El juicio oral y público para el diputado colorado, Miguel Cuevas, acusado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, proseguirá el próximo 1 de marzo, a las 08:00. El tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera admitió el pedido del fiscal Luis Piñánez y dispuso la inclusión probatoria de la pericia contable y de un informe que es sumamente importante para demostrar la responsabilidad del acusado en los ilícitos acusados por el Ministerio Público.
Asimismo, con relación al incidente de nulidad parcial de la acusación el colegiado difirió la determinación para el final del juicio.
El proceso penal del citado parlamentario fue elevado a juicio oral y público por el juez penal de Garantías Yoan Paul López el 5 de julio del 2021, de acuerdo a la publicación realizada por el diario La Nación/Nación Media.
Posteriormente, el Tribunal de Apelación, conformado por Arnulfo Arias, Óscar Rodríguez Kennedy y Emiliano Rolón Fernández, declaró inadmisible la apelación de la defensa y confirmó la elevación a juicio oral de la causa que afronta por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La acusación realizada por el fiscal Luis Piñánez indica que como ingresos percibidos por Miguel Cuevas en su calidad de funcionario al servicio de la administración pública, se verificó un total de G. 1.720.714.181. Además, en cuanto a sus ingresos y egresos provenientes de su actividad ganadera, se verificó un ingreso neto de G. 3.010.962.855.
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En octubre debe comenzar un segundo juicio oral al exfiscal general y su esposa
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para el 1 de octubre a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Díaz Verón y su esposa serán nuevamente juzgados por resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que dictaron los jueces de sentencia Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.
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La camarista Bibiana Benítez señaló en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.
Antecedentes
El proceso penal contra la pareja Díaz Verón, Morínigo se inició a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público en el año 2019, que señalaba que entre los años 2008 y 2017 los ingresos de Díaz Verón fueron de G. 10.702 millones, mientras que sus egresos alcanzaron los G. 21.143 millones, generando un déficit injustificado de G. 10.495 millones en su patrimonio y en el de su cónyuge.
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Crisis en Nepal: violencia y corrupción, lecciones que Paraguay no debe ignorar, señala Gamarra
El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.
En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.
“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.
Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.
Romantizan la violencia
Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.
“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.
El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.
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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.
Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.
Defender la democracia
Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.
Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.
“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.
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Caso Valenzuela: intendenta liberal enfrentará juicio oral
La jefa comunal del Municipio de Valenzuela, Mirtha Fernández y otras seis personas están acusadas, por lesión de confianza, y otros hechos, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar esta causa a un juicio oral, luego de que la intendenta liberal se haya presentado a los estrados judiciales el pasado lunes, la misma se encontraba prófuga con orden de detención.
El magistrado también dispuso el arresto domiciliario de la autoridad municipal y de los demás acusados en esta causa, también se le otorgó un permiso para trabajar en horas de la mañana, es decir, continuar al frente de la administración local.
La intendenta liberal fue procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
Nueva imputación
Por otra parte, el día de ayer la intendenta y otras cinco personas fueron imputadas por la agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
De acuerdo a la fiscalía, esta nueva imputación tiene que ver con un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad por aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide, en obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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Meza defiende propuesta que plantea fusión de entes: “No podemos ser rehenes de sindicatos”
La mesa directiva de Diputados estableció entre los puntos resaltantes a ser analizados en la próxima sesión ordinaria del martes 16 de setiembre, el proyecto ejecutivo que plantea la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.
No obstante, el vicepresidente primero de la cámara, Hugo Meza detalló que la tendencia sería por la postergación de la iniciativa, teniendo en cuenta que se instaló una mesa de trabajo con sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), quienes cuestionan la propuesta.
“Hay una mesa de trabajo que se instaló con algunos sindicatos importantes de la Ande que están en desacuerdo, queremos escuchar sus planteamientos y seguro vamos a postergar. Se prevé también una audiencia pública para el lunes y existe una línea de trabajo con el Ejecutivo con relación a este proyecto tan importante que optimizará y mejorará la gestión de las instituciones”, dijo.
Asimismo, Meza siguió sosteniendo que “vamos a escuchar a todos, pero no podemos ser rehenes de sindicatos que se creen dueños de instituciones. Vamos a colocar en la balanza todos los puntos, pero primero está el interés de todos los paraguayos y no de un sindicato o institución en especial".
Los gremialistas alegan que mediante esta fusión supuestamente se restarían prerrogativas y atribuciones a la Ande. También sostienen que el proyecto de ley impulsado por el gobierno del mandatario Santiago Peña, tiene como finalidad privatizar la institución eléctrica, planteamiento que ya fue desmentido por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.