Por una nueva chicana presentada por el querellado Pablo Ferreira se volvió a suspender el inicio del juicio oral y público fijado para este lunes en la sede judicial de Caacupé. Esta vez la defensa del querellado por lesión culposa por atropellar bajo los efectos del alcohol al ciclista Juan Manuel Teixidó recurrió la resolución del juez de Sentencia Alberto Peralta.
El inicio de la audiencia oral ya se viene suspendiendo en más de 15 ocasiones por las reiteradas chicanas que presentan los abogados del querellado Ferreira, lo cual debe llamar la atención de los ministros de la Corte.
Ahora el expediente judicial deberá subir nuevamente al Tribunal de Apelación, que una vez más deberá destrabar la querella. Los incidentes planteados en el presente caso solo buscan llegar a la impunidad, por lo se deben aplicar sanciones a los abogados que se prestan a dilatar el presente juicio oral.
La víctima del accidente, Juan Manuel Teixidó, en su momento manifestó, vía redes sociales, que espera que se haga justicia por el accidente que sufrió.
Antecedentes
El accidente de tránsito en cuestión ocurrió el 6 de enero del 2019 a la altura del kilómetro 48, sobre la avenida General Jacinto Morínigo de la ciudad de San Bernardino; involucró al conductor Pablo Ferreira, de 29 años, –hijo del entonces titular de la Ande, Pedro Ferreira–, quien fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado positivo con 0,27 mg/l. En la ocasión, Teixidó sufrió diversas lesiones al caer de su bicicleta al pavimento, luego de haber sido atropellado por el vehículo al mando de Ferreira.
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Filtración Seprelad: leales de Abdo Benítez siguen chicaneando para evitar que causa avance
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, imputado por siete delitos en el marco de la causa que investiga la filtración de información de la Seprelad, en la que también está imputado el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera.
Amarilla argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente, Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.
Igualmente, Amarilla realizó una denuncia sobre una supuesta alteración en el sistema informático Judisolf, utilizado por la sala penal de la Corte, por lo que no pudo visualizar la contestación del Ministerio Público al respecto de la acumulación o no de las denuncias contra el diputado Mauricio Espínola sobre filtración de información. Del mismo modo, el defensor de Arregui recusó a la secretaria de la Sala Penal de la Corte, Karina Penoni.
La nueva recusación contra el ministro Benítez Riera busca seguir dilatando el presente caso y evitar que se destrabe y siga su curso. Ahora, la Corte deberá integrarse para estudiar la nueva recusación y sancionar al abogado Amarilla por las sucesivas chicanas que presenta.
Imputación
El expresidente Mario Abdo Benítez y otros 7 leales de su gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola, fueron imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Corte rechazó chicana de la firma Montego Trading
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez rechazó una chicana más presentada por la firma Montego Trading por lo que el tribunal de apelación en lo civil y comercial podrá estudiar la confirmación del levantamiento de la medida cautelar dictada en primera instancia.
El representante legal de Montego Trading presentó una reposición contra una resolución de la propia sala civil de la Corte al solo efecto de dilatar el presente juicio.
En primera instancia un juzgado en lo Civil y Comercial resolvió levantar la medida cautelar que tenía a su favor la firma Montego Trading, el cual, debido a dicha decisión judicial, seguía operando a pesar de que ya no estaba habilitado para hacerlo.
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Juicio oral en puerta
Los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar” deben enfrentar un juicio oral y público.
En su momento, la jueza penal de Garantía Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el presente caso y a su vez dicha resolución judicial fue confirmada por el tribunal de apelación. De acuerdo a los datos, en el mes de junio se debe realizar la audiencia oral para los acusados.
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La Corte estudia si rechaza chicana del senador Rafael Filizzola tras desafuero
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Víctor Ríos deberá estudiar si rechaza la chicana que presentó el senador Rafael Filizzola, procesado por lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción.
El caso tiene vía libre para que pueda seguir su curso luego de que la Cámara de Senadores comunicó al juez penal de garantías Yoan Paul López el desafuero de Filizzola. La defensa del actual legislador recurrió a la sala penal de la máxima instancia judicial para tratar de confirmar la llamativa resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien hizo lugar al sobreseimiento de Filizzola.
