
La fiscal Ocampos, dijo a La Nación/Nación Media que, el solo ingreso a la reserva naturales ya es un delito y más aún si talaron árboles nativos, además de quemarlos. Consultada si se investiga a otras personas por el tráfico de esos árboles talados, la agente dijo que no se trata de tráfico de madera sino del ingreso y tala ilegal.
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Presidente de gobierno español dice que “hay jueces haciendo política”
El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.
“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.
“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.
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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.
“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.
Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.
La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.
Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.
El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.
En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.
El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.
- Fuente: AFP
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