La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez dispuso la creación de la Unidad Penal de Ejecución Especializada de Crimen Organizado y Delitos Económicos para intervenir en estos tipos de causas penales, tramitados en los juzgados de Ejecución de Asunción y Luque.
La fiscal que fue asignada a fin de intervenir en dicha unidad es la agente fiscal Celia Beckelmann quien deberá tomar intervención en los procesos de ejecución de la sentencias de condenados por delitos de crimen organizado y delitos económicos.
El pasado 14 de febrero, Quiñónez inauguró una nueva sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UDEA), buscando reforzar la manera en la que se desarrollan las labores en contra de los mencionados delitos abordados por el Departamento del Ministerio Público.
“Inauguramos la nueva sede como parte del plan de fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción y delitos conexos”, resaltó la titular de la Fiscalía. La administración de Quiñónez está enfocada en trabajar en el constante mejoramiento de los enfoques de trabajo del Ministerio Público y los refuerzos de los departamentos fiscales forma parte de esa línea de gestión que la fiscal general del Estado plantea continuar hasta el día de su salida.
Nueva unidad en Vallemí
Atendiendo a la necesidad ciudadana de un acceso más efectivo y cercano, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, dispuso la creación de la Fiscalía Zonal de San Lázaro, Vallemí, departamento de Concepción.
En la presente resolución también se crea la Unidad Penal Nº 1 de la zona y de esta forma el Ministerio Público marca presencia más cercana con la ciudadanía de dicha localidad. Ahora se deberá designar al agente fiscal que tendrá a su cargo dicha unidad y comenzar a trabajar en dicha zona del país.
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Crecimiento de banca digital exige nuevas herramientas de seguridad, afirma analista
Con el crecimiento de la banca digital en el país surge la necesidad de implementar nuevas herramientas de seguridad para paliar el aumento de los ataques de phishing y otros delitos económicos. A criterio del analista financiero Stan Canova es hora de involucrar al sector asegurador y al Congreso Nacional en la discusión sobre seguridad para el sistema financiero digital.
“El crecimiento de la banca digital no va a parar y tenemos que contrastarlo con dos áreas más que son parte del ecosistema financiero: el sector asegurador y el Congreso Nacional”, explicó el analista a la 1020 AM. El profesional recordó cómo con el crecimiento exponencial de la banca digital también aumentó la vulnerabilidad a fraudes bancarios como vaciamientos de cuentas, phishing y otros delitos que han encendido las alarmas, por lo que es fundamental que todos los sectores se involucren en la discusión sobre seguridad.
“El sector asegurador tiene que ir estudiando o planteando lanzar productos que estén enfocados a lo que es el delito informático. Falta que exista un seguro personalizado: no existe para phishing o el vaciamiento de las cuentas tras el robo del celular y es un riesgo muy grande”, enfatizó.
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El analista financiero también hizo hincapié en que el Congreso Nacional debe empezar a idear nuevas legislaciones o actualizar el Código Penal con todo los que refiere a delitos económicos e informáticos. “Casi no existe en el Código Penal paraguayo referencias a lo que es delitos informáticos y económicos”, puntualizó.
En los últimos años, Paraguay experimentó un gran crecimiento en la digitalización de su banca. Así, el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) sigue alcanzando niveles récord y desde el 2023 mueve un equivalente al 240 % del producto interno bruto (PIB), siendo las transferencias u operaciones del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) las preferidas por los clientes. De ahí que se plantea la necesidad de implementar nuevas herramientas de seguridad.
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Operativos conjuntos eliminan 3 millones de kilos de drogas
En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se reunió con delegados de la Policía Federal del Brasil en Amambay, donde acompañaron al personal operativo que se encuentra en pleno proceso de destrucción de cultivos ilícitos y campamentos narcos, en el marco de la operación Nueva Alianza 45, iniciada la semana pasada, que también apoya la Fuerza Aérea Paraguaya.
“La evidencia es clara: debemos invertir en prevención. Redoblemos esfuerzos para combatir la problemática con políticas eficaces en materia de reducción de la oferta y demanda de drogas”, indicaron desde la Senad.
“Los resultados siempre son óptimos para nosotros desde el punto de vista de la cooperación, porque con los operativos que se han hecho en lo que va del año y para la finalización de esta nueva alianza ya estaríamos alcanzando la erradicación de unas 1.000 hectáreas de cultivo de marihuana”, comentó el titular de la Senad a través de las redes sociales.
En lo que va del año, a través de cuatro operativos se ha logrado sacar del mercado unos 3 millones de kilogramos de marihuana, que representa un golpe financiero al crimen organizado de unos 100 millones de dólares. Nueva Alianza 45 seguirá por algunos días más con el apoyo de helicópteros para ingresar a las zonas boscosas que es donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos.