Este fallo fue apelado por los fiscales del caso y un tribunal de apelación decidió revocar el fallo de la magistrada y se dispuso que el proceso continúe para el senador. Actualmente el expediente está en el despacho de la ministra Carolina Llanes, quien tendrá que evaluar si corresponde que el caso quede impune o siga su curso normal.
En su momento la resolución del tribunal de apelación fue muy claro debido a que se mencionó que las actuaciones de la defensa de Filizzola fue obstruccionista y por tal motivo impidió que el proceso penal pueda avanzar y llegar a su fin.
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el exministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas.
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Nueva chicana en juicio oral por invasión de estancia Pindó busca impunidad de acusadas
La defensa representada por abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) recusó al fiscal Juan Daniel Benítez, en el caso de la ocupación ilegal de la propiedad de la Finca Nº 5603, ubicada en el distrito de Curuguaty, perteneciente a la Ganadera Pindo S.A. El pasado 2 de octubre comenzaron las audiencias de juicio oral contra cuatro mujeres identificadas como líderes.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el agente fiscal explicó que esta recusación que fue puesta ya en pleno juicio oral, es una más de las múltiples chicanas de la defensa que está a cargo de los abogados Walter Isasi y Eduardo Aguayo. Indicó que anteriormente ya han realizado varios actos dilatorios con la intención de no ir a juicio oral y buscar la impunidad de las cuatro mujeres identificadas como Jorgelina Coronel Zala, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara y Rosana Mabel Bareiro Dávalos.
Indicó que esperan que en la brevedad sea resuelta la recusación impuesta por la defensa, en tanto el fiscal adjunto de Canindeyú Dr. César González tomará la decisión al respecto, a fin de que se pueda continuar con el juicio oral.
“Estas cuatro mujeres están acusadas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Hay que entender que en este caso hay varios acusados, pero solamente estas mujeres se han presentado. Haciendo una lectura jurídica de esta situación, lo que vemos es que los principales cabecillas están mandando al frente a estas mujeres, para que se presenten ante la justicia con el fin de que sean beneficiadas con algún tipo de impunidad a través de la prescripción de la causa por plazo del tiempo o alguna otra medida”, mencionó.
Asimismo, añadió que existen otros identificados que están con orden de captura y que a la fecha aún no han sido capturados, y por eso han enviado a las más débiles procesalmente al frente, mientras que los principales cabecillas aún siguen con paradero conocido.
No ingresa el Estado
El fiscal Benítez explicó que la finca conocida como estancia Pindó hoy en día ocupado en su totalidad por los invasores es una zona que no puede ingresar autoridades del Estado, ni la Policía, ni la Fiscalía y mucho menos los auténticos dueños de la propiedad. “Es una zona muy compleja donde prácticamente el Estado no existe, entonces se hace casi imposible dar con ellos desde hace bastante tiempo”, indicó.
Indicó que la carpeta fiscal identifica a dos cabecillas principales, pero además de ellos existen otras personas más con orden de captura. Afirmó que para la fiscalía lo más importante es dar y capturar a Jorge Mercado, que es la persona sindicada como principal cabecilla de todo el grupo. Si bien no manejan datos actuales, estiman que el grupo invasor está compuesto por unas 30 familias que de manera violenta habían invadido la estancia Pindó en el año 2012.
El fiscal cuestionó la postura de ciertas organizaciones sociales que tienden a “romantizar las invasiones de tierra”, cuando se trata de un despojo que se realizó con violencia y no bajo las reglas de la ley para adquirir la propiedad.
“Por eso estas personas deben dar cuenta por sus conductas, hay mucho en estas organizaciones que plantean de una forma de romantizar las invasiones de tierra pero son básicamente robos de la propiedad de manera violenta. No hay nada romántico o de social en el acto de despojar a alguien de su propiedad”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó que de acuerdo al relevamiento de datos realizado por la Policía del 2018, y a la fecha no existen datos concretos de quiénes y cuántas son las personas que ocupan ese espacio, debido a que ellos no permiten el ingreso de nadie a la propiedad.
“Si ellos quieren pelear por un pedazo de tierra de manera legal, deberían al menos identificarse, esos datos por ejemplo no tenemos con exactitud en estos momentos. Creemos que son aproximadamente unas 30 familias que ocupan un espacio realmente grande porque son prácticamente 4.600 hectáreas, y en todos estos años se hicieron con la totalidad de la propiedad. En estos años se armaron una pequeña ciudadela en la cual solo impera el orden que ellos establecen”, explicó.
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