El juez Guillermo Trovatto, precautelando el interés superior del niño, ordenó que se aplique la vacuna luego de que la defensora de la Niñez y la Adolescencia Luz Chávez tuviera conocimiento de la situación y presentara la medida judicial. Foto: Gentileza.
Juez ordenó que se vacune a recién nacido ante llamativa oposición de los padres
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El juez de la Niñez y la Adolescencia Guillermo Trovatto dispuso que los padres de la niña desaparecida en Emboscada vacunen a su hijo recién nacido en un plazo de una hora. El niño está internado en el Centro Médico Bautista y los progenitores se oponen a la vacunación, pero con la resolución judicial las autoridades del citado sanatorio privado deben cumplir la resolución judicial o podrían ser pasible de un proceso penal por desacato a una orden judicial.
El magistrado hizo lugar de inmediato a una medida cautelar de urgencia por derecho de salud solicitado por la defensora de la Niñez y la Adolescencia Luz Chávez, quien al tener conocimiento de dicha situación presentó la medida judicial que tuvo respuesta en segundos y se ordenó que se vacune al recién nacido.
De acuerdo al presente caso, los padres se negaron a que su bebé sea vacunado en el marco del esquema de vacunación del Ministerio de Salud que es obligatorio en toda nuestra República.
Del mismo modo, la determinación judicial refiere que el centro asistencial privado deberá informar al juzgado de la Niñez y la Adolescencia en una hora si pudo aplicar la vacuna ordenada por la Justicia.
También se advierte a los padres que en caso de que evidencie nueva posturas contrarias al interés superior del niño de su hijo se arbitrará las medidas pertinentes de protección del niño, lo que implica que los padres pueden ser imputados por violación del deber del cuidado.
Igualmente, el Ministerio Público deberá estar pendiente de la actuación de los padres para iniciar la presente investigación.
Operativo Turf: juez autorizó extracción de datos de teléfono celular de Lindomar Reges Furtado
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El juez del crimen organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público extraer datos del teléfono celular del presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y Karla Guimaraes, quien habría colaborado para la fuga de Reges Furtado en el operativo Turf realizado en febrero del 2022 en un barrio cerrado de Alto Paraná.
La diligencia se realizará en el Laboratorio Forense de la Fiscalía debido a que ya se tiene la tecnología avanzada, así como una nueva actualización del equipo forense UFED, para la extracción de los datos.
El pedido fue presentado por el agente fiscal, José Martín Morínigo, quien solicitó la extracción y análisis forense de los datos almacenados en los teléfonos. Ambos aparatos, modelos iPhone, habían sido incautados en febrero del 2022 durante un allanamiento en el Paraná Country Club, pero hasta la fecha no había sido posible acceder a su contenido debido a sistemas de seguridad avanzados.
Los datos que se pretende recuperar son mensajes de texto, registros de llamadas, contactos, imágenes, videos y otros archivos que puedan ser relevantes para la investigación. El perito designado es el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas, de la Sección de Informática Forense del Ministerio Público.
El magistrado recordó la necesidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas involucradas, por lo que dispuso que la diligencia sea acompañada por un defensor público. La audiencia para el juramento del perito fue fijada para el próximo 5 de mayo a las 9:00.
La jueza Cynthia Lovera ordenó el arresto domiciliario de Luis Montanaro, imputado por coacción tras las amenazas a la fiscala Ruth Benítez. FOTO: ARCHIVO
Jueza ordenó arresto domiciliario de Luis Montanaro
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La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, otorgó arresto domiciliario al empresario Luis Augusto Montanaro, imputado por coacción debido al envío, vía arreglo floral, de una amenaza a la fiscala Ruth Benítez, quien investiga a Montanaro por el caso conocido como Duck Sex Games.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo ante la mencionada magistrada quien hizo lugar y ordenó el arresto domiciliario.
El abogado Daniel Schreiber, defensor de Montanaro, sostuvo que su representado tiene arraigo familiar, una actividad laboral lícita y ofreció como garantía un inmueble valorado en G. 990 millones. Además, señaló que las circunstancias que originaron el pedido de prisión preventiva han variado, ya que Montanaro Bedoya ha sido beneficiado con medidas sustitutivas en otras causas.
El juzgado consideró que se ha desvirtuado el peligro de fuga, ya que Montanaro Bedoya ha demostrado arraigo en el país y ha ofrecido una fianza real. Asimismo, no se encontraron méritos para sostener que pueda obstruir la investigación.
Otro proceso
Montanaro enfrenta otro proceso penal por el delito de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.
La Justicia hizo lugar a la extinción de la acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de los empresarios Marcelo Javier Demp y Andrés Fabián Demp. Foto: Jorge Jara
Justicia ordenó el sobreseimiento definitivo de dos empresarios
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La Justicia ordenó el sobreseimiento definitivo de los empresarios Marcelo Javier Demp y Andrés Fabián Demp, quienes en su momento fueron procesados por producción de documento no auténtico. La resolución judicial fue firmada en su momento por un tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González.
La defensa de los dos empresarios solicitó la extinción de la acción penal por llegar a un acuerdo con los denunciantes y por ende corresponde el sobreseimiento definitivo. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con el sobreseimiento definitivo atendiendo a que se llegó a un acuerdo entre el denunciante y los empresarios.
A raíz de la desvinculación total del presente caso, se resolvió levantar todas las medidas cautelares que en su momento fueron impuestas a los Demp en el marco del presente proceso penal.
Los Demp, que compartían la presidencia y la vicepresidencia de una empresa, fueron acusados por el Ministerio Público y exsocios comerciales por haber adulterado actas de las asambleas para beneficios propios. Esto se finiquitó tras el acuerdo y por ende un tribunal de sentencia decidió extinguir la acción y ordenar el sobreseimiento definitivo de ambos empresarios.
La justicia condenó a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a la exministra de la SEN, Gladys Cardozo, y a otro exfuncionario de la citada institución luego de ser encontrados culpables por lesión de confianza. Foto: Archivo
Procuraduría logró embargo de bienes de exministra de la SEN condenada por lesión de confianza
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Un tribunal de sentencia, cuya presidenta es la magistrada Rossana Maldonado, ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en G. 248.295.000. Ambos fueron condenados en su momento por el delito de lesión de confianza.
La Procuraduría General de la República obtuvo resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos punibles de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño a consecuencia de la causa “Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza” (Expediente N° 108/2014).
El juzgado dio trámite a la acción de reparación del daño, en virtud a una providencia de mandamiento de embargo. La acción se promovió con el objeto de obtener el resarcimiento de daños derivados de hechos de corrupción. En dicha oportunidad, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de los demandados, hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000 más los gastos de justicia, estimados en G. 248.295.000.
Conforme a lo resuelto por el tribunal colegiado de sentencia permanente N° 5 de la Capital, en la Sentencia Definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022, se determinó la responsabilidad civil de los señores Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quienes deberán abonar la suma reclamada por la PGR, como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado, a causa de la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.