A través de la circular 09/2023, la Dirección General de Talento Humano, por instrucción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso que todos los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios en general, en el plazo no mayor de seis días hábiles, informen sobre la tenencia de todo vehículo automotor que correspondiera a una causa y que fuera otorgado en calidad de depositario judicial, especificando la causa, los datos y la referencia de la autoridad que dispuso la entrega.
Se recuerda que el tiempo establecido para la elevación de dicho informe es de seis días a partir de la fecha. En caso de que no se respete dicho plazo, podría haber sanciones.
Esta situación se genera luego de la situación de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Hilux que fuera hurtada en Brasil. La mujer está imputada por los delitos de reducción y resistencia y se solicitó la prisión preventiva para la misma.
Igualmente, se ordenó la detención de González y eso significa que si es detenida, deberá ser trasladada hasta la unidad fiscal para que pueda prestar declaración indagatoria. Luego tendrá que ser trasladada hasta la sede del Poder Judicial para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es derivada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor o es beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Óscar Laterza fue quien presentó la imputación contra la funcionaria del Ministerio Público Claudia Guillén González.
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Caso Marcos Antonio: fiscal esperará autopsia para saber si hay heridas de balas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Para mañana está prevista la autopsia del cuerpo de Marcos Antonio Domínguez Amarilla, en horario a ser confirmado, según dijo a La Nación/Nación Media, la fiscal que investiga el hecho, Cinthia Leiva. Los restos fueron hallados ayer a la tarde por pescadores, en el río Monday, y llevados anoche a la morgue judicial de Asunción.
La agente fiscal señaló que, “recién cuando se realice la autopsia y se conozca el resultado, se sabrá si el fallecido recibió o no heridas de bala y cuál fue la causa de muerte”.
La fiscal remarcó que no se puede hablar de causa de muerte hasta que no se haya realizado el examen del cadáver. Esto tiene que ver con la información posterior que el cuerpo, en realidad, no tenía heridas de bala.
La Comisaría 8a. de Minga Guazú había informado anoche después del hallazgo que, el cuerpo “presenta a simple vista heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza y pierna”. Luego, realizó su inspección la médica forense Tania Morínigo y surgió el dato que el cuerpo no tenía heridas de balas.
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La agente Leiva aclaró que el acta del procedimiento forense de anoche, en una morgue de Minga Guazú, no descarta ni afirma nada, solo “sugirió la autopsia para descartar heridas de arma de fuego”. La misma dijo que tiene el acta consigo y espera la autopsia para tener más claridad qué investigar sobre lo ocurrido con el hombre.
Asimismo, espera los informes solicitados a diferentes dependencias, entre ellas la División de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, sobre los datos recabados durante el recorrido por varios sitios, en la búsqueda del entonces desaparecido, hoy fallecido, parra ayudar en la investigación.
Es de recordar que la intervención de anoche, tras el hallazgo del cadáver, estuvo a cargo de la fiscal Diana Gómez, a quien los familiares de la víctima confirmaron que se trataba de Marcos Antonio Domínguez.
Sin embargo, la denuncia de su desaparición hecha por la exconcubina Ninfa Arias Estigarribia, está a cargo de la agente Cinthia Leiva, quien ahora se encarga de investigar lo que parece un homicidio.
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Tribunal absolvió a los tres acusados
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.
Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.
El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Diputados tratará proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN)
Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.
El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.
Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.
Creación del ISEMP
El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.
Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.
Inscripción automática en el RCP
La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.
Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Concertaciones
Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.
Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.
Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.
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