El fiscal General del Estado Emiliano Rolón confirmó al equipo de agentes fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y reasignó a varios fiscales para poder entender varias carpetas fiscales en las que se encuentran investigados el empresario brasileño Darío Messer y otros.
Rolón dispuso conformar el equipo de fiscales con Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi, y Denis Yoon Park. Los citados representantes del Ministerio Público estarán bajo la coordinación de la agente fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia.
Las investigaciones penales que deberán seguir su curso y que a partir de la presente resolución del fiscal general deberán ser reasignadas son la causa penal N° 4/2018 caratulada “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”, la causa N° 15/2022 caratulada “Investigación fiscal sobre hecho punible de contrabando y lavado de dinero”, la causa penal N° 314/2018 caratulada “Investigación sobre lavado de dinero y otros”.
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La lista de causas sigue con la N° 02/2022 caratulada “Investigación fiscal sobre hecho punible de violación a la ley N° 4024/2021 y sus modificaciones”, la causa N° 7510/2021 caratulada “Investigación fiscal sobre declaración falsa” y la causa N° 5/2022 caratulada “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”.
Todas las causas mencionadas más arriba deberán ser estudiadas y analizadas por los agentes del Ministerio Público. Es importante señalar que dichas investigaciones estaban siendo seguidas de cerca por otros agentes fiscales, pero con la referida resolución del nuevo fiscal general solo los citados estarán a cargo de las pesquisas.
Del mismo modo se designó a los relatores fiscales Alejandro Meilicke, María Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer para colaborar con el equipo de fiscales a cargo de las causas citadas más arriba.
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El anticorrupción del Cird que fungió de asalariado para tener IPS
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.
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Caso Pecci: “Estamos haciendo lo que nos permite la ley”, afirma fiscal general
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostuvo que el Ministerio Público está realizando los trabajos de investigación en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en el marco de lo que permite la legislación, teniendo en cuenta que la investigación principal está a cargo de las autoridades de justicia de Colombia, donde ocurrió el crimen.
“Estamos haciendo lo que hoy nos permite la ley. La ley penal es una de las fuentes esenciales de la territorialidad, la esencia del funcionamiento, tenemos que interpretarlo, está en Colombia”, explicó el fiscal general en entrevista a la 1020 AM.
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El titular del Ministerio Público, explicó además que, con la declaración de uno de los involucrados, se pudo abrir una carpeta fiscal en Paraguay, sin embargo, la investigación central está el Colombia. “Nosotros tuvimos un pequeño resquicio que nos da el Código Penal, 1160 artículo 9, que con la declaración de unos de los participantes del hecho nos dio la prescriptiva de instalar una carpeta fiscal propia nacional”, mencionó.
Reiteró que, como las investigaciones no se dan el país, la fiscalía depende también de las informaciones que se reciben desde Colombia. “Como el escenario está lejos, los elementos están lejos, solamente recibimos algunas informaciones propias que nos permitan ir hilvanando alguna idea de investigación criminal. En esto hay que ser claro, el crimen organizado trasnacional no deja huellas ni testigos normalmente”, apuntó.
Destacó el equipo de investigación que se encuentra en Paraguay, y afirmó que los mismos son los más interesados en llegar a los mandantes intelectuales del crimen de Marcelo Pecci.
“Tenemos un equipo de trabajo magnífico, con mucho sentimiento, con mucha capacidad, inobjetable por la opinión pública. Quienes están al frente en forma operativa real, en mi caso soy el gerente, que observa y controla las actuaciones, pero ojo, mientras no tengamos respuestas, cualquier esfuerzo que se haga parecerá que no es suficiente, parecerá que no se hace nada. Créanme que en esta institución no hay persona que no esté interesada en descubrir”, puntualizó.
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Caso Atlas: Ministerio Público aguarda informes del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Ministerio Público aguarda las informaciones solicitadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, respecto a los negocios que realizaba con su cliente Nicolás Leoz, con dinero aparentemente desviado del fútbol. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, indicó que ya se habían solicitado los informes y que incluso se reiteró el pedido a la entidad estadounidense responsable de controlar el delito.