“Tras los primeros 5 días de la operación Nueva Alianza 45 sacamos de circulación 287 mil kilos de marihuana y destruimos 28 campamentos. La pérdida ocasionada a los narcos supera los 8,6 millones de dólares”, reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en su red social X.
DETENCIÓN EN CAAGUAZÚ
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturó ayer miércoles a un joven que fraccionaba cocaína para la venta en Caaguazú. Se trata de Guido Ayala Estigarribia, quien fuera investigado por actividades de tráfico, fue detenido en el momento. El procedimiento se realizó en el asentamiento Villa el Triunfo de Caaguazú y estuvo a cargo de los antidrogas y el fiscal Fermín Segovia.
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No hay desarrollo sin seguridad, dice Peña en encuentro OEA-CAF
Este martes 25 se desarrolló un encuentro organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el que la “delincuencia organizada transnacional” fue el tema abordado por autoridades nacionales y miembros de las mencionadas instituciones.
“Ni en el Paraguay ni en ninguna otra nación va a haber desarrollo si primero no hay seguridad, por eso celebro que CAF y la OEA se estén uniendo en esto”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, quien fue uno de los oradores del evento que manifestó la importancia de que las instituciones a nivel nacional y regional actúen de forma conjunta de modo a hacer frente al crimen organizado.
Bandas criminales aprovechan la desorganización de los gobiernos para fortalecerse y por esta razón, en este periodo se decidió dar vida al Consejo de Defensa Nacional (Codena), el cual ya fue creado en la década de los 90 pero hasta el momento no se le había dado la importancia necesaria, refirió el mandatario.
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Los operativos Veneratio, Joapy, Dakovo, Basalto entre otros que fueron llevados adelante durante este gobierno, son una muestra de los esfuerzos en conjunto, incluso con el Brasil y con agencias internacionales en luchar de forma determinada contra el crimen organizado y así garantizar la seguridad regional, expuso Peña.
“Demostró que el trabajo coordinado al interior del Paraguay, pero también con nuestros países vecinos, es indispensable”, refirió. El daño que genera el crimen organizado es gigantesco y por eso esta problemática debe ser abordada desde la mirada de la política pública, replicar acciones que ya fueron exitosas en otros países y no olvidar otros elementos fundamentales como la educación, prevención, salud, política penitenciaria y la justicia, explicó el presidente.
Propuesta de Paraguay
El tema de la seguridad fue incluido como uno de los temas de la Asamblea de la OEA como una propuesta de Paraguay, mencionó el mandatario, quien afirmó que este mismo debate será llevado a la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en el cual Paraguay hará entrega de la presidencia pro témpore a Uruguay.
“Vamos a hablar nuevamente de la importancia de mejorar nuestros mecanismos de articulación a nivel regional y por qué no, pensar a nivel continental”, sostuvo. También fueron parte de este conversatorio los ministros Rubén Ramírez y Enrique Riera, además del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Marqués y el gerente regional Sur de CAF, Jorge Srur.
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Los numerosos “narcovínculos” del gobierno de Mario Abdo
- Unidad de Investigación
- investigación@nacionmedia.com
Mientras pasa el tiempo, más son los vínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del crimen organizado. Pagos de coima, relaciones cuasifamiliares, favores y regalos de narcotraficantes y hasta filtraciones de informes que formaban parte de algunas de las investigaciones más importantes son tan solo algunos de los elementos de esta historia.
Bolígrafos costosos, préstamos de vehículos como parte de coimas, acuerdos por millonarios contratos con el Estado, relaciones familiares y filtraciones de datos sobre investigaciones. Mientras pasa el tiempo, cada vez son más los narcovínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del hampa.
MARITO, EL “JUDAS”
El primer gran escándalo del gobierno Abdo en relación con el narcotráfico comenzó en setiembre de 2018, cuando la operación Berilo 2.0 derivó en la detención del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Poco después de la detención, salieron a la luz fotografías de Cabaña junto al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En diciembre de ese año, el entonces abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, reveló que el imputado había financiado la campaña proselitista del exmandatario.
En mayo de 2019, Cucho dijo sentirse “defraudado” y traicionado. Dijo que había varios Judas, aunque no quiso dar nombres. Sin embargo, fue el propio Marinoni quien dijo que su cliente se refería con el personaje “Judas” al propio presidente Abdo Benítez.
LOS SUPERPODERES A GIUZZIO
Las acciones que terminaron favoreciendo a personas salpicadas por vínculos con el hampa se iniciaron el mismo día que asumió Mario Abdo. El mismo 15 de agosto de 2018, el recién llegado a Palacio de López firmó un decreto por el cual dejaba sin efecto un decreto del expresidente Horacio Cartes, volviendo a otorgar al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) potestad discrecional para mover cargos dentro de la institución.
Con esto, Arnaldo Giuzzio terminaría poniendo en puestos clave a personas que resultaron ser funcionales a grupos del crimen organizado. Pero, amable lector, tenga usted paciencia que ya llegaremos a esa parte de la historia.
UN BOLÍGRAFO Y UN VICEMINISTRO
En enero de 2020, el entonces viceministro de Política Criminal, el exfiscal Hugo Volpe, tuvo que renunciar al cargo luego de que saltara que estaba siendo investigado por autoridades brasileñas por la supuesta recepción de una coima por parte del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
Uno de los fiscales que quedó a cargo de la investigación en Paraguay confirmó que, de las diligencias realizadas en la causa, se pudo constatar que el abogado Edson Francisco Sánchez Benítez fue en representación de María Alciris, que es esposa de Minotauro, hasta la Unidad de Narcotráfico, en dos ocasiones, y que entregó un bolígrafo valuado en unos USD 900, al entonces fiscal Volpe, en junio de 2019.
En noviembre de 2019, Volpe había sido llevado al cargo de viceministro de Política Criminal por la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien es actualmente abogada de Mario Abdo.
OTRO CASO DE SUPUESTA COIMA
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero junto con su amigo Alberto “Beto” Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza Py.
De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Beto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional.
GIUZZIO, PARTE I
El caso del exministro del Interior y la Senad del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, es una representación vívida de los cercanos vínculos de la administración con el crimen organizado. Procesado por supuestas coimas de un capo narco, su gestión fue salpicada por filtraciones a otro jefe mafioso y también resulta tener una cercana vinculación con un tercer líder del hampa.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que prestó una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
GIUZZIO, PARTE II: LAS FILTRACIONES
El memorándum 407/2023 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmó la presencia de equipos de espionaje que ingresaron al país de contrabando y que estaban bajo la custodia de la institución antinarcóticos. Estos equipos de alta tecnología fueron encontrados en la Dirección de Inteligencia de la Senad, dirigida por Mauro Ruiz Díaz, apodado Topo Mayor, quien supuestamente filtraba información a Miguel “Tío Rico” Insfrán, según la investigación del fiscal Deny Yoon Pak en el caso A Ultranza Py.
La adquisición de estos equipos, que incluyen el avanzado software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), no fue documentada adecuadamente. FinFisher, desarrollado por Gamma Group, está diseñado para agencias de seguridad y gobiernos para realizar actividades de vigilancia y espionaje. Sus características principales incluyen la interceptación de comunicaciones, la captura de correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, así como el acceso y control remoto de dispositivos.
UN VÍNCULO CASI FAMILIAR
Como si todo esto no fuera suficiente, todavía queda otro vínculo de cercanía con Alberto Koube Ayala, considerado como uno de los jefes del esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al uruguayo prófugo Sebastián Marset.
Gianluca Giuzzio, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo e hijo del exministro abdista, está casado desde 2021 con Katherine Himmerlich.
Katherine es sobrina de Jorge Himmerlich y nieta de Noemí Koube, propietarios de la firma Europrint SA, investigada en 2014 por la evasión de más de G. 5.500 millones en impuestos.
Noemí es hermana del papá de Alberto y Fátima Koube Ayala y estos dos últimos son tíos de Katherine. Lo que convierte al exministro Giuzzio en familiar político de los procesados por el conocido como el mayor esquema de narcotráfico y lavado de dinero alguna vez detectado en Paraguay.
ZULLY Y SU CONVENIO CON UN NARCO
A finales de 2021, plena etapa de investigaciones de lo que sería el gran operativo antinarco A Ultranza Py a inicios de 2022, la ministra de la Senad estaba firmando un convenio de “varios programas de prevención de consumo de drogas” con la Cooperativa San Cristóbal, según difundió en ese momento la institución.
El acuerdo sería normal si el titular de la mencionada cooperativa en ese entonces no fuera uno de los objetivos de A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra “coincidencia” más de los vínculos del gobierno de Abdo Benítez con el mundo narco y el argumento de siempre de nunca estar enterados de quiénes son sus aliados. Así pasó con Giuzzio y Vinicius, el exministro también dijo no saber que la persona con quien chateaba continuamente y en horas de la noche era uno de los sindicados narcos más buscados por el Brasil.
Mientras las cabezas de los organismos de seguridad alegaban desconocimiento, la logística del crimen organizado hacía aguas las instituciones del Estado y el negocio del narcotráfico gozaba prosperidad.