En la noche de este viernes 31 de enero, desde el Poder Judicial informaron que en el proceso que se le sigue a Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, los fiscales Christian Ortiz y Luis Said solicitaron 21 años de cárcel más 9 años de medida de seguridad para para el acusado por hechos vinculados al tráfico de estupefacientes, estructura desbaratada en operativo denominado “Chacal”, desarrollado el año 2021. También su reclusión en un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad.

En el mismo trámite judicial, los representantes de la Fiscalía también solicitaron pena privativa de libertad para otros integrantes del clan Rotela, como Vicente Chase, alias “Petiso”, por quien solicitaron 19 años de cárcel más 4 años como medida de seguridad. Además pidieron 10 años de reclusión para Carmen Ortiz, pareja de Chase, y 18 años para el guardiacárcel Chistian Medina.

Para Juan Javier Rodas, alias “Picholi”, los agentes de Ministerio Público pidieron 20 años de pena privativa de libertad, más 6 años como medida de seguridad.

La solicitud de cárcel también alcanzó a Fredy Pérez y Carlos González, para quienes pidieron 17 años de reclusión. Otro integrante del clan Rotela por el que pidieron prisión es Ronald Cantero, para quien solicitaron 15 años de encierro tras las rejas.

Hasta ahora, el Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.

De acuerdo al informe emitido por la institución judicial, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046.

Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.

Un juez mexicano sentenció a 17 años y seis meses de cárcel a un reconocido ‘influencer’ por golpear a una mujer que chocó accidentalmente su auto. Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido en las redes sociales como “Fofo Márquez”, fue encontrado culpable de “feminicidio en grado de tentativa”, señaló en un comunicado la fiscalía del estado de México, donde ocurrieron los hechos el 22 de febrero de 2024.

El ataque ocurrió cuando una mujer estacionaba su vehículo y accidentalmente golpeó el automóvil de Márquez, de 27 años. La mujer dijo que llamaría a su seguro, pero al intentar abordar de nuevo su auto fue agredida a golpes por el ‘influencer’. Testigos auxiliaron a la víctima, que cayó al suelo por los golpes. Videos difundidos en redes sociales mostraron a Márquez atacar a la mujer para posteriormente huir del lugar, aunque poco después fue detenido por la policía.

El caso atrajo la atención de la opinión pública, entre otras cosas, por una fotografía que mostraba a Márquez sonriente mientras estaba bajo resguardo policial. El tribunal también lo condenó a pagar una multa equivalente a 3.200 dólares y una reparación de daño moral por 13.500 dólares más.

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Al referirse al caso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que habrá “cero impunidad” frente al feminicidio, un delito que se cobra diariamente la vida de una decena de mujeres en México, según la ONU. “La Constitución dice que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia”, añadió durante su habitual rueda de prensa matutina.

Márquez saltó a la fama con videos controversiales en los que exhibía una vida de lujos y derroche. En 2022 cerró un puente en la occidental ciudad de Guadalajara para hacer una carrera de autos. “Cerré el periférico para mí solo, una vez más mostrando lo que puede hacer el dinero y el poder en México”, dijo entonces. En otro video hacía también gala de su riqueza. “A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella. Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, soy Dios”.

Fuente: AFP.

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El gobierno argentino anunció que buscará eliminar la figura de “femicidio” de la ley penal, que agrava la pena de los homicidios a mujeres por motivos de género, tras la crítica del presidente Javier Milei a esta categoría. “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su cuenta de la red X.

Milei consideró que la figura de femicidio legaliza “de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, en un encendido discurso brindado en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). El femicidio es la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre por motivos de género y está arraigado en un “sistema social que (...) preserva los órdenes sociales de poder, control y opresión de varones a mujeres”, explica en su sitio web el Ministerio Público Fiscal argentino.

La figura se implementó, aunque no de forma explícita, en 2012 a través de una ley que modificó el artículo 80 del Código Penal argentino para criminalizar de modo agravado la conducta de un hombre que da muerte a una mujer mediando la violencia de género. “El hecho de matar a una mujer no te introduce directamente en el femicidio, sino que la tenés que haber matado en su condición de mujer: la mataste porque es mujer”, explicó a la AFP el abogado penalista, Gastón Francone.

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“Ese agravamiento, que tiene de pena perpetua, es diferente a matar a un hombre por su condición de hombre”, dijo Francone, quien señaló que la pena máxima para un homicidio sin agravantes es de 25 años, pero la prisión perpetua recibida por un femicidio puede llegar a 50 años. Para poder modificar el Código Penal argentino, se requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso, donde el oficialismo está en minoría frente a una robusta oposición de centroizquierda, bajo cuyo gobierno se introdujo la figura del femicidio.

Según la prensa local, el gobierno prepararía un proyecto de ley para este tema y para eliminar los documentos de identidad no binarios, sancionados en 2021, y los “cupos trans”, que establecen que el Estado nacional debe reservar al menos el 1 % de sus puestos de trabajo para personas transgénero. Pero desde el gobierno no hay gran optimismo sobre el avance del proyecto, según recopilan medios locales.

Fuente: AFP.

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Hugo Tomás Ramírez Sosa, de profesión economista y catedrático universitario, tenía un lado oscuro que quedó al descubierto en la noche del sábado 26 de enero de 2002, cuando tomó un cuchillo y mató a su alumna, quien también era su amante… pero no quedó ahí, luego la descuartizó y arrojó sus restos en varios vecindarios de Asunción y Lambaré.

El docente, entonces de 44 años de edad, no había aceptado la ruptura de la relación de parte de la joven misionera Martha Raquel Orué Hirakawa, de 24 años, y cometió uno de los crímenes más macabros de la historia criminal del país. El hombre fue condenado a 21 años de cárcel en Tacumbú, donde se recibió de abogado, al cumplir casi 14 años de pena obtuvo libertad condicional en diciembre de 2016. Hoy vive aislado en una localidad del interior del país y poco se sabe de él.

En la mañana del domingo 27 de enero del 2002, una persona se comunicó vía telefónica con la comisaría de Lambaré para denunciar que había una bolsa negra tirada al costado de un motel, en zona de Colón y Humaitá, de la cual salía sangre. Los uniformados que acudieron a verificar el lugar se encontraron con el torso de una mujer.

Al filo del mediodía, sobre las calles Félix Bogado y 24 Proyectadas, en Asunción, se encontró otra bolsa que tenía la cabeza de una mujer. Sobre las calles Montevideo y Manduvirá encontraron en una similar bolsa dos brazos. Luego, sobre Las Palmas y 11 de setiembre arrojó las dos piernas de la víctima.

La joven le dijo a Ramírez que la relación llegó a su fin, luego de casi un año y medio, debido a sus celos desmedidos que volvieron tormentoso su romance, que seguían manteniendo a escondidas, pese a que cada cual ya tenían parejas formales. Ante esta determinación, el sujeto no estuvo de acuerdo y la amenazaba que, si no estaba con él, “no sería de nadie”.

Aquel fatídico 26 de enero de 2002, Marta, quien vivía en un inquilinato del centro de Asunción, recibió la sorpresiva visita de Hugo, que le dijo que respetaba su decisión y la invitó a cenar a su casa, ya en plan de amigos, en su casa en el barrio Kennedy de Lambaré.

La joven accedió ante la insistencia, sin saber que lo que le esperaba y que el plan para matarla estaba en marcha. En la vivienda de Ramírez todo fue más tranquilo, el docente estaba respetuoso, amable, le ofreció una cena, tomaron algo y, en un momento dado, le dijo a Marta que iba a corregir algunos exámenes y que quería que lo acompañe. La mujer estuvo un buen rato, sentada, mirando a su profesor revisar las pruebas y luego decidió tomar un baño.

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El docente ya tenía planeado asesinar a la joven, solo estaba aguardando tener una oportunidad y la encontró justamente cuando Marta estaba en la ducha. Hugo tomó un cuchillo de cortar carne de la cocina y entró al baño, vio a su víctima de espaldas y, sin dudar, la atacó tres veces, luego le dio cinco estocadas más en el pecho.

Con la misma arma con que le había quitado la vida, comenzó a descuartizarle las extremidades, luego le cortó la cabeza. Seguido, distribuyó el cuerpo desmembrado en bolsas de basura, cuerpo para luego comenzar a dejarlas en varios sitios de la ciudad de Asunción.

A continuación, llamó a su sobrino, que vivía cerca de su casa, y le pidió prestado su automóvil. Tras el macabro recorrido para deshacerse de las bolsas, Hugo volvió a su casa, limpió como pudo la escena del crimen, lavó el baño, el cuchillo y pensó en una buena coartada por si la policía llegaba a él. Entonces, llamó a su novia, con la que pasó el resto de la noche en su departamento, pero ese domingo volvió al sitio del crimen.

Ramírez fue detenido esa misma mañana en que se encontraron los restos de Martha, a partir del testimonio de una amiga de la víctima, a la que contó la pesadilla que implicaba esta relación. El olfato de la policía sospechaba que la coartada de Ramírez no se ajustaba a los hechos, por lo que volvieron a su casa con una orden judicial. Convencido de que borró toda evidencia, el docente dejó que ingresaran los expertos de Criminalística. La primera evidencia que encontraron fueron las bolsas negras muy similares a las que contenían los restos de la estudiante, pero eso no era contundente.

En el baño con luminol (un compuesto químico que resalta la sangre bajo una luz violeta), los investigadores encontraron gran cantidad de pequeñas partículas de sangre que fueron tomadas y analizadas. Luego se revisó el automóvil que estaba estacionado en la propiedad del profesor y en la cajuela encontraron manchas que parecían sangre, también había cabellos y un anillo, que más tarde la familia Orué reconocería como propiedad de Martha. Con todos estos elementos se detuvo a Hugo Ramírez como principal sospechoso del crimen.

Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que toda la sangre encontrada en el baño y el vehículo eran de la joven estudiante. Hugo Ramírez fue imputado por el horrendo homicidio. El proceso judicial fue breve, ya que todas las pruebas demostraban que el docente era el único autor del hecho: el 10 de diciembre de 2002 fue condenado a 21 años de cárcel.

El martes 27 de diciembre de 2016, Hugo Ramírez quedó en libertad, tras cumplir las dos terceras partes de su condena y por buen comportamiento. El profesor Ramírez, abandonó la cárcel con el rostro serio sin querer hablar con los medios de prensa que lo esperaban en la calle. Finalmente, accedió a responder un par de preguntas: “Ya pedí disculpas por mi error, fueron 14 años de encierro y en mi foja de servicio está todo lo que hice. Nunca tuvo incidentes dentro del penal…”.

Coincidentemente, ese mismo día, el 27 de diciembre de 2016, era promulgada la Ley n.º 5777 “de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, cuyo borrador se redactó en el 2008, y que incorporó el feminicidio como una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, donde, por lo general, el victimario tenía o había tenido una relación o vínculo (esposo, pareja, novio, expareja, etcétera) con la víctima.

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