“Nosotros tenemos serias expectativas de lograr muy prontamente esas respuestas, existen informaciones fundamentales que requerimos del exterior y también de fuente propia. Estamos haciendo lo que se puede dentro del marco de lo que tenemos”, expresó Rolón, este viernes, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había presentado en 2017 una denuncia por supuesto lavado de dinero por unos 6.000.000 de dólares sobre operaciones llevadas a cabo por el entonces presidente de la entidad, Nicolás Leoz, respecto a fondos del fútbol sudamericano. El dirigente, fallecido en 2019, manejó la Conmebol desde 1986 a 2013.
“Esto es reciprocidad internacional, debemos atendernos a la buena voluntad de los organismos cooperantes, de los países amigos, la propuesta que se tiene también en cooperar eso es latente en todos, así es que tenemos nosotros fundamentos de creer que sí tendremos respuestas”, apuntó el fiscal general.
“Previmos inclusive la posibilidad de que si podemos agilizar el tema tendremos que hacer una gestión propia, en directo quizás, ante el Departamento de Justicia, definitivamente es una proyección que nos interesa, es nuestro compromiso, pero por ahora estamos viendo esa perspectiva”, indicó Rolón.
Además, se refirió a los plazos de respuesta de parte de las autoridades norteamericanas: “La línea de la cooperación de la información generalmente de Estados Unidos va por un año, en mi gestión ya hicimos los pedidos, estos días reiteramos, así es que estamos en el camino correcto”, sentenció.
Urgimiento de la Conmebol
Por otra parte, también se refirió al tercer urgimiento para agilizar el caso presentado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, con el fin de recuperar los fondos que se habrían desviado en Paraguay.
La Conmebol lleva recuperados más de 150 millones de dólares desviados en actos de corrupción cometidos por exdirectivos, descubiertos a partir del escándalo conocido como FIFAgate en 2015, según datos de la entidad, gracias a la ayuda de la Justicia de Estados Unidos y Suiza.
“El norte de nuestro accionar es la existencia de elementos en el hecho y la participación criminal. Una vez que tengamos esa información completada, surge la obligación objetiva de imputar o desestimar según el progreso sea positivo o negativo. A veces esto tiene más el sesgo de impresionar a la opinión pública porque el urgimiento presentado al Ministerio Público no tiene ese efecto”, argumentó el fiscal general acerca de la última solicitud de la Conmebol.
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Fiscalías de Paraguay y Bolivia acuerdan cooperación interinstitucional
Durante la 35ª Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm) se materializó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público de Paraguay y el de Bolivia, catalogado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como un hito para la región.
“La misión de persecución penal e investigación criminal nos obliga a tomar otras aristas en este nuevo sistema, en este nuevo orden, que afecta particularmente a los Ministerios Públicos de la región”, expresó Rolón ante los medios de prensa tras la firma del acuerdo con su par, Juan Lanchipa Ponce.
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El convenio establece un marco para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y capacitación, así como la colaboración en investigaciones criminales y procedimientos penales. El acuerdo prioriza principios de independencia y autonomía, fortaleciendo la cooperación internacional.
Además, la firma entre ambos fiscales generales promueve la modernización de los mecanismos de colaboración y la implementación de sistemas de alerta temprana para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, en consonancia con las convenciones internacionales vigentes.
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Una lucha coordinada
“Desde el Ministerio Público de Bolivia nos sentimos muy satisfechos con este acuerdo. El trabajo conjunto es de suma importancia en el caso del abordaje de los crímenes transnacionales, fundamentalmente en las fronteras de ambos países”, refirió por su parte el fiscal Lanchipa Ponce.
Remarcó además que a través de la suscripción del convenio, se podrá trabajar de manera efectiva tras facilitar informaciones estratégicas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, así como la delincuencia compleja y organizada transnacional y sus delitos conexos.
“A partir de este convenio, llevaremos adelante de manera entrelazada y coordinada la búsqueda de mejores resultados dentro de la prosecución penal”, remarcó el fiscal, destacando la posibilidad de materializar labores conjuntas en varias áreas críticas, incluyendo el análisis criminal, entre otras más